Como parte de la etapa final del juicio y tras el cuarto intermedio de dos semanas que se dispuso cuando terminaron de alegar los abogados de las partes, el Tribunal Oral Federal 2 reanudará mañana el proceso oral y público contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad, y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tomarán la palabra para contestar los planteos de nulidad y las excepciones que introdujeron las defensas durante sus exposiciones en la instancia de alegatos.

A través de sus abogados, el exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario santacruceño Lázaro Báez introdujeron planteos que Luciani responderá, pese a que seis defensores le habían pedido al TOF cuando terminaron los alegatos que no se le corriera vista al fiscal. El TOF rechazó esos pedidos y de todas formas le corrió traslado de esos planteos a Luciani. Si los fiscales terminan de responder a los planteos mañana, los jueces pasarán a fijar las fechas para que los imputados digan sus últimas palabras ante los jueces -si así lo desean- y luego, inmediatamente después de esa instancia (que podría tomar dos audiencias según suponen fuentes judiciales), responderán los planteos y darán a conocer su veredicto.

En las últimas semanas circulaba entre los defensores la duda respecto de si Luciani hará o no réplicas a los alegatos. Las réplicas son una instancia que se da cuando durante el alegato un defensor-como el fiscal habló primero- dijo algo novedoso que no había sido discutido en el debate y que amerite dar respuesta. Si hay réplicas, hay dúplicas. Es decir que, desde el punto de la vista de la estrategia, los defensores van a querer quedarse con la última palabra y solicitarán rebatir los argumentos de las réplicas de los fiscales. Si hay replicas para todos, habrá dúplicas para todos y el juicio podría extenderse varias audiencias más.

Aunque la fiscalía trabajó estas semanas bajo un estricto hermetismo, cerca del fiscal sostenían que dar réplicas sería extender más los plazos del juicio y en efecto dilatar la difusión del veredicto. Deslizaron, además, que los argumentos brindados en las exposiciones no mostraron elementos nuevos.

Los planteos de nulidad y las excepciones que introdujeron los abogados de Báez y López motivaron algunos sutiles reclamos de otros abogados que intervienen en el juicio. Aunque estos no lo manifestaron en público, sabían y habían conversado entre ellos que no les era conveniente habilitar al fiscal a hablar una vez más. Por eso, aunque varios de los defensores dijeron en sus alegatos que harían planteos, finalmente no los formalizaron.

El abogado de Lázaro Báez, Juan Villanueva, planteó la nulidad parcial del alegato de Luciani y una excepción por falta de acción al sostener que del total de las 52 obras investigadas en esta causa 49 ya fueron investigadas en causas por las que se dictaron sobreseimientos en los tribunales de Santa Cruz. El defensor de José López, Santiago Finn, también planteó la nulidad parcial del alegato de Luciani y la nulidad de la prueba proveniente del teléfono celular de su defendido, así como también pidió declarar nula la prueba proveniente del procesamiento de López que mostró el fiscal cuando aludió a sus dichos como arrepentido.

Los fiscales pidieron al tribunal una pena de 12 años para la vicepresidenta Cristina Kirchner y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Cristina es acusada junto a Lázaro Báez, Julio De Vido y José López, entre otros exfuncionarios de su gobierno, por el direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz a las empresas de Báez entre 2003 y 2015.

El juicio oral y público contra la vicepresidenta comenzó en mayo de 2019. Como parte de la asociación ilícita que según la acusación ella lideró están implicados el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el empresario Lázaro Báez y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti. Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor Kirchner y exfuncionario de Obras Públicas, está acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. A Abel Fatala, que trabajó junto a José López, la fiscalía pidió condenarlo por administración fraudulenta, igual que a los exfuncionarios provinciales de Vialidad de Santa Cruz. Los jueces del tribunal oral son Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. La sentencia que dicten los jueces será revisada por la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal. La última instancia es la Corte Suprema, que ya rechazó todos los recursos de las defensas para frenar el juicio.


La Nación