“No nos importa el reconocimiento internacional de las elecciones”. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, desafió semanas atrás a la comunidad internacional por su postura respecto a las elecciones parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro. El foco de sus críticos estuvo dirigido, principalmente, a Estados Unidos y Europa.

“Quienes se creen los dueños del mundo, Estados Unidos, los países europeos, creen que son ellos los que le dan vida a un resultado electoral y nos preguntan con una sonrisa: ‘¿Qué pasaría si nosotros no los reconociéramos?’ (...) No nos importa porque quien tiene que hablar en las elecciones de Venezuela es su pueblo, no ningún Gobierno, ni en Estados Unidos ni en Europa ni en el vergonzoso cartel de Lima -en referencia al Grupo de Lima-”, dijo Rodríguez, durante un acto con estudiantes.

Gran parte de la comunidad internacional adelantó desde hace tiempo que no reconocerá los resultados de los comicios de este domingo por no garantizar las condiciones mínimas de transparencia.

El caso más significativo es el de la Unión Europea (UE), que en septiembre envió una misión diplomática a Caracas para tratar con el gobierno y la oposición el aplazamiento de las elecciones. El objetivo era mediar para que los comicios cuenten con los requisitos mínimos, entre ellos observadores internacionales.

La misión de la UE planteó a las autoridades chavistas la posibilidad de aplazar la votación unos seis meses, argumentando que era muy poco el tiempo que tenía para conformar un equipo de observación para este 6 de diciembre.

Sin embargo, la postura fue inflexible. Maduro consideró “inadmisibles” las condiciones planteadas por el bloque comunitario y adelantó que seguiría adelante con el proceso electoral “de manera libre y soberana”.

Por ese motivo, el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves le Drian, anunció a finales de octubre que la Unión Europa no reconoce el proceso electoral. “La manera en la que se prepara la elección del 6 de diciembre es totalmente discutible. No reconocemos el proceso en marcha, es una posición clara y es una posición europea (...) Queremos garantizar la legitimidad de esas elecciones, pero pudimos constatar que las garantías de transparencia no están reunidas, no están propuestas por el régimen”, declaró el ministro francés ante el Senado de su país.

“El Estado venezolano no admitirá injerencias o pretendidos tutelajes externos de ninguna naturaleza”, fue la respuesta de la cancillería chavista.

La misión de la Unión Europea viajó a Caracas luego de la reunión ministerial del Grupo Internacional de Contacto (ICG, por sus siglas en inglés) para Venezuela -conformado por Argentina (se incorporó en agosto), Bolivia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay-. Tras el encuentro virtual entre esas naciones, el bloque emitió un comunicado en el que concluyó que en Venezuela “no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente”.

Los miembros del ICG indicaron que la solución a la crisis venezolana es mediante “elecciones legislativas y presidenciales libres, creíbles, transparentes y justas”.

En el texto difundido luego de la reunión ministerial, el Grupo estableció cuáles serían las condiciones mínimas para reconocer un proceso electoral en Venezuela: “Se deben eliminar todos los obstáculos a la participación política para que se lleve a cabo un proceso electoral significativo. Esto incluye, entre otras cosas, el respeto del mandato constitucional de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, la devolución del control de los partidos políticos a sus administradores legítimos, el cese de la inhabilitación y el enjuiciamiento de los líderes políticos, el pleno restablecimiento de sus derechos y de otros candidatos a la igualdad política. Participación, actualización integral del padrón electoral, incluyendo a votantes jóvenes y venezolanos en el exterior, y un CNE independiente y equilibrado, y participación igualitaria y acceso irrestricto a todos los medios”.

Junto a Francia, España y el Reino Unido fueron los países europeos más enfáticos en su rechazo al proceso electoral llevado adelante por el mandato chavista. La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica de España, Cristina Gallach, indicó que su país no reconoce los comicios de este domingo porque “no garantizan los principios básicos democráticos que deben de tener”.

