El viernes 13 de agosto, después de la filtración de la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena estricta en julio de 2020, Alberto Fernández dijo que el escándalo por las visitas VIP a la residencia presidencial se hizo público porque fue el propio Gobierno el que dio a conocer los ingresos a la Quinta Presidencial y no ocultó la información.

“Nosotros hicimos público ese pedido y no ocultamos nada, porque gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal”, sostuvo el Jefe de Estado. “Nosotros lo contamos, eh, no ocultamos nada”, agregó. Era la primera vez que se refería al tema y solo minutos después pediría disculpas por la fiesta, que consideró “no debió haber ocurrido”.

Sin embargo, en 2020, TN.com.ar y Verdad/Consecuencia realizaron un pedido de acceso a la información pública para conocer el listado total de personas físicas que ingresaron a la Quinta de Olivos entre el 10 de diciembre de 2019 y el 1 de agosto del año pasado, es decir, los meses de restricciones más fuertes en pleno avance del coronavirus. Fue entonces que la Secretaría General de la Nación se negó a entregar información vinculada a “las visitas de orden personal, que no hubieran tenido como objeto mantener un encuentro oficial”.

Esta negativa adquiere ahora otro valor ya que la Fundación Apolo denunció a Alberto Fernández por el supuesto delito de “falsedad ideológica de instrumento público” al detectar diferencias entre las planillas de ingreso que ese organismo obtuvo de las que recibió el periodista Gonzalo Ziver, que reveló el caso. Los documentos enviados también son diferentes a los que desataron la polémica. La ampliación quedó a cargo del juez Sebastián Casanello, que delegó la investigación en el fiscal Ramiro González.

En otras palabras, el Gobierno solo le proveyó a este medio, los nombres y apellidos de todas las personas que ingresaron a Olivos en el marco de un encuentro oficial. Fue así cómo en la planilla del 14 de julio de 2020, no figura ninguno de los invitados al cumpleaños VIP de Fabiola Yañez. Directamente se quitó el apartado respecto a visitas “privadas”. Allí deberían figurar los nombres de todos los invitados al brindis de la Primera Dama, entre estos Sofía Pacchi, Emanuel López y Stefanía Domínguez.

En rigor, el Gobierno fue tajante en su respuesta del 25 de septiembre del año pasado: “Asimismo, teniendo en cuenta que en dicha residencia tiene asiento el hogar del Señor Presidente de la Nación, no serán informadas las visitas de orden personal, que no hubieran tenido como objeto mantener un encuentro oficial”. Argumentó que pondría en riesgo la seguridad del jefe de Estado y se vulnerarían aspectos privados de su vida.

Para los denunciantes, los ejemplos de inconsistencias señalados “permiten aseverar que los Registros Públicos de Visitas de la Residencia Presidencial de Olivos han sido – cuanto menos – adulterados y, por ende, existen indicios suficientes para sospechar que la información suministrada a APOLO en el marco del pedido de acceso a la información pública (AAIP) resultaría ideológicamente falsa”. El escrito fue presentado por varios dirigentes, entre estos el dirigente Yamil Santoro, precandidato opositor que integra la lista de Ricardo López Murphy.

La negativa del Gobierno motivó que TN.com.ar formulase el 5 de octubre de 2020 un reclamo en el que se cuestionó la determinación de solo informar sobre las visitas de orden oficial y no las privadas o personales. Poco tiempo después, la Agencia de Acceso a la Información Pública resolvió a favor de este medio al asegurar que los datos vinculados a las personas que recibe el Presidente de la Nación “resultan de sumo interés público”.

“Que incluso, en el contexto actual de emergencia sanitaria debida a la propagación del Covid-19, que provocó en nuestro país el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), con estrictas limitaciones a la circulación de las personas y las visitas sociales, la información acerca de a quienes recibe el Presidente o cualquier otro/a funcionario/a que tenga oficinas en la Residencia de Olivos -sea por cuestiones profesionales o personales- resulta de sumo interés público”.

Y agregó: “Que este interés público no radica en una cuestión amarillista sino en el control que la sociedad puede y debe hacer de los actos de los funcionarios públicos y su apego a las normativas vigentes. Que entonces, el sujeto obligado debería haber aplicado el test de interés público, por el que puede concluirse que el daño causado al interés general de la sociedad de conocer quiénes ingresan a la Residencia de Olivos es mayor al daño -eventual, porque el organismo no lo demostró- que podría causar a terceras personas que dejaron sus datos al ingresar a un predio oficial”.

Para la AAIP, la Secretaría General “no demostró cuál sería el perjuicio o menoscabo ocasionado al Presidente de la Nación, su familia, funcionarios públicos al revelar las visitas que no fueran oficiales, sino únicamente argumentó su posición en la seguridad del señor jefe de Estado” e intimó a ese organismo a que entregue toda la información en un plazo de 10 días hábiles. Por aquel entonces ya era 17 de noviembre de 2020.

Por estos días, el interrogante es saber si el Gobierno no entregó estos papeles para evitar que se filtre la celebración VIP de la Primera Dama y otras visitas en medio de las restricciones más estrictas.

Pese a la resolución de la AAIP, el Gobierno volvió a rechazar el pedido, esta vez con un argumento diferente: “No resulta claro cuál es el contenido y la modalidad de la información que se debería brindar”. Lo hizo pese a que la Agencia le había indicado con claridad que se debía entregar todos los ingresos de personas físicas, independientemente de si estas hubiesen ido a Olivos con motivo oficial o personal.

E insistieron: “Ello, en salvaguarda del derecho a la intimidad que tanto el Señor Presidente, su grupo familiar como otros terceros deben gozar al amparo de lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Nacional”.

Finalmente, y ya sobre finales de 2020, es decir, cuatro meses después del pedido de acceso original, ante la falta de respuesta del Gobierno la Agencia dispuso que corresponde reportar el incumplimiento de la Secretaría General en el portal en el que se detallan todos y cada uno de los ministerios y organismos del Estado que no dan respuesta a la ley de Acceso a la Información Pública.



 

Con información de tn.com.ar