El expresidente Donald Trump ha comparecido este lunes ante un tribunal de Manhattan (Nueva York) por un juicio civil por fraude. La primera vista del caso —iniciado en septiembre de 2022 por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra el magnate, dos de sus hijos mayores, Donald Jr. y Eric, y varios ejecutivos de la organización— ha arrancado puntualmente a las diez de la mañana, hora local (seis horas más en la España peninsular), tras la llegada media hora antes del expresidente en medio de un gran despliegue de seguridad y el habitual enjambre de cámaras. Trump llegó al tribunal acompañado por sus dos hijos y varios socios en los negocios. “Esta es una continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos”, ha declarado el político antes de entrar en la sala. “Tenemos una gran compañía. Yo construí una gran compañía, es tremenda... Tiene algunos de los mayores activos inmobiliarios del mundo. Y ahora tengo que presentarme ante un juez sin escrúpulos”, añadió.

La semana pasada, ese juez que instruye el caso, Arthur Engoron, dictaminó de forma provisional que el expresidente es responsable de fraude por inflar el valor de sus propiedades en sus declaraciones durante una década para engañar a bancos, aseguradoras y otras entidades y conseguir beneficios. La fiscal James, una demócrata a la que el exmandatario acusa de caza de brujas política, reclamará 250 millones de dólares [unos 238 millones de euros] por daños y perjuicios, y propondrá prohibir a los Trump ejercer como directivos en Nueva York, así como que la compañía, la denominada Organización Trump, opere durante cinco años. No está previsto que Trump testifique hasta dentro de varias semanas, y el juicio se prolongará como mínimo hasta las próximas navidades. Su comparecencia voluntaria de este lunes, no obstante, constituye un cambio radical con respecto a citaciones anteriores, a las que se negó a asistir.

Aunque se trata de un proceso civil (sin riesgo de penas de cárcel si fuera declarado culpable) y la sanción que pide la Fiscalía sea asumible para su bolsillo, el alcance de las medidas que imponga el juez Engoron socava gravemente la reputación como empresario de Trump, que alardeó de su figura de hombre hecho a sí mismo como base de su carrera política.

Engoron podría retirarle el control de importantes activos de la organización, empezando por la simbólica Torre Trump, en el corazón de Manhattan, desde la que el republicano arrancó su carrera política con la imagen cinematográfica del éxito: bajando junto con su esposa Melania las escaleras mecánicas a la entrada del edificio, un derroche de cromados, dorados y mármol en cuyos tres pisos superiores radica la vivienda familiar (el tríplex también se incluiría en la sanción). Además, Trump podría quedarse sin un edificio de oficinas de Wall Street, campos de golf y una finca en el campo. La causa solo afecta a un puñado de las aproximadamente 500 entidades de la cartera de Trump, pero son algunas de las más relevantes.

El juicio, por tanto, escrutará sus prácticas empresariales, y algo mucho más esencial en un país que castiga especialmente la deshonestidad: si la fortuna que Trump se precia de haber adquirido a golpe de tesón y ambición no se levanta en realidad sobre el pecado original de la mentira. Aunque de cara a su hipotética reelección como presidente en 2024 ―es el candidato republicano favorito―, este caso civil no tiene la relevancia política de algunas de las cuatro imputaciones que pesan sobre él (como las de la injerencia electoral en Georgia o los papeles de Mar-a-Lago), la posibilidad de perder el control de la Torre Trump y las otras propiedades ha enfurecido al candidato republicano. Trump rechaza malas prácticas y sostiene que James y Engoron están infravalorando activos como la residencia de Mar-a-Lago, en Florida, además de tildar la causa de “farsa”. Sus abogados aseguran también que lo que figura en sus declaraciones no importa, porque estas incluyen una cláusula de exención de responsabilidad que dice que no son fiables al 100%. Uno de ellos, Christopher Kise, ha insistido este lunes en que las declaraciones financieras son “totalmente legales”. “[La Organización Trump] es una de las marcas de mayor éxito en el mundo, y ha hecho una fortuna acertando literalmente en inversiones inmobiliarias. No hubo intención de defraudar, no hubo ilegalidad, no hubo impago, no hubo incumplimiento, no hubo beneficios injustos y no hubo víctimas”, ha subrayado Kise ante el juez.

En mensajes publicados durante la noche en su red Truth Social, Trump recalcaba que acude a los tribunales “para luchar” por su “nombre y reputación”, y pedía a James y Engoron que dimitan.

El expresidente construyó su carrera política sobre su crédito como multimillonario y maestro en la negociación, una baza que explotó en su libro El arte del trato, de 1987: la obra que, en parte memorias y en parte manual de consejos empresariales, impulsó su marca personal ―su nombre― y que posteriormente aquilataron otras iniciativas de marketing y visibilidad como el programa de telerrealidad El aprendiz, su definitivo trampolín a la política en 2016.

Entre los llamados a declarar durante el proceso, además de sus dos hijos varones mayores, varios ejecutivos de la firma y Michael Cohen, su antiguo hombre de confianza reconvertido en enemigo, figura también Allen Weisselberg, que fuera director financiero de la Organización Trump durante décadas, y que se declaró culpable de fraude fiscal para evitar que el delito salpicara a su jefe. Fue condenado a cinco meses de cárcel en enero pasado. La Organización Trump fue declarada culpable del mismo cargo en diciembre, y condenada un mes después a pagar una sanción de 1,6 millones de dólares.

El país