Sin embargo, no podemos dejar de destacar que como concepto y como proceso histórico “la democracia” ha sufrido, al calor de los debates políticos e intelectuales, importantes metamorfosis respecto de su significado.

En estas últimas tres décadas hemos observado cómo la reivindicación democrática osciló entre sus dos principios fundamentales: la libertad y la igualdad.

El primero de ellos se manifestó en los años ’80 y expresaba los reclamos y deseos de una sociedad para que se instalara un régimen que garantizara los fundamentos básicos del Estado de derecho luego de los terribles años de la dictadura cívico-militar iniciada en marzo de 1976. Ese proceso fue construido con relativo éxito por el gobierno de Raúl Alfonsín y los principales actores del sistema político.

A partir de los ’90, el concepto de democracia sufrió un grave retroceso producto de las políticas neoliberales implementadas y promocionadas por el Consenso de Washington y los organismos internacionales. Para el modelo neoliberal el debate político se restringe a sus aspectos formales evitando cualquier tipo de discusión o cuestionamiento respecto de los mecanismos de distribución de la riqueza. Según esta visión, los consensos respecto de la política económica solamente podían surgir de los sectores tecnocráticos, ya que el debate y la confrontación de ideas eran vistos como un elemento pernicioso para el desarrollo económico.

La crisis económica y política de 2001 representó para la ciudadanía un fuerte cuestionamiento a las políticas económicas de la década anterior, pero también al papel gerencial de la política. Los reclamos de esos años no ponían en tela de juicio tanto la legitimidad del régimen democrático sino la concepción del poder político como subordinado al poder económico y financiero.

Uno de los principales méritos del proceso iniciado en 2003 fue terminar con el imposibilismo de la política retomando una noción básica del sistema democrático: no hay interés corporativo o particular que esté por encima del poder público legalmente elegido por el voto popular.

Bajo esta simple y potente idea, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner redefinieron en dos sentidos las fronteras de la noción de democracia. Por un lado, restituyeron el componente igualitario a través del cumplimiento de un piso mínimo de derechos sociales. Esto se logró por medio de la implementación de políticas de creación de empleo y mejora de ingresos, la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo, la cobertura casi universal de seguridad social y previsional a jubilados y la inversión récord en educación, ciencia y tecnología.

Por otro lado, la democracia argentina se ha puesto a la vanguardia internacional en lo que se refiere al reconocimiento de derechos de tercera generación como la regulación antimonopólica del mercado de medios audiovisuales mediante la ley de medios, recientemente declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia; el matrimonio igualitario; la identidad de género; la ley de fertilización asistida y de muerte digna, entre otras.

En consecuencia, estos treinta años nos enseñan no sólo la importancia de los aspectos formales y procedimentales del régimen democrático sino que también hacen a su vitalidad la continua ampliación de derechos y búsqueda de mejores niveles de igualdad.