Es considerada clave para informar a los consumidores, preservar mercados externos y limitar la invasión de la flota china. El gobierno afirma que ya hay un sistema eficaz, las empresas temen excesos burocráticos y el kirchnerismo resiste una ley sobre el tema
Los escualos están mucho más en riesgo respecto de los humanos. Un paper del Centro del Estudio de Sistemas Marinos y del Centro Nacional Patagónico (Cesimar-Cenpat), del Conicet, advirtió que la caída de la población de tiburones en el Mar Argentino alcanzó niveles críticos. En los últimos 30 años, estimó, la población de 4 tipos comunes (escalandrun, cazón, bacota y gatopardo) cayó desde 90% en el primer caso hasta 60% en el último. “Los tiburones son predadores al tope de la cadena trófica marina, por lo que son fundamentales para mantener el equilibrio”, dice el estudio.

Según un trabajo de investigadores locales publicado en la revista científica Fisheries Research, la causa de esta caída es que especies cartilaginosas como el tiburón y la raya están entre las más usadas para aparecer como filetes etiquetados como atún (la especie más reemplazada), lenguado, abadejo, chernia, brótola o besugo.

Otro estudio, liderado por Gabriela Delpiani, del Grupo Biotaxonomía Morfológica y Molecular de Peces (Bimope) del Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata, en CABA, Rosario, Córdoba, La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata, halló que 36% de los filetes comercializados estaban mal etiquetados y que de ese 36%, en 70% de los casos las especies usadas para sustituir a las más comerciales eran tiburones y rayas.

Tales algunos datos y estudios citados por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA), impulsor de una ley cuyo tratamiento se frustró el 11 de octubre pasado, cuando –en la sesión en que se aprobaron los cambios a la ley de Alquileres y se convirtió en ley el “Compre sin IVA”- 30 diputados del Frente de Todos (ahora Unión por la Patria) se levantaron de sus bancas e impidieron tratar el proyecto de ley de “trazabilidad de la pesca y la acuicultura” impulsado inicialmente por Carlos Selva (FDT, Buenos Aires) aunado con otro de Fabio Quetglas y Ximena García, de Juntos por el Cambio, que tenía dictamen favorable de la Comisión de Intereses Marítimos y un inusual consenso multipartidario: el pedido de tratamiento incluyó también a Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica, y Graciela Camaño, de “Identidad Bonaerense”.

Sin quórum

“Parte de la bancada del Frente de Todos deja sin quórum la sesión para tratar la ley de trazabilidad de la pesca que permite combatir la pesca ilegal y no reglamentada, especialmente de China, dar transparencia al sector y evitar el fraude de los productos de pesca”, posteó en la red X (ex Twitter) el CPA. “¿Habrá sido un llamado de la Milla 201″, chuceó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, en referencia al accionar de las flotas extranjeras (en especial, china) que pescan al borde (y a veces adentro) de la Zona Económica Exclusiva y depredan el “Mar Argentino”.

En la sesión del 11 de octubre, el diputado Selva (FDT) y las diputadas Zuvic (CC) y Camaño (Identidad Bonaerense) habían logrado introducir el tratamiento del proyecto de Trazabilidad, pero llegado el momento 30 diputados kirchneristas dejaron sus bancas y la dejaron sin quórum

“La sustitución de especies y el etiquetado incorrecto pueden usarse para llevar el pescado capturado ilegalmente al mercado. Por otro lado, las especies usadas para sustituir a las tradicionalmente comercializables, grupalmente conocidas como condrictios (tiburones, rayas y quimeras) son uno de los grupos de vertebrados más amenazados de extinción a nivel mundial”, cita un documento del CPA.

“Cerca de un cuarto de las poco más de 1.200 especies está categorizado como amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y una de sus más grandes amenazas es la pesca. Los condrictios son especies de crecimiento lento, reproducción tardía, alta longevidad y largos ciclos reproductivos, lo que los hace más vulnerables a la sobreexplotación”.

