Julio Alak y el secretario de Justicia exponen desde las primeras horas de la tarde en el Senado ante la Comisión Bicameral de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial sobre las modificaciones que realizó el kirchnerismo al proyecto original, elaborado por una comisión que encabezó el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, junto a su par Elena Highton y la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci.  

El ministro calificó como "una deuda con la democracia" la ley oficial que propone unificar y reformar los Códigos Civil y Comercial y pidió "desdramatizar" la discusión. Indicó que desde su cartera se realizaron más de 10.000 observaciones al texto y remarcó: "Ha habido un control de la técnica legislativa del código".

Alak señaló que uno de los motivos que llevaron a impulsar el nuevo código tiene que ver con "un nuevo ordenamiento jurídico institucional de Argentina que se adoptó en 1994 con la reforma constitucional y la incorporación de nuevos tratados internacionales". Mencionó también "los cambios sociales y culturales que han venido modificando a nuestra sociedad en las últimas décadas" como otro de los fundamentos por los cuales se promovió la reforma.

Por la presencia de Alak y Álvarez, la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto que regula la responsabilidad del Estado pasó a un cuarto intermedio hasta las 20, con el fin de que los legisladores de la bicameral asistan al Senado.

En el curso del debate sobre el proyecto que envió el Poder Ejecutivo la oposición manifestó su rechazo a que la norma no esté incluida en el nuevo Código Civil, pese a que la comisión de juristas que redactó el anteproyecto así lo había dispuesto. El Gobierno consideró que la responsabilidad del Estado debe dirimirse bajo el fuero de lo contencioso  administrativo y no en el ámbito civil. 

Una de las diputadas que se manifestaron en contra del proyecto fue Elisa Carrió. Su preocupación, dijo, radica en que, al ser resuelto el conflicto bajo el fuero contencioso administrativo, cada provincia tendría la potestad de fijar si hay daño o hasta el monto de la reparación económica del mismo. 

"Invitamos a adherir a las provincias. Si mañana se sanciona esto, la provincia de Buenos Aires puede sacar una ley aduciendo que no hay reparación del daño o que el monto es 10 mil pesos. Le da la potestad a cada una de las provincias de decidir por la acción irregular, y esto es una locura", explicó. 

El proyecto, que ingresó la semana pasada a la Cámara baja, regula las demandas que un particular puede ejercer por actividad o inactividad del Estado si se vieran afectados sus intereses "en armonía con los intereses públicos".

El texto prevé en su artículo primero que "las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria" y agrega que "la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios".

El kirchnerismo, junto a sus aliados, buscará firmar el dictamen para habilitar el tratamiento del proyecto en la sesión del próximo miércoles, que será la última del período ordinario que concluye el 30 de noviembre. (Fuente:Infobae.com)