El presidente Luis Lacalle Pou anunció una serie de medidas entre las que también se cuenta el cierre de clubes y gimnasios, espectáculos públicos y complejos termales en los departamentos de Salto y Paysandú.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció este martes una nueva serie de restricciones sanitarias ante el avance del COVID-19 en el país. Entre ellas se destacan el cierre de las escuelas a nivel nacional y de las oficinas públicas.
La primera medida estará en vigor hasta el final de semana santa, tras lo cual se volverá de manera gradual -se empezará por el sistema inicial- mientras que la segunda concluirá el 12 de abril. Una semana atrás, la administración había suspendido la obligatoriedad de asistir a las escuelas con excepción de la educación media, para la cual la medida no era opcional.
También cerrarán los clubes, gimnasios y “Free shops”, y se prohibirán los deportes amateur, los espectáculos públicos y las fiestas y eventos sociales. Los bares y restaurantes podrán continuar abiertos con el aforo permitido pero deberán cerrar a la medianoche, lo que implica que deberán cerrar dos horas antes que en la actualidad.
El mandatario también anunció que, a pedido de los departamentos de Salto y Paysandú, los complejos termales que se encuentran allí cerrarán hasta el 12 de abril. En una conferencia de prensa desde la Torre Ejecutiva, Lacalle Pou aseguró que su gobierno tomó la determinación “con pesar”, pero remarcó la necesidad de hacerlo ante el incremento de los contagios que “están presionando” sobre las unidades de cuidados intensivos.
En consecuencia, el mandatario anunció que se agregarán 129 nuevas camas de cuidados intensivos: 35 en instituciones privadas, 10 del Hospital Militar y el resto del sector público.
El objetivo, expresó Lacalle Pou, es reducir la movilidad de la población. “Estas son acciones del gobierno pero necesariamente deben estar acompañadas de conductas individuales. Quedate en tu burbuja, con tu núcleo familiar. Eso escapa al gobierno y es donde la libertad se maneja responsable y solidariamente”, dijo.
Al igual que sucedió en marzo de 2020, los altos funcionarios públicos verán una reducción de su salario -entre el 5 y 20 por ciento, dependiendo del monto percibido- para destinar ese dinero a un fondo que cubra parte de los gastos generados por las medidas. También se reinstalará un subsidio por enfermedad a los mayores de 65 años que trabajan en el sector privado para desalentar su concurrencia presencial al trabajo.
El anuncio tuvo lugar poco después de que las autoridades sanitarias anunciaran 1.801 nuevos casos positivos de COVID-19, cifra diaria superada solo por la de la víspera, cuando el país reportó 2.682 infecciones. 14.826 personas están cursando la enfermedad, 202 de ellas en cuidados intensivos. La tasa de positividad continúa en aumento y se ubicó en 18,05 por ciento. También se reportaron 16 muertes, lo que elevó el total a 827.
El lunes, el país confirmó la presencia de la más contagiosa cepa brasileña de COVID-19 en siete departamentos del país, algo que Lacalle Pou citó como razón de la fuerte suba de los contagios. De hecho, la frontera con Brasil es uno de los puntos más preocupantes para las autoridades uruguayas desde la declaración de la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020.