¿Cuál es el problema más importante de la pesca argentina que se corregiría con la ley de trazabilidad?, le preguntó Infobae a María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.

“La trazabilidad permite diferenciar la procedencia de productos en los mercados internacionales” (María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales)

“La trazabilidad es una herramienta para diferenciar la pesca argentina que se realiza de forma legal dentro de la milla 200 de la que realizan las flotas de aguas distantes, mayormente chinas, al borde exterior de la milla 200, de forma no reglamentada, o que incursionan ilegalmente en la zona económica exclusiva. Permite diferenciar la procedencia de productos en los mercados internacionales. La Argentina exporta más del 90% de sus capturas marinas. Los mercados cada vez más regulados han comenzado a exigir que los productos que importan sean trazables. Además, la ley permitiría garantizar la inocuidad de los productos de mar durante toda la cadena y evitar el fraude o la sustitución de especies por especies de menor valor comercial y que muchas veces están en peligro de extinción”, respondió Testa.


“Uno de los principios clave de la trazabilidad es la transparencia del proceso y el acceso a datos clave a través de toda la cadena de suministro. Quien se opone a que esta ley salga es principalmente la Subsecretaría de Pesca, que viene intentando frenar la sanción de la ley desde hace años”, agregó.

Reticencia

Según Testa, “la principal reticencia de la subsecretaria es a compartir datos con otros organismos que deben controlar varios eslabones de la cadena, como Senasa, Aduana y AFIP. Deberíamos ver, además, qué relación tiene esto con China, que está adquiriendo empresas pesqueras argentinas para poder pescar (legalmente) dentro de la Milla 200″.

Descripción de la situación en la "Milla 201", de una presentación ante el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI)
Ante la consulta de Infobae, el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, el santacruceño Carlos Liberman, remitió la cuestión a Julián Suárez, director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, que defendió el sistema de trazabilidad instituido por el gobierno en diciembre de 2022, por la “Disposición 26″, tras un proceso de consultas con la industria y las 5 provincias con litoral marítimo (Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Se trata de un mecanismo de “talante federal”, dijo Suárez, y conformó un “sistema de información federal”.

La disposición “puso en vigencia un sistema de trazabilidad” que abarca a las plantas de procesamiento, de rol “preponderante” porque aceptan o rechazan lo que les ofrecen las empresas pesqueras, procesan lo aceptado e incluso, destacó Suárez, se sumaron a un “registro de cuantificación de desechos” con los que, por caso, se produce harina de pescado, que en buena parte se exporta a Chile para en la acuicultura de salmones del país trasandino.

“Hasta el plato”

“El registro permite conocer lo que ocurre con los peces desde el mar hasta el plato y también garantiza la trazabilidad del 93 a 97% de las 800.000 toneladas de pescado que se descargan anualmente en puertos argentinos con destino a exportación”, agregó Suárez, quien enfatizó que la Argentina fue el primer país sudamericano en certificar trazabilidad de modo digital, lo que exime a los exportadores argentinos del Certificado de Acreditación de Origen Legal (CAOL), ante la Unión Europea, Japón y Chile.

“No es necesaria una nueva ley ni crear un régimen sancionatorio; ¿para qué trabajar en algo que ya existe, funciona, tiene el apoyo del sector privado y los sindicatos y es reconocido mundialmente” (Julián Suárez, Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera)

“La ley Federal de Pesca establece que es facultad de la autoridad de aplicación administrar y regular toda la cadena de valor pesquera y avanzamos en forma contundente en la materia, con administración 100% digital e instrumentando ‘partes de pesca’ electrónicos por especie, lo que mejora el registro de datos. No es necesaria una nueva ley ni crear un régimen sancionatorio”, argumentó Suárez. “¿Para qué trabajar en algo que ya existe y funciona y tiene el apoyo del sector privado y los sindicatos y es reconocido mundialmente’”, planteó.

Infobae