No ha pasado ni una semana desde su toma de posesión para que Luiz Inácio da Silva, en su nuevo papel de presidente, aunque en su tercer mandato, se haya visto desbordado por los acontecimientos. Desde las contradictorias declaraciones de algunos de sus ministros, como el de Economía, hasta las repercusiones en los mercados financieros, esta primera semana de investidura ha sido un torbellino de emociones y reacciones.

Que las turbulencias sacudirían esta semana el arranque del gobierno ya quedó claro en el primer discurso de Lula ante el Congreso durante la ceremonia de investidura. “El techo de gasto es una estupidez”, había atronado, y luego sacó a relucir la historia de la supuesta “destrucción de las empresas estatales y los bancos públicos” por parte de Bolsonaro sólo para justificar su proyecto político de impedir la prevista privatización de ocho empresas estatales. Entre ellas, la petrolera nacional Petrobras que entre 2019 y 2022 había inyectado en las arcas del gobierno, su principal accionista, 447 mil millones de reales, es decir 82.000 millones de dólares.

En esta primera semana, en fin, ya parece mostrarse a grandes rasgos el programa de gobierno -y in nuce también sus potenciales problemas- que Lula en la campaña electoral se había negado a detallar, especialmente en la parte económica, pidiendo a sus electores un acto de fe. “La garantía soy yo”, había dicho en repetidas ocasiones. Hasta ahora, sin embargo, como señala un editorial del diario Estado de São Paulo, entre sus recientes declaraciones y las de algunos de sus ministros emerge el hecho de que se están desempolvando anticuadas ideas del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula sobre la economía que en el último mandato de Dilma Rousseff (2014-2016) vieron su fracaso, sumiendo al país en una terrible recesión que llevó al impeachment en 2016 de la propia presidenta. Se trata de una mayor intervención del Estado en la economía, una alteración de las reformas que habían funcionado, como la reforma laboral, un desprecio del techo de gasto con la promesa de un nuevo mecanismo fiscal todavía indefinido, y políticas contra la inflación poco claras.

Tanto el ministro de Economía, Fernando Haddad, como el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, afirmaron en sus primeras declaraciones “que Brasil vive una situación anómala” en relación con la tasa de interés decidido por el Banco Central y que “intereses elevados no son buenos para nadie”. Estas declaraciones podrían anticipar, según los analistas, tensiones con el Banco Central, que se independizó en 2019 y está presidido por Roberto Campos Neto, respetado internacionalmente por subir la tasa de interés entre los primeros del mundo, lo que permitió a Brasil tener en el último año una inflación más baja que la de Estados Unidos y de la Unión Europea.


Ya en las primeras 48 horas después de su investidura Lula firmó medio centenar de decretos y quince medidas revocatorias de la era Bolsonaro. Algunas son muy importantes y necesarias, como la revocación de los decretos de Bolsonaro que liberalizaron el uso civil de armas durante su mandato. En los últimos tres años, según estimaciones del Instituto Sou da Paz, las armas registradas en Brasil se han triplicado, pasando de unas 351.000 en el diciembre de 2018 a más de un millón hoy, con 994 millones de cartuchos vendidos. Además, también han aumentado los clubes de tiro. El desafío para el nuevo gobierno será sustituir la justicia por mano propia con un programa de seguridad nacional capaz de reducir la violencia cotidiana que sufren los ciudadanos y de contener el creciente poder del crimen organizado.

También fue importante el restablecimiento del Fondo Amazonia, que permitirá liberar más de 3.000 millones de reales (574 millones de dólares) recibidos de donaciones internacionales para combatir la deforestación del pulmón verde del planeta. El fondo existe desde hace 14 años, pero no ha sido utilizado por el gobierno de Bolsonaro debido a desacuerdos políticos con países donantes como Noruega y Alemania. Lula también firmó un despacho para que se evalúe en los próximos 30 días la posibilidad de revisar el sigilo de 100 años que que Bolsonaro impuso a documentos que implican a su familia.

Otras medidas firmadas por Lula generaron en cambio polémica, como la exención de impuestos a la gasolina que el ministro de Economía, Fernando Haddad, había declarado que no entraría en vigor. El baile de declaraciones de algunos de los 37 ministros que, como Haddad, han tomado posesión oficial en los últimos días y que han sido puntualmente desmentidas por el presidente o por el hombre fuerte de su gobierno, el ministro de la Casa Civil Rui Costa, ha sido motivo de gran polémica. El caso más llamativo fue el del nuevo Ministro de Seguridad Social, Carlos Lupi, que declaró en su discurso de investidura que quería cambiar la reforma de las pensiones: “Debemos tener el coraje de cuestionarla”, dijo, añadiendo que “la seguridad social no es deficitaria”. Sin embargo, los datos dicen todo lo contrario. De noviembre de 2021 a noviembre de 2022, el sistema de pensiones registró un déficit de 262.000 millones de reales, es decir más de 50.000 millones de dólares.

