La Federación Latinoamericana de Fiscales cuestionó la “injerencia indebida” de Alberto Fernández en la causa Vialidad, a partir de las críticas que el Presidente lanzó contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes este lunes pidieron 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner, a la que acusaron de comandar una asociación ilícita que defraudó al Estado direccionando obras públicas viales en favor de Lázaro Báez. La entidad, que nuclea a fiscales de once países de la región, enfatizó que “la independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la República”.

La Federación Latinoamericana de Fiscales advirtió que las expresiones del Presidente “ponen en tensión los principios de un Estado de Derecho, constituyendo una injerencia indebida en la tarea judicial, máxime que el Poder Ejecutivo, es el encargado de asegurar la integridad física de los fiscales, su familia, y colaboradores”.

“Hemos observado que, en estos días, el Señor Presidente de la Nación Argentina, durante el juicio oral y público, después que los fiscales realizaran su alegato, emitió un comunicado oficial, en donde sostuvo que ‘el gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad’, adoptando la condición de parte, aún antes de la participación de las defensas y desacreditando irregularmente las manifestaciones del Ministerio Publico Fiscal”, señaló la entidad.

La Federación viene reiterando su “profunda preocupación” por los “ataques a las investigaciones judiciales” que se suceden en la región, cada vez que “se realizaron imputaciones a personas con alta trascendencia social o a integrantes de los cuadros superiores de organizaciones transnacionales delictivas”. En ese sentido, señaló que los ataques pretenden “desacreditar o amedrentar la persona de los operadores, en especial a los fiscales”.

“Consecuentemente, se observó, en varias oportunidades, que se instaló un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los Fiscales, desacreditándolos o amenazándolos con sumarios administrativos y juicios políticos basados en impugnaciones genéricas y aparentes, que tienen poco pronóstico de éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial, con el fin de alterar el correcto desarrollo de la función judicial”, añadió la entidad presidida por Ronald Segura, de la Asociación de Fiscales de Costa Rica.

“La independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la República, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo o cualquier otro sector de poder”, agrega el comunicado.

“Cabe resaltar que la vinculación de los ataques con personalidades del ámbito de la política que fueron sometidas a proceso, permite sospechar con claridad objetiva que existe una aparente intención de contaminar las investigaciones sobre importantes hechos de corrupción y cercenar las capacidades investigativas de la Fiscalía”, completó la entidad, antes de convocar “a la comunidad jurídica de la región a estar alerta sobre la reiteración de estas irregularidades” y exhortar a una “prudencia especial de los organismos competentes de Argentina, de modo tal que eviten que sus conclusiones afecten a los procesos penales en marcha, y pongan en riesgo los principios republicanos, al admitir que presiones intolerables traten de afectar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal”.

Al final de su mensaje, la Federación advierte que el llamado de atención, “en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, por el contrario tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional”.

El repudio de la Asociación de Magistrados

El comunicado de la Federación Latinoamericana de Fiscales se suma a las muestras de repudio de otras entidades judiciales. Ayer, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional repudió el discurso de Cristina Kirchner que atacó al tribunal oral que la juzga y a los fiscales Luciani y Mola, que pidieron que la vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión. La entidad que agrupa a los jueces de todo el país rechazó las expresiones agraviantes de ministros, diputados y senadores que fueron contra los funcionarios judiciales.

“La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional repudia las expresiones perjudiciales para el sistema republicano que realizaron altos funcionarios públicos pertenecientes al Poder Ejecutivo y Legislativo”, señalo el organismo.

Dijeron los jueces que “usar calificativos inapropiados en el marco de un procedimiento judicial en curso no hace más que debilitar las instituciones democráticas”, para enfatizar que “esas expresiones tienden a descalificar la legitimidad que lleva adelante el Poder Judicial y los Ministerios Públicos y generan desconfianza en la ciudadanía”.

Explicaron que la causa contra Cristina Kirchner conocida como Vialidad, por el direccionamiento de oras públicas en favor de Lázaro Báez, está en pleno trámite en la etapa de alegatos, donde la parte acusadora hace su pedido de pena y los abogados de los imputados ejercen su defensa en sus respectivos resúmenes finales.

“Consideramos desmedido el ataque a jueces y a fiscales”, dijo la entidad que nuclea a fiscales, jueces y funcionarios judiciales de todo el país. Destacaron que no obstante estos “ataques”, seguirán “convocando a la concordia, defendiendo siempre la independencia de poderes y promoviendo el correcto funcionamiento de la Justicia y de la democracia”.

La nota lleva la firma de Marcelo Gallo Tagle, presidente de la entidad, y Marcelo Peluzzi, secretario general.


La Nación