Tras debatir durante un mes las posibles modificaciones a la ley de alquileres, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió este miércoles por la tarde un dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo que incorpora incentivos fiscales para propietarios e inquilinos con el fin de mejorar la oferta de viviendas y que mantiene los ejes centrales de la norma aprobada en 2020.

La Comisión de Legislación General, conducida por Cecilia Moreau (FdT), inició la reunión pasadas las 15 de ayer para debatir las propuestas de cada bloque sobre la reforma de la ley de alquileres pero, por las diferencias en los artículos más cuestionados de la ley, no hubo dictamen en consenso entre oficialismo y oposición. El Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal presentaron tres dictámenes distintos.

A pesar de no lograr consenso para emitir un dictamen en conjunto, Cecilia Moreau, presidenta de la comisión, celebró que tanto oficialistas como opositores coincidieran en descartar la posibilidad de derogar la actual ley de alquileres,
En el dictamen del oficialismo, que obtuvo la mayoría, se defiende la ley 27.551 pero introduce algunas novedades. Una de ellas, asignar a la Comisión de Defensa de la Competencia la atribución para dirimir en los conflictos que se susciten entre locatarios y locadores. Por otra parte, la incorporación de una serie de incentivos fiscales para promover la oferta de inmuebles para alquiler, un cambio en el que coinciden todos los espacios.

El objetivo principal es encontrar soluciones al desabastecimiento del mercado locativo. De acuerdo al informe mensual que realiza el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), durante los primeros cuatro meses de 2022, la cantidad de departamentos ofertados para alquiler cayó en promedio 20% por debajo del valor del mismo período del año anterior.

Pero hay una tercera iniciativa en el texto que tiene que ver con la bancarización de los cobros de los alquileres. El dictamen de mayoría que impulsa el Frente de Todos incorpora la obligación de que los contratos de alquiler con destino habitacional consignen “los datos bancarios necesarios de la parte locadora para recibir el pago del canon convenido por transferencia o depósito bancario”.
Con esta modificación, buscan hacer lugar a uno de los fuertes reclamos de las asociaciones de inquilinos que era el control del Estado para que los contratos estén registrados en AFIP. Algo que ya contempla la ley actual pero que también incorpora algunos cambios respecto al registro: deben ser declarados ante la Agencia por el propietario y corredor inmobiliario que interviniera en la operación. “Sin perjuicio de la obligación del locador cualquiera de las partes puede informar la existencia del contrato ante la AFIP”, indica el texto.

Además, agrega que el Poder Ejecutivo debe crear el registro público de contratos de alquileres con destino habitacional.
Por otra parte, establece que “toda publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional”.


LA NACION