El Gobierno de San Luis presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Río Cuarto contra quienes “resultaren autores, coautores, cómplices, encubridores y/o instigadores de los cortes que vinculan a las provincias de San Luis y Córdoba”.

En tanto, anticipó que se formularán demandas similares ante juzgados federales de Mendoza y de La Pampa, las otras provincias donde hay piquetes contra las medidas restrictivas para la libre circulación tomadas por la administración de Alberto Rodríguez Saá. 

La demanda apunta puntualmente a los piquetes situados sobre las rutas nacionales 7 y 30, próximos a los ingresos a las localidades puntanas de Justo Daract y La Punilla, y que “impiden la libre circulación de bienes y personas, obstaculizando el comercio terrestre y el transporte interprovincial e internacional, interrumpiendo totalmente el paso por esas vías”, expresa la denuncia.

Según publica la Agencia de Noticias de San Luis, el planteo fue elevado por el fiscal de Estado provincial, Eduardo Allende, en función del artículo 194 del Código Penal que castiga a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

El Gobierno puntano le pide a la Justicia Federal riocuartense, que hace dos meses falló en contra de las medidas restrictivas de San Luis, que evalúe que este impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra interjurisdiccionales, provoca “un obstáculo insalvable para la libre circulación de bienes y personas, como así también para el comercio terrestre interprovincial e internacional”.

Según la demanda, los piquetes además “imposibilitan la salida y/o entrada de personas que debidamente autorizadas y cumpliendo los protocolos vigentes dictados en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 deben ingresar y/o egresar de la provincia para el cumplimiento de tareas y/o funciones esenciales, provocando de esa manera un grave perjuicio al interés general”, algo que fue desmentido por los productores y trabajadores autoconvocados.

Para Allende, “esta actitud deliberada, premeditada e intencional tiene por clara finalidad provocar un caos social, infundiendo temor público en la población de la provincia de San Luis”, porque “los denunciados harán un corte por tiempo indeterminado de modo de dejar aislada y desabastecida a la población, con el agravante del impedimento del traslado de las muestras de pacientes posiblemente enfermos, lo que constituye un evidente y gravísimo perjuicio para la