Danilo Hernández Otaño, Secretario de Prensa del Sindicato de Guardaparques Nacionales explicó que cuando se visita un área protegida se expone voluntariamente a distintos riesgos que no pueden ser suprimidos sin alterar gravemente la integridad del ecosistema que la ley manda a proteger.
Guardaparque
El Tribunal Oral Federal de Neuquén resolvió este martes absolver a los cuatro guardaparques procesados por la caída de un árbol que causó la muerte de dos chicos en el Parque Nacional Lanín en el 2016. En sus fundamentos, el tribunal advirtió que no existió impericia ni negligencia.
El juicio oral había comenzado el 30 de octubre y se extendió hasta el jueves pasado, cuando se escucharon los alegatos finales. El fiscal general Miguel Palazzani había solicitado una pena de tres años de prisión y cinco de inhabilitación para los cuatro guardaparques imputados.
El caso Lolén sucedió en el camping de ese nombre. El primer día del 2016, cuando un roble pellín cayó hacia la playa del lago Lácar y aplastó a Matías Mercanti, de 7 años, y Martina Sepúlveda, de 3, mientras que causó heridas a dos adultos que estaban allí pasando Año Nuevo.
El Guardaparque Danilo Hernández Otaño, Secretario de Prensa del Sindicato de Guardaparques Nacionales dialogó con Micrófono Abierto acerca de la sentencia que se emitió el martes y que considera apropiada, “teniendo en cuenta el marco de una desgracia que cobró la vida de dos chicos”.
Hernández Otaño planteó que se sienten tranquilos no solamente por la libertad y el buen vivir de los 4 guardaparques a partir de esta resolución de la justicia, “sino de la forma en que podemos pensar seguir trabajando de aquí en adelante en todas las áreas protegidas, en reservas, tanto nacionales, municipales, provinciales, en Argentina y en Latinoamérica”.
El vocero del Sindicato de Guardaparques comentó a LV16 que han recibido muestras de apoyo y solidaridad de parques de otros países de Latinoamérica que estaban expectantes ante el resultado de este juicio, porque en distintos países se ofrece a la ciudadanía, la posibilidad de visitar entornos agrestes, naturales, salvajes.
Hernández Otaño planteó que “hacer responsable penalmente a quienes trabajan en los parques de un evento natural impredecible y totalmente fuera de nuestro control, condicionaba la posibilidad de seguir visitando estos maravillosos paisajes”.
Esta decisión jurídica ayuda, según el vocero de los guardaparques, a que estos trabajadores no sientan “la espada de Damocles sobre la cabeza” porque cualquier cosa que hagan implica una exposición, “todo lo que hagas te expone, porque hagas o no hagas, es tu responsabilidad y sobre todo respondiendo con tu libertad, con tus bienes personales, es realmente muy complicado y además desalienta a los futuros guardaparques, a las personas que quieran trabajar en la conservación y hace que muchos se replanteen si vale la pena trabajar en esto, porque si el nivel de exposición y de vulnerabilidad jurídica será tan grande, sencillamente no hay sueldo que te lo garpe”.
Todo este proceso que duró 8 años en la justicia, generó transformaciones dentro de los parques nacionales en cuanto al nivel de comunicación de estos riesgos naturales que están presentes en los parques hacia el visitante.
“Si bien había, antes del 2016, ocho años después hay una profusión de cartelería casi al nivel de ser invasiva y de contaminación visual, pero no alcanzan los esfuerzos para que la gente tome conciencia de que cuando visita un área protegida se expone voluntariamente a estos riesgos que no pueden ser suprimidos sin alterar gravemente la integridad del ecosistema que la ley nos manda a proteger”.
Hernández Otaño remarcó que la gente tenga presente que cuando toma una decisión de elegir un lugar es importante aceptar los riesgos que existen en estas áreas y que son poco evitables.