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13/06/2023 08:46 hs

Despidieron a la azafata acusada de realizar una amenaza de bomba

Argentina - 13/06/2023 08:46 hs
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Se estima que la compañía perdió alrededor de un millón de dólares con la demora del vuelo.

La azafata Daniela Carbone, que demoró un avión al realizar una amenaza de bomba, fue despedida por Aerolíneas Argentinas, por haber corroborado su participación directa en los hechos, que derivaron en serios perjuicios económicos para la empresa, según informaron a Télam fuentes de la compañía. Actualmente la mujer continúa detenida a disposición del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.

De acuerdo con las fuentes, los directivos de la línea de bandera tomaron la decisión de un “despido con causa”, luego de ser parte querellante en la causa que el juez Villena le sigue a la tripulante de cabina por “Intimidación Pública y Entorpecimiento de Servicios Públicos”.

De acuerdo con las fuentes, los directivos de la línea de bandera tomaron la decisión de un “despido con causa”, luego de ser parte querellante en la causa que el juez Villena le sigue a la tripulante de cabina por “Intimidación Pública y Entorpecimiento de Servicios Públicos”. 

Carbone había realizado la amenaza de bomba al vuelo AR1302, el 21 de mayo pasado, poco antes de que la aeronave despegara hacia Miami, a las 7.35 con 270 pasajeros a bordo, mediante un audio dirigido al comandante del vuelo, a otros tripulantes e incluso a personal de tierra de la compañía. 

“Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos”, fue el mensaje que, con voz distorsionada, llegó a sus ahora excompañeros, lo que motivó de inmediato el despliegue del protocolo de seguridad por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El avión debió demorar por siete horas su partida, los pasajeros fueron desembarcados y recién pudieron concretar el vuelo cuando se determinó que todo no era más que una falsa alarma, pero debido al operativo y la demora, Aerolíneas perdió una cifra de alrededor de un millón de dólares. 

Al tomar intervención el juez Villena y el fiscal Sergio Mola, se inició una investigación que estableció, en primer lugar, que la llamada se había realizado desde un celular que pertenecía a la hija de Carbone y a partir de ahí se fueron reuniendo pruebas “irrefutables”, según confiaron fuentes judiciales, que derivaron en la detención de la mujer en el aeropuerto de Ezeiza, cuando retornaban, justamente desde Miami.

Aerolíneas se constituyó en querellante en la causa y, luego de tomar conocimiento de los pormenores de la misma resolvieron el despido de la ahora exazafata. 

“La empresa ha corroborado con creces su participación directa/indirectamente (involucrando a su hija en ello) en la referida amenaza de bomba, la cual causó severos perjuicios económicos y reputacionales a la empresa, además del mal momento que le hizo pasar a pasajeros y a la tripulación presente (causándole también daños por pérdidas de combinaciones o por las demoras ocasionadas)”, indica una parte del telegrama que fuentes de la empresa hicieron llegar a Télam. 

Agrega que “todo lo expuesto se ve a todas luces agravado por el hecho de que es una persona con su antigüedad en la empresa (24 años), que fue instructora de vuelo por más de 14 años (entre años 2004 y septiembre del 2018) y conocía todos y cada uno de los protocolos correspondientes para el caso de amenaza de bomba (más aún atento que justamente usted instruyó al personal de la empresa sobre los mismos y sobre lo que se debe hacer si cualquier persona -pasajero o parte de la tripulación- menciona la palabra “bomba”) y sabía perfectamente los daños que el mensaje de audio enviado le iba a generar a la empresa“.

Aerolíneas tomó la decisión bajo la Ley de Contrato de Trabajo (art. 242 y 243), que prevé el despido justificado con causa, por graves violaciones al Código de Ética empresarial y a los artículos 62, 63, 84 y 86.

Carbone aguarda ahora un pedido de prisión domiciliaria solicitado por su abogado, que dependerá de un informe socioambiental que deberá realizarse y que tuvo opinión favorable por parte del fiscal Mola. 


Fuente: Télam.
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