Son semanas movidas para el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Después de que Elliot Management, uno de los fondos buitre que más lejos llegaron en la batalla judicial por la deuda en default, dijera públicamente a comienzos de mes que estaba dispuesto a negociar con el Gobierno, los grandes fondos tenedores de títulos reestructurados de la Argentina se pusieron en campaña para acercar posiciones. Ambos temen que un eventual default del país, como consecuencia de sus reveses en la justicia norteamericana, perjudique sus intereses.

Existen, no obstante, dos estrategias que en los últimos días llegaron a oídos del Gobierno, que por ahora no dio señales de respaldar una u otra. Por un lado está la iniciativa de un grupo de 30 fondos, entre los cuales están Gramercy y GSO Capital (de Blackstone Group), que quieren llamar a una asamblea de bonistas de títulos reestructurados para proponerles que cedan parte de los intereses que tienen para cobrar en los próximos años en favor de los fondos buitre. Así contribuirían a saldar la diferencia que existe entre lo que reclaman los denominados buitres y lo que el Gobierno les ofreció en el nuevo canje de deuda. Con este esquema, fondos como Elliot recibirían un pago en efectivo casi equivalente al 100% del valor de sus bonos y desistirían de su demanda en la justicia norteamericana, que hoy parece encaminada a fallar en favor de los buitres.

La segunda estrategia habría sido presentada a Lorenzino hace dos semanas por el mexicano David Martínez, responsable del fondo Fintech, en un viaje relámpago a Londres. Para Fintech, la Argentina debería dejarse caer en default ante un fallo adverso de la Corte de Estados Unidos, y sólo entonces negociar con los buitres. Con la Argentina en cesación de pagos, se presume que Elliot aceptaría recibir un pago menor.

Pese a que en el mercado se da por hecho que la propuesta tendría el visto bueno de Paul Singer, dueño de Elliot, una fuente cercana al grupo acreedor dijo que "NML [el fondo de Elliot que está en litigio con el país) no dio su consentimiento, ya sea formal o informal, para que se negocie en su nombre con el gobierno argentino". La fuente también expresó sus dudas de que otros acreedores hayan dado su visto bueno. LA NACION se contactó con voceros del fondo Elliot, pero no hicieron comentarios.

En rigor, para que la iniciativa tenga éxito, el Gobierno tendría que lograr una aceptación del 85% de los tenedores de bonos reestructurados. Se habla de que los bonistas deberían ceder el equivalente al 20% de los cupones de intereses por los próximos cinco años. "No es algo descabellado -confió un operador de mercado, al tanto de la transacción-. En Estados Unidos hay ejemplos de reestructuraciones de deuda corporativas en las cuales los bonistas que participaron del canje ceden parte de sus intereses con tal de preservar el valor de sus títulos a largo plazo."

El jueves y el viernes pasados representantes de este grupo contactaron a varios fondos grandes para incorporarlos a la iniciativa. Sin embargo, no habría todavía consenso entre todos para participar. Su principal argumento para convocarlos es que, de lo contrario, si la Argentina pierde la batalla en la Corte de Estados Unidos, el valor de todos los bonos se derrumbaría, ya que es muy probable que el país termine cayendo en default. Al mismo tiempo, esgrimen, la decisión del Gobierno de pagarles a las empresas que tenían sentencias firmes a su favor en el Ciadi (el tribunal arbitral del Banco Mundial) demostró en los últimos días el impacto positivo que un arreglo de mercado podría tener sobre la cotización de los bonos.

"La realidad es que si arreglás este problema, los bonos siguen subiendo", opinó el representante de un fondo. "Ya todos los bonos volaron con lo del Ciadi. Hoy la Argentina debería rendir como Bolivia o Paraguay, menos de dos dígitos. Mismo Ecuador, que defaulteó hace dos años, rinde 8%, contra el 11% de los bonos argentinos", aseguró.

Los fondos buitre, entretanto, creen que, cualquiera sea el escenario, será difícil cobrar, sobre todo ahora que el Gobierno anticipó que, de ser necesario, modificará el lugar de pago de los bonos, para así sortear cualquier embargo de la justicia norteamericana.

Respecto de la propuesta de Fintech, la fuente indicó: "La Argentina no es que declararía el default, sino que puede entrar en cesación de pagos por presión de la justicia de Estados Unidos". Pero los críticos de esta postura advierten que un default también acarrearía costos para la economía local.

La última palabra de cuál propuesta privilegiaría el Gobierno la tiene la presidenta Cristina Kirchner, quien por prescripción médica debe cumplir con un estricto reposo. Consultados por LA NACION, en el Ministerio de Economía no hicieron declaraciones.

El argentino Gustavo Ferraro sería uno de los que desde el fondo Gramercy estarían fogoneando la primera propuesta de llamar a una asamblea de bonistas. Gramercy es uno de los fondos que habrían también facilitado el acuerdo del Gobierno por los fallos del Ciadi, ya que, según informó el diario Clarín, habría comprado con descuento las sentencias favorables de dos litigantes originales, Continental y National Grid, para luego hacer diferencia con los eventuales pagos del país.

Hay quienes también incluyen en esta propuesta al banco Merrill Lynch, que es dueño del fondo Blue Ridge, otro de los que recibieron una oferta de pago por la sentencia firme en el Ciadi, ya que era titular del reclamo de la empresa CMS Gas.

Fuente: lanación.com