Río Tercero. Tras la aprobación de la ordenanza, en segunda lectura, que autoriza el llamado a licitación para prestar el servicio de Inspección Técnica Vehicular (ITV), se prevé que esa exigencia en esta ciudad arrancará a mediados de 2014, para todo tipo de vehículos (particulares, de servicio público y transporte de carga y de pasajeros).

Los ediles aprobaron por unanimidad el proyecto del oficialismo y sólo se hicieron algunas acotaciones parciales desde algunos bloques opositores.

La concesión será por 10 años, con posibilidad de otorgar una prórroga. Los empresarios locales tendrán prioridad, a través de un puntaje extra. La firma deberá tener normas ISO de seguridad, ambiente y seguridad del personal, requisito que de incumplirse podría hacer caer la concesión.

Desde que se analiza el proyecto, se planteó que la empresa adjuduicada y que monte el taller deberá tributar al municipio un porcentaje sobre la facturación neta. Pero en el texto definitivo aparece que el canon será del cinco por ciento sobre la facturación neta del IVA. Ese punto generó dudas que tras la sesión varios concejales no pudieron explicar, ante la consulta de este medio, si era una confusión en la redacción a aclarar, o un cambio en la norma.

El impulsor del proyecto, el concejal Jorge Guerra (UCR) respondió que “es sobre la facturación neta y no del IVA”, pero anticipó que analizará el tema con letrados municipales, antes de que sea promulgada la ordenanza por el Ejecutivo.

El patrimonio del oferente no deberá ser inferior a 4,5 millones de pesos. A su vez, la adjudicataria deberá poner a disposición del municipio una grúa y otro vehículo, para el ordenamiento del tránsito en la zona urbana.

Tras la adjudicación, en seis meses la empresa debería comenzar a operar.

 
En emergencia económica

La mayoría de los concejales, incluso varios de la oposición, aprobaron este jueves la declaración de emergencia económica en el municipio, por dos años, con el fin de consolidar y renegociar las deudas por juicios perdidos por el municipio.

Sólo votaron en contra dos de los tres ediles del Frente Todos por Río Tercero.

Incluye las deudas del municipio hasta el 30 de octubre de este año, con posibilidad de renegociar esas deudas hasta el plazo de ocho años.

Desde la bancada del oficialismo se argumentó que la emergencia “es una medida de prevención, para la consolidación de deudas por juicios”. Quedan afuera las deudas corrientes o por salarios. 

Sin que se mencione en el proyecto, la medida tiene relación directa con los varios juicios perdidos por “el impuesto a la valija” (o tributo a empresas de extraña jurisdicción). El municipio tieen fallos fallos  n contra en varios de los 33 juicios iniciados por empresas a las que se les cobró ese impuesto años atrás.

Varias ciudades cordobesas que crearon ese tributo afrontan hoy similares consecuencias, con juicios que exigen reintegros de pagos, luego de que un fallo de la Corte Suprema, de 2009, lo declarara inconstitucional.

Varios ediles opositores cuestionaron que la anterior gestión municipal haya creado ese impuesto y apuntaron que con la renegociación de esas deudas, las pagarán las administraciones siguientes.


Fuente: LAVOZ.com.ar