En esa línea se pronunció Wendy Morton, viceministra de Exteriores del Reino Unido: “Las elecciones presidenciales y legislativas libres, justas, creíbles y transparentes son las únicas soluciones sostenibles a la actual crisis política, humanitaria y económica en Venezuela”.

La Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de la asamblea general desarrollada en octubre, también exigió “condiciones democráticas mínimas” para el reconocimiento de los resultados de las elecciones legislativas. Esa moción fue aprobada con 21 votos a favor, 4 en contra, y 9 abstenciones.

El texto presentado por Colombia -apoyado por Bolivia (ex gobierno de Jeanine Áñez), Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela (cuyo delegado representa a la Asamblea Nacional, de mayoría opositor)- establecía que el reconocimiento de los comicios dependería “del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos, con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble”.

Sin embargo, ya en ese entonces -21 de octubre- era tarde para establecer misiones de observación porque, tal y como está establecido para cualquier país, estos entes deben supervisar el proceso completo, no solo la jornada electoral o los días previos.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, pidió explícitamente al resto de las naciones que “no reconozcan las elecciones ilegítimas de Venezuela, pasadas o presentes”.

Hace unos días el secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó su apoyo al informe publicado por Naciones Unidas sobre la crisis venezolana, y remarcó que “es absurdo pensar que los criminales de lesa humanidad que reprimen y eliminan oposición y disidencia puedan organizar elecciones libres y justas”.

El organismo sostuvo que es “necesario” que la comunidad internacional “cese de otorgarle al régimen opciones de legitimación para las elecciones claramente fraudulentas como han hecho determinados actores internacionales actuando en coordinación con actores políticos locales cómplices de la dictadura”.

Por su parte, otro organismo que expresó su rechazo a las elecciones convocadas por el chavismo fue el Grupo de Lima. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, indicó que el documento firmado por el bloque “es un mensaje sólido a la comunidad internacional frente a la necesidad de rechazar el fraude electoral que está configurando en Venezuela el régimen ilegítimo de Maduro”.

El documento -suscrito por 14 de los 16 países que participaron de la reunión de octubre- indica que “la democracia se restablecerá plenamente sólo con elecciones generales presidenciales y parlamentarias libres y con garantías”. Uno de los dos miembros que no acompañó la iniciativa fue Argentina, cuya diplomacia atravesó semanas de controversia con respecto a la crisis venezolana luego de que su embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, rechazara el informe de la misión de la ONU sobre los crímenes de lesa humanidad en el país caribeño.

La declaración del Grupo de Lima sí fue ratificada por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela; y por Ecuador, como país observador.

En los últimos días el gobierno chileno reiteró su postura por medio de su canciller Andrés Allamand, quien afirmó que La Moneda no reconocerá los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela, e insistió en que la “autoridad legítima” de ese país es Guaidó: “Seguimos trabajando bajo la premiso de que la autoridad legítima que existe en Venezuela es Guaidó”.

Allamand remarcó que Chile seguirá reconociendo al líder opositor como presidente de Venezuela, incluso si pierde su escaño como diputado de la Asamblea, cosa probable pues Guaidó, como gran parte de la oposición, decidió no concurrir a dichos comicios, alegando que se producirá un nuevo “fraude”.

Ante este escenario, el gobierno de Maduro tendrá el reconocimiento de su limitado núcleo de aliados, como Rusia, China, Cuba e Irán. El gobierno de Vladimir Putin envió un grupo de observadores para acompañar la jornada electoral.

En la previa de los comicios, Juan Guaidó se mostró confiado en que la comunidad internacional no reconocerá el resultado de las elecciones legislativas: “No va a haber reconocimiento a ese proceso, por lo tanto va a haber reconocimiento a la lucha venezolana y al Parlamento nacional”, dijo el presidente de la Asamblea nacional a la prensa, tras liderar una asamblea ciudadana en el este de Caracas el pasado miércoles.

El líder opositor, reconocido como presidente interino por más de cincuenta países, indicó que, aunque Maduro intenta “confundir” a la comunidad internacional, no tiene dudas de que los países que le apoyan “va a acompañar” la lucha del Parlamento por elecciones con condiciones “básicas”.