También fue polémica la divergencia de opiniones entre el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, y el ministro de Defensa, José Múcio. Dino calificó de “incubadoras de terroristas” las concentraciones de los bolsonaristas en Brasilia, mientras que Múcio dijo que “si son pacíficas, son manifestaciones de democracia”.

Desde la elección de Lula, el 30 de octubre, la Bolsa ha reaccionado a este contradictorio escenario político con una caída del 5% y una pérdida de 300.000 millones de reales, es decir 58.000 millones de dólares en valor de mercado. No es casualidad, por tanto, que para frenar los daños el presidente convocó ayer la primera reunión ministerial con sus 37 ministros, a la que también asistió su esposa Rôsangela da Silva, más conocida como Janja. “No somos un gobierno de pensamiento único, sino de personas diferentes”, dijo Lula. “E incluso pensando diferente tendremos que hacer un esfuerzo para que en el proceso de reconstrucción del país nosotros pensamos igual”, agregó sin pero dar más detalles sobre cuál debería ser esa línea igualitaria de pensamiento gubernamental. La sensación es que, a pesar de las buenas palabras sobre el Congreso con el que Lula invitó todos sus ministros a tener “una relación armoniosa”, será él quién va a decidir, aconsejado por el núcleo duro del PT, como de hecho ha ocurrido hasta ahora. De sus ministros sí ha dicho que los tratará “como una madre trata a sus hijos”, apoyándoles y exigiéndoles “mucho trabajo”, pero sobre todo ha dejado claro que “quien haga algo mal será invitado a dejar el gobierno”. No pasó desapercibida la recomendación de Lula a sus ministros de eliminar la palabra “gastos” de sus declaraciones públicas y sustituirla por la palabra “inversión”, criticando una vez más el mecanismo de control de los gastos públicos, una de las piedras angulares de la Teoría Monetaria Moderna que apuesta por la expansión fiscal sin preocuparse por la inflación.


También no faltan piedras en el zapato que podrían convertirse en una roca para el nuevo gobierno en términos de imagen. Es el caso de la nueva ministra de Turismo, Daniela Carneiro, del partido Unión Brasil (UB) que, según revelaciones de la prensa, durante la campaña electoral contó, junto con su marido, Wagner Carneiro, alcalde de Belford Roxo, en el estado de Río de Janeiro, con el apoyo de unos milicianos entre los cuales un ex policía militar, Juracy Alves Prudêncio, conocido como Jura, detenido y condenado por asesinato y acusado de dirigir una milicia. Llama la atención que tanto el Planalto como Marcelo Freixo, actual director de la oficina de turismo brasileña Embratur, minimicen el caso. Freixo, ex diputado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) que ahora se ha pasado al PT, ha sido durante años un símbolo de la lucha contra las milicias vinculadas al bolsonarismo por las investigaciones judiciales y la prensa. Además fue él, en 2008, el relator de la Comisión de Investigación sobre las milicias en la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (Alerj). “Mi relación con Daniela Carneiro es muy reciente, pero muy buena y de gran diálogo”, declaró Freixo al diario O Globo. “Esto no cambia nada y de todas formas por lo que he leído el problema es más del municipio de Belford Roxo que de ella”.

Pero el bochorno para el nuevo gobierno no acaba allí. La organización anticorrupción Transparencia Internacional denunció en un extenso tuit “el silencio de Lula sobre la lucha contra la corrupción” y criticó el nombramiento de Waldez Góes, del partido Unión Brasil (UB), elegido por el presidente para ser el nuevo ministro de Integración. Góes fue condenado por malversación de fondos cuando era gobernador del estado de Amapá en 2019 por el Superior Tribunal de Justina (STJ), apeló pero el juicio está bloqueado. “El nombramiento de un ministro condenado enciende todas las alarmas”, reza el texto que agrega, “la sociedad y las instituciones deben impedir que un ministerio fundamental para el desarrollo de las regiones menos avanzadas del país sea utilizado como máquina de corrupción y feudalismo electoral.”

Infobae