En las últimas semanas, mientras avanzaba el proceso electoral y se acercaba la fecha de las elecciones, ex funcionarios del kirchnerismo que estaban presos con condenas por actos de corrupción y otros delitos recuperaron la libertad o fueron beneficiados con decisiones judiciales que les aliviaron la carga penal que enfrentaban tras su paso por el poder. Hay una excepción: Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte que sigue preso.

Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte del kirchnerismo y condenado a cinco años y seis meses de prisión está en condiciones de salir en libertad condicional en los próximos días después de haber cumplido parte de la condena de cinco años y seis meses de prisión por su responsabilidad en la Tragedia de Once. La decisión fue tomada ayer y generó una fuerte crítica de los familiares de las víctimas del siniestro donde murieron 51 personas. La semana pasada José López, ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo salió en libertad condicional luego de haber cumplido parte de su condena a siete años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito y portación de armas de fuego en el ya célebre episodio de los bolsos llenos de dinero arrojados en un convento.

En los días previos a las elecciones nacionales del próximo domingo dos ex funcionarios kirchneristas condenados por corrupción recibieron noticias alentadoras desde los Tribunales. Y se hicieron varios planteos para tratar de que se cierren algunas causas por corrupción que llegaron a juicio oral y público.

Otro que también salió en libertad condicional fue José María Núñez Carmona, socio y amigo del ex vicepresidente Amado Boudou.

Ambos fueron condenados por su participación en el Caso Ciccone, otro caso de corrupción del kirchnerismo. Boudou estuvo con prisión domiciliaria desde el inicio de la pandemia y consiguió su libertad condicional en el mes de julio pasado. Núñez Carmona en tanto consiguió el viernes pasado -el mismo día que López- su libertad condicional por haber cumplido con parte de la condena de cinco años y medio de prisión. Ya estaba con prisión domiciliaria.

El piquetero kirchnerista Luis D’Elía -que fue funcionario nacional- obtuvo de parte de la justicia en agosto pasado el beneficio de la libertad condicional, en la causa por la toma de la comisaría de La Boca, debido a que la jueza Sabrina Namer consideró que ya había cumplido dos tercios de su pena. Festejó la decisión quitándose de manera personal la tobillera electrónica que tenía para su control en el domicilio donde debía estar bajo arresto.

Cristina Fernández de Kirchner, imputada en varios casos de corrupción, pidió hace unos pocos días su sobreseimiento al Tribunal Oral Federal 5 en la investigación por lavado de dinero conocida como Hotesur-Los Sauces. La vicepresidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner están imputados allí de lavado de dinero y asociación ilícita a través de las Hotesur y Los Sauces - sociedades de la familia Kirchner- a partir del alquiler de sus hoteles y propiedades. La imputación es que alquilaron como contraprestación al supuesto otorgamiento de obras públicas y contratos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El pedido de sobreseimiento se da luego de que el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyera -luego de las PASO- a Cristina Kirchner y al resto de los imputados en el caso por el encubrimiento del atentado a la AMIA realizado a través del Memorándum con Irán. La decisión del TOF 8 de sobreseer antes de realizar el juicio abrió el camino para que los imputados solicitaran lo mismo en el caso Hotesur-Los Sauces. El fallo del Memorándum con Irán fue apelado por la fiscalía y las querellas y está en revisión por parte de la Cámara de Casación. Antes de ser sobreseída en el caso del Memorándum, en abril de este año, la ex presidente fue desvinculada del caso judicial que había llegado a juicio y era conocido como Dólar futuro.

El único ex funcionario kirchnerista que no tiene suerte en sus diversos planteos judiciales es Ricardo Jaime. El ex secretario de Transporte está detenido desde 2016 en este momento por orden del Tribunal Oral Federal 6 que lo juzga por cuatro casos de corrupción entre ellos el de enriquecimiento ilícito. Tiene una condena no firme por su responsabilidad en la Tragedia de Once: por esa condena a ocho años de prisión estuvo detenido entre 2018 y 2020. Realizó varios planteos para salir de la cárcel especialmente desde que se inició la pandemia de coronavirus. Incluso uno de esos pedidos fue apoyado por el gobierno nacional. Ninguno de los pedidos de Jaime para seguir detenido en su domicilio fue aceptado por el TOF 6. Antes de fin de año ese Tribunal arribará a un veredicto en los cuatro casos que juzga. La fiscal Gabriela Baigún ya acusó a Jaime de haberse enriquecido ilícitamente mientras fue funcionario público. Pedirá una pena que se le sumará a la que ya tiene por la Tragedia de Once y por haber aceptado que cobró coimas de empresarios del transporte. Hasta que los jueces no digan si es culpable o inocente, seguirá detenido. Y si lo condenan, probablemente continúe en la cárcel de Ezeiza por un tiempo más.






 

Con información de Infobae