Estados Unidos condenó este lunes el nuevo código penal aprobado por la dictadura cubana que restringe aún más la libertada de expresión, de prensa y de reunión en la isla. La medida está diseñada para controlar aún más a la disidencia y evitar futuras protestas contra el régimen.

La embajada de Estados Unidos en La Habana señaló que el nuevo código aumenta las penas para las protestas legítimas y pacíficas, y advierte que reduce las sanciones penales para aquellos que repriman violentamente futuras protestas.

“Esto se produce después de que el viernes el Comité de la ONU sobre la Tortura solicitara que el gobierno cubano investigara, procesara y, si fuera necesario, sancionara a quienes hubieran actuado por el uso excesivo de las fuerzas durante las protestas del #11J. Estamos consternados por el hecho de que el régimen no haya presentado ningún cargo contra los implicados en los actos represivos violentos del 11J y haya reducido las sanciones penales para quienes actúen violentamente contra quienes protestan en el futuro”, señaló la embajada estadounidense en Cuba en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

El Parlamento unicameral de la dictadura cubana, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP), aprobó el domingo, en sesión extraordinaria, el nuevo Código Penal que prevé, entre otros asuntos, sanciones de hasta tres años a quienes insulten a altos funcionarios públicos y prohíbe el financiamiento externo de los medios.

Los diputados aprobaron el proyecto en una sesión en la que estuvieron presentes los dictadores Miguel-Díaz Canel y Raúl Castro.

Fotografía de archivo de manifestantes frente al Instituto de Radio y Televisión (ICRT) mientras son montados en un camión en una calle en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

---

Activistas y opositores consideran que esta reforma acallará la protesta social y el periodismo independiente.

El nuevo código, que entrará en vigor dentro de 90 días cuando sea publicado en la Gaceta Oficial de la República, incluye 37 nuevos delitos como el de “desórdenes públicos” para penalizar “las alteraciones producidas en grupos o individualmente”.

Además, tipifica como delitos de “sedición” a quienes se manifiesten o realicen acciones de “desobediencia civil; propaganda contra el orden constitucional y el estado socialista; o difundan noticias falsas que pongan en peligro el prestigio del Estado Cubano”.

Penaliza la participación en “actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones”
También prevé sanciones de hasta 10 años de prisión a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros” de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para “sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.

La policía pelea y detiene a un manifestante antigubernamental durante una protesta en La Habana, Cuba, el domingo 11 de julio de 2021. Cientos de manifestantes salieron a las calles en varias ciudades de Cuba para protestar contra la escasez de alimentos y los altos precios en medio de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus. (Foto AP/Ramón Espinosa)

---

La norma incrementa la pena a hasta 30 años de cárcel en los delitos de espionaje y el intercambio de información no clasificada o secreta con personal diplomático extranjero.

Apenas fue publicado como proyecto en el sitio de la Fiscalía General en marzo pasado, el texto despertó rechazo entre la disidencia al gobierno comunista.

“El nuevo Código Penal es una nueva vuelta de tuerca del régimen para intensificar la represión contra los ciudadanos”, dijo a la agencia AFP René Gómez Manzano, presidente de la Corriente Agramontista, la organización más antigua de abogados opositores cubanos.

En el texto, al delito de “desórdenes públicos” se agrega una figura que penaliza las manifestaciones individuales o en grupos, mientras que en actos “contra la seguridad del Estado” se inserta otra figura para castigar el financiamiento externo de actividades no legales.

Medios de prensa digitales de oposición, activistas y grupos disidentes son acusados de “mercenarios” por recibir financiamiento de agencias estadounidenses y oenegés, por lo que ahora podrán ser condenados a penas de cuatro hasta diez años de prisión.

Así el actual delito de “propaganda enemiga” pasa a ser “propaganda contra el orden constitucional”, mientras que los delitos contra el orden público incluirán la “difusión de noticias falsas o predicciones maliciosas con la finalidad de causar alarma, descontento o desinformación”, señalan los autores del Código.

Esta legislación llega luego de las históricas manifestaciones del 11 y 12 de julio pasados en Cuba, las mayores en 60 años, que dejaron un saldo de un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 detenidos, muchos de los cuales han sido condenados a penas hasta de 30 años.



Infobae 

Foto: EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo