Se cumplen 2 dos años desde aquella madrugada en que Valentino Blas Correas fue asesinado con un disparo por la espalda. Ese día, el joven junto a tres amigos y la novia de uno de ellos, transitaban la avenida Vélez Sarsfield. A la altura del Pablo Pizzurno, encontraron un control policial, pero no llegaron a frenar del todo cuando dos efectivos comenzaron a disparar contra el Fiat Argo en el que viajaban.

Según consta en la investigación inicial, había dos móviles presentes con cuatro efectivos en total, dos hombres y dos mujeres. Inicialmente, se dijo que la intervención policial había sido producto de un incidente vial que el auto protagonizó con una motocicleta. Sin embargo, esto no se pudo comprobar. 

De acuerdo a las pericias, esa noche al menos cuatro proyectiles impactaron de lleno en el vehículo, uno hirió a Blas por la espalda. Asustado, el conductor del Argo aceleró aún más y dobló por la rotonda de Las Américas. 

Con dos personas menos y Blas herido, el conductor llegó al Sanatorio Aconcagua donde se negaron a atenderlo. Hecho por el que tres personas que trabajan en el centro de salud enfrentarán un juicio por abandono de persona y omisión de auxilio. Apenas pasadas las 00:30 del jueves, Blas ya no respiraba. 

El próximo miércoles 7 de septiembre, comenzará el juicio para determinar la culpabilidad de los policías involucrados. Aunque hay 13 imputados en la causa, los dos efectivos que dispararon sus armas reglamentarias esa noche son los acusados de haber participado directamente en la muerte del joven. 

Se trata de Lucas Gómez de 35 años y Javier Alarcón de 31. Se los acusa de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales”. En 2016, Gómez ya había sido condenado por encubrimiento a un violador serial en La Calera. Sin cumplir completamente la condena, el Tribunal de Conducta Policial le permitió volver a sus funciones en patrulla. 

En el día de ayer Soledad Laciar, madre de Blas Correas, participó del juicio de Beco Ávila, otro joven muerto a manos de la Policía en julio del 2020. Allí se mostró esperanzada por el juicio de su hijo. "Dios quiera que logremos la verdad. Fueron cómplices de una situación tremenda. Hay muchos más responsables, por acción u omisión", remarcó. 

Los dos hombres que dispararon enfrentarán el banquillo ante el jurado penal de la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba. Aunque la investigación comenzó a cargo de Hugo Almirón, se lo apartó. Dos fiscales quedaron a cargo de la investigación: Fernando López Villagra, subrogante, y Marcelo Hidalgo, ambos tendrán la tarea de llevar adelante la acusación contra los responsables del homicidio.
Asimismo, estará presente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que había solicitado participar como observador en el juicio. Contará también con jurados populares, y se expondrán registros telefónicos, filmaciones y testimonios que conforman más de 400 fojas de expediente.

Violencia institucional: deudas, silencios y responsabilidades

El asesinato de Blas Correas representó un punto de quiebre para el Gobierno Provincial. Durante la pandemia, los casos por violencia institucional en Córdoba fueron un problema concreto en lo que respecta a políticas de seguridad, y la demanda por soluciones siguen vigentes. 

Semanas después de lo ocurrido con Blas, tomó transcendencia el asesinato de Joaquín Paredes en el Paso Viejo, departamento de Cruz del Eje. También con un disparo por la espalda, el adolescente de 15 años perdió la vida. Son seis los efectivos imputados en este caso. Su muerte fue la séptima relacionada a la violencia institucional durante la pandemia.

Cabe recordar el asesinato de Beco Ávila en julio de 2020. Esta semana en el juicio y luego de dos años de investigación, la fiscalía había pedido la máxima pena, pero la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba condenó al policía que lo asesinó a 11 años de prisión. El otro suboficial involucrado recibió una pena mínima por encubrimiento. Allí estuvo presente la madre de Blas. 

Estas muertes no son hechos aislados. Mas bien cristalizan una problemática que no deja de ocurrir en los barrios de la provincia. A pesar de la ola de críticas y reclamos, el gobernador Schiaretti no se pronunció sobre el tema. Sólo un año más tarde y producto de una fuerte insistencia por parte de la madre de Blas, el gobernador accedió a tratar el tema en una reunión privada con ella. 

Recién la muerte de Jonatan Romo en La Falda hizo cambiar el abordaje del Gobierno Provincial, y sacudió levemente algunos cargos en el ala de la seguridad. El bloque legislativo opositor de la UCR emitió un comunicado pidiendo la renuncia del ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. La respuesta ante la ola de críticas fue la reafirmación del funcionario en su cargo, pero el desplazamiento de varios funcionarios en los cargos medios. 

“La institución policial merece respeto y consideración, es una de las mejores equipadas en todo el país”, había dicho en diálogo con la prensa. Además, agregó que las calificaciones que se hacen sobre la Policía eran "injustas". 

Claro está que la crisis dentro de las fuerzas policiales data de hace mucho tiempo. Aunque se evidencia una nueva forma de abordaje en lo que respecta a la violencia institucional, es cierto que se debe profundizar no sólo en el accionar individual de ciertos efectivos, sino en la formación policial que se imparte a cada miembro de las fuerzas. 


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