Horas después de que la Justicia ordenara su detención, el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau se entregó este sábado en una comisaría de La Plata. Así lo confirmaron fuentes judiciales a Infobae. Según detallaron, el acusado se presentó espontáneamente en la comisaría 2da de la ciudad y se puso a disposición del juez. En tanto, la defensa presentó una nueva apelación. “Ya pedimos la excarcelación ordinaria y extraordinaria por motivos de salud de su esposa”, remarcaron a este medio.


Rigau había sido detenido a principios de septiembre luego de haber sido encontrado in fraganti mientras sacaba dinero de un cajero automático con 48 tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense. Estaba imputado por defraudaciones reiteradas, pero fue liberado en tiempo récord menos de 10 días después tras un escandaloso fallo dictado por la Cámara de Apelaciones platense.

No obstante, este viernes volvieron a solicitar su captura y era buscado intensamente por la policía. “Con el fallo de Casación del jueves recobró vigencia la orden de detención”, explicó a este medio una fuente judicial al respecto. En tanto, fuentes policiales habían confirmado que la orden de captura se emitió luego de que no fuera encontrado en su domicilio.

La situación es una consecuencia directa de la decisión de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires que revocó la resolución que había anulado la investigación sobre “Chocolate” por considerar que estaba mal hecha su detención. El tribunal, con la firma de los jueces María Florencia Budiño y Fernando Luis Mancini, hizo lugar a los recursos presentados por el fiscal general de La Plata y por Poder Ciudadano y dejó sin efecto el fallo, al que cuestionó en duros términos.

El jueves los abogados de Rigau presentaron un pedido de eximición de prisión, que fue rechazado por el juez Guillermo Atencio. “Analizados los hechos en el marco de la sana crítica, esto es, interpretados del modo en que normalmente suceden, la significativa cantidad de tarjetas utilizadas y el alto monto de dinero que con ellas fuera extraído, no pudo escapar -cuando menos- del conocimiento de la superioridad jerárquica del organismo en el que el prevenido presta servicios, lo que posibilitaría además que, con el devenir de la pesquisa, se llegara a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”, dice la resolución a la que tuvo acceso este medio.

En paralelo, la Sala II de la Cámara de Casación reclamó que Rigau sea notificado, de manera personal, de la resolución que reabrió la investigación, lo que fue ordenado por el juez Atencio ante la Policía Bonaerense.

La resolución de Casación cuestionó en duros términos que la Cámara haya anulado la investigación a raíz de un habeas corpus, sin pasar por la fiscal y el juez de la causa. “La Cámara actuó por fuera de su jurisdicción en tanto según la legislación procesal vigente, la orden de detención dictada por el juez competente no resulta impugnable por vía de habeas corpus en razón del veto producido, en el art. 405, segundo párrafo del ritual, por el decreto de promulgación 2749/04 (con respecto a la ley 13.252), con lo cual se concluye que contra tal acto jurisdiccional no resulta posible interponer una acción de hábeas corpus”, sostuvo en su voto la jueza Budiño, al que adhirió su colega Mancini.

Hace dos semanas, la Sala III de la Cámara de Apelaciones había planteado la nulidad de la detención de Rigau para voltear toda la investigación. “La actuación del personal policial que requisó sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en el estado de sospecha razonada o causa probable”, habían dicho los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, que terminaron denunciados por los dirigentes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, Javier Iguacel, y María Eugenia Talerico ante la Corte bonaerense.

Aunque estaba pendiente una definición, hace una semana la fiscal Betina Lacki reabrió la investigación de hecho y pidió una batería de medidas de prueba, entre las que se destacaba el peritaje del teléfono celular del puntero del PJ. La definición sobre este tema está en manos de los jueces de la Sala III luego de que el juez Guillermo Atencio hizo lugar a un planteo de los abogados de Rigau.

La fiscal también ordenó que sigan declarando los dueños de las 48 tarjetas de débito que tenía el puntero del PJ. Cuando se detuvo la causa, ya habían declarado 16 de esas personas. Las testimoniales se retomarán el 18 de octubre y hay audiencias previstas hasta el 13 de noviembre.


Infobae