La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió hoy a los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa que confirmen su sobreseimiento y los de sus hijos, Máximo y Florencia, por el caso Hotesur-Los Sauces, que fue cerrado sin juicio oral hace un año.

Mediante un escrito, antes de que comenzara la audiencia en la que podían expresarse las partes implicadas en la causa, la defensa de Cristina Kirchner refutó los argumentos del fiscal Villar, que habían sido expuestos ante los jueces hace dos semanas.

Ahora que ya se pronunciaron todas las partes -de manera oral o por escrito- y el fiscal, los jueces quedaron en condiciones de resolver si hacen lugar al planteo para reabrir el caso o si confirman el fallo del Tribunal Oral Federal 5, que dictó los sobreseimientos.

“No tiene ningún sentido llevar a cabo un juicio oral (máxime si su sustanciación puede insumir varios años) cuando a partir de los elementos incorporados al expediente los magistrados arriban a la convicción apodíctica de que los hechos denunciados no resultan típicos, antijurídicos, culpables ni/o punibles”, planteó la defensa de Cristina Kirchner. Y agregó: “En efecto, ¿de qué sirve llevar a cabo un debate oral, que conlleva un considerable desgaste jurisdiccional y la utilización de valiosos recursos, cuando el Tribunal ya tiene certeza sobre la inocencia de los imputados?”.

Los abogados también remarcaron que el fiscal ante el TOF 5, Diego Velasco, tuvo una “actuación contradictoria” al pedir la reapertura del caso. “En varias ocasiones solicitó y/o avaló el dictado de sobreseimientos sin llevar a cabo un juicio oral y, por el otro, en estas actuaciones asegura que nuestro ordenamiento procesal veda la posibilidad de arbitrar un temperamento conclusivo sin transitar la instancia de debate oral y público”, dijeron los defensores de la vicepresidenta.

Lázaro Báez. Archivo

---

Y se refirieron, entre otras cosas, a lo que denominaron “prueba nueva”, algo que fue refutado por el fiscal Villar. “Nos referimos a la ampliación del estudio pericial que se llevó a cabo en el marco de la causa Los Sauces, en el cual los expertos intervinientes afirmaron en forma unánime y categórica que todos los pagos realizados por Valle Mitre S.A., Inversora M&S S.A. y Alcalis de la Patagonia SAIC en favor de Los Sauces S.A., sin excepción alguna, estaban bancarizados y fueron efectuados mediante la entrega de cheques o a través de transferencias bancarias”. Uno de los puntos de la defensa fue que las operaciones comerciales entre los Kirchner y Báez sospechadas por la acusación no eran ilegales porque estaban bancarizadas.

Villar había refutado técnicamente los fundamentos que dieron los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg cuando decidieron, en mayoría, dictar los sobreseimientos. El fiscal cuestionó la aplicación del artículo 361 del Código Procesal Penal, que señala que “cuando por nuevas pruebas resulte evidente que el imputado obró en estado de inimputabilidad o exista o sobrevenga una causa extintiva de la acción penal y para comprobarla no sea necesario el debate, o el imputado quedare exento de pena en virtud de una ley penal más benigna (…), el tribunal dictará, de oficio o a pedido de parte, el sobreseimiento”. El fiscal dijo, entre otras cosas, que en este caso no había prueba nueva y que por lo tanto tampoco podía ser dirimente.

Además, la defensa de la vicepresidenta rechazó otro de los argumentos de Villar, quien había cuestionado a los jueces del TOF 5 por aplicar la ley penal más benigna a la hora de juzgar el delito de lavado de dinero, y defendió esa decisión de los jueces.

Ahora que todas las partes expusieron sus argumentos, empezaron a correr los plazos procesales y el Tribunal pasará a deliberar. Si la Cámara cumpliera los plazos, la definición sobre si se reabre o no el caso Hotesur-Los Sauces debería conocerse antes de fin de año.


La Nación 
Foto: Hernán Zenteno/ La Nación