Con más de dos semanas de cortes en las rutas de la provincia de Neuquén, la actividad en Vaca Muerta registra pérdidas en la producción de gas y petróleo que se van acumulando día a día. Según los datos de la industria, son alrededor de 3,5 millones de metros cúbicos de gas y alrededor de 10.000 barriles diarios menos.

Si bien los cortes de ruta comenzaron a desarmarse y algunos de ellos fueron desarticulados, hasta anoche los dos principales accesos a Añelo seguían bloqueados. Las pérdidas generadas, si se miden con respecto al pasado, representan el 5% y 4% de la producción de la cuenca neuquina, de acuerdo a una de las principales consultoras del sector. Sin embargo, más graves son las pérdidas por los nuevos pozos que se interrumpieron y que debían comenzar a producir gas para mercado el interno y petróleo para exportar entre mayo y junio y que ahora ingresarán recién a fin de junio y julio.

En ese caso, las pérdidas estimadas son de USD 250 millones y estarían en el orden de 12% de la producción de gas pasada de la cuenca y el 4% de la producción de petróleo. Si bien, una vez normalizada la situación, se comenzará a producir más tarde, la producción de mayo y de junio ya estaría perdida.

Además, los 3,5 millones de metros cúbicos de gas son aproximadamente un 17% de lo que se importa (entre GNL y gas de Bolivia), de acuerdo a estimaciones del economista Julián Rojo, del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi. “Hay que ver que mix utiliza el Gobierno para suplir la falta de gas. Puede ser una combinación de tres tipos más GNL, más gas de Bolivia y más combustibles líquidos para centrales térmicas”, explicó. Se importan unos 20 millones de metros cúbicos por día durante el año.

El conflicto que originó los cortes lleva más de 40 días y se inició cuando grupos internos de la rama salud pública de la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATE) desconocieron un acuerdo salarial con el gobierno provincial. Los Trabajadores Autoconvocados de la Salud recibieron una oferta del gobernador Omar Gutiérrez, de un bono de $40.000, que no fue aceptada. En los últimos días hubo dos nuevas ofertas, con subas de 53% escalonadas hasta diciembre.

Esta nueva oferta fue aceptada por el gremio ATE pero rechazada por los autoconvocados, que proponen que el incremento sea abonado en dos cuotas como máximo (en mayo y junio de este año) y retomar la discusión salarial en el segundo semestre.

Los cortes que afectan a las rutas neuquinas comenzaron el 7 de abril e impiden que las empresas realicen el traslado de insumos, personal propio y de sus contratistas y de los equipos necesarios para garantizar la continuidad de la explotación de los yacimientos. Las más afectadas son YPF y Tecpetrol, que no puede acceder a sus áreas de Fortín de Piedra y Los Bastos.

Además de la menor producción, las empresas tienen millonarios costos adicionales ocasionados por los tiempos de espera de equipos y los incumplimientos contractuales. Las compañías enfrentan el problema de la poca disponibilidad de equipos de perforación y fractura, que cada una contrata por un período de tiempo determinado dependiendo de una “ventana de disponibilidad”. Se estima que hay unos cinco equipos de fractura para abastecer a todas las compañías.

Cuando el contrato termina, las firmas deben cumplir contratos con otra petrolera, por lo que para muchas será difícil volver a contar con esos equipos cuando se normalice la situación. Además de YPF y Tecpetrol, también operan en la zona Shell, Vista Oil y Pan American Energy.

“Los cortes tienen tres efectos. Por un lado, el cierre de producción actual, por imposibilidad de evacuarla en camiones. Segundo, la producción que se deja de tener por lo que se deja de perforar. Y en tercer lugar, el impacto sobre negocios futuros por la desconfianza de los inversores. Por el cierre de producción actual, representan en petróleo 2% y en gas 3% aproximadamente”, señaló Daniel Dreizzen, de la consultora Ecolatina y ex secretario de Planeamiento Energético.

La semana pasada las empresas del sector reunidas en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) solicitaron al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Energía, Darío Martínez, la intervención en el conflicto. Sin embargo, fuentes oficiales aseguran que se trata de un conflicto salarial local —que se da todos los años entre el personal sanitario y el gobierno neuquino, pero en esta ocasión cuenta con más apoyo social por la pandemia— y que el Gobierno nacional tiene pocas alternativas para intervenir: si envía fondos para el pago de salarios puede enfrentar los mismos reclamos en otras provincias y la opción de liberar las rutas a través de la Gendarmería puede generar consecuencias de mayor tensión y violencia en la zona.

Sin embargo, fuentes cercanas a la secretaría de Energía señalaron que el costo extra que tendrá que afrontar el Estado por la menor producción de gas aún no está estimado —en parte porque el gasto de contar con los barcos regasificadores ya estaba contemplado— y que si bien evalúan varios escenarios en ningún caso anticipan un posible colapso del sistema. El barco regasificador que se encuentra en Escobar ya está en actividad: inyectó entre 3 y 4 millones de metros cúbicos en los primeros días y en los próximos tres días el nivel será de 7,5 millones de metros cúbicos diarios.

La situación de abastecimiento de gas durante este invierno, según las fuentes, se volvió más complicada por varios factores no esperados que se dieron al mismo tiempo: una declinación de la producción de Bolivia, que llegará con 60% menos de gas este invierno; la producción de las centrales hidroeléctricas en baja; el Plan Gas, que comenzó más tarde de lo proyectado y este conflicto actual en Vaca Muerta, justo en el momento de la etapa final de las tareas.

Antes de que comenzaran los cortes de ruta —el pasado 7 de abril—, Vaca Muerta había logrado alcanzar su mayor nivel histórico de actividad en cantidad de fracturas. En marzo, se alcanzaron 751 etapas de fractura por parte de las distintas petroleras que operan en áreas de recursos no convencionales, por encima de las 746 registradas en febrero de 2019, según un informe de la firma NCS Multistage.

Infobae