¿Fue una venganza por despecho? Las sospechas comienzan a crecer en la investigación que busca determinar por qué una azafata amenazó con la existencia de una bomba que iba a explotar en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que estaba por salir rumbo a Miami y provocó pérdidas millonarias. Hoy, la mujer en cuestión deberá presentarse ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, para declarar en indagatoria. Allí conocerá la cantidad de pruebas que la comprometen, indicaron fuentes del caso.

La mujer Daniela Carbone tiene unos 25 años trabajando en la empresa. Incluso fue instructora en la escuela de azafatas. “Nadie entiende lo que pasó. No es normal lo que hizo”, comentaron las fuentes consultadas. Según cuentan en el mundo aeroportuario, la acusada estuvo cinco años de novia con el azafato que iba en el vuelo amenazado. El hombre la había dejado hace poco. Una versión dice que estaba viéndose con otra empleada o que iba a encontrarse con su nueva pareja en Miami. Lo cierto es que la mujer tomó el teléfono de su hija, le puso un chip prepago y llamó para hacer la amenaza.

Todo sucedió el domingo 21 a la mañana, en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando se preparaba la partida a las 7:35 del vuelo “AR1304 Ezeiza-Miami” que llevaba a 270 pasajeros y 12 tripulantes. “Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos”, decía voz que resultó distorsionada del otro lado del teléfono.

De inmediato, se activó el operativo de protocolo de seguridad para controlar que no hubiera explosivos. Como consecuencia de la amenaza, el avión postergó siete horas su partida, una complicación que a la empresa estatal le costó una cifra que rondó el millón de dólares.


El juez Villena y el fiscal Sergio Mola comenzaron a trabajar de inmediato junto al personal de la división Antiterrorismo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La causa quedó bajo secreto de sumario para llevar adelante distintas diligencias. Por estas horas, el juzgado interrogó a la tripulación, escuchó al piloto y ordenó el análisis de las comunicaciones.

Y hubo un detalle que a los investigadores les llamó la atención. Todo el tiempo hay amenazas en el aeropuerto, pero el teléfono al que se había hecho la de este día no era un número fácil de conseguir. Otro indicio que le permitió a los detectives orientarse fueron las formas. “Se notaba que era una persona que conocía la actividad aeroportuaria”, precisó una fuente consultada por Infobae.

Federico Villena, el juez del caso de la azafata de Aerolíneas Argentinas

El piloto es el hijo de Jorge Alberto Pérez Tamayo, quien estuvo al frente del sindicato de pilotos (APLA), pero no estaba participando de actividad política sindical. La advertencia sobre “que se deje de joder con la política” permitió pensar en un conocimiento del mundo interno de los ocupantes de la tripulación y no ya de los pasajeros. En otro de los mensajes, la mujer advertía que conocía el colegio donde iban los hijos del piloto, por eso la figura de coacción agravada.

Las sospechas, sin embargo, apuntan a que poner en foco al piloto fue una estrategia de la acusada para encubrir la razón del verdadero destinatario del mensaje. “Así como distorsionó la voz, también apuntó hacia otro. Buscó confundir”, trascendió.
Los investigadores se centraron en la mujer a 48 horas de iniciada la causa. Pero necesitaban recolectar pruebas y confirmar las sospechas. La llamada salió del teléfono de su hija, con un chip prepago. En ese contexto, el expediente se encausó bajo secreto de sumario hasta que se dispuso la detención. La mujer fue apresada al arribar al país en su último vuelo. “La estaban esperando”, señalaron las fuentes.

Este martes, el juez levantó el secreto de sumario. La acusada tendrá la oportunidad de dar su versión cuando le exhiban las pruebas en su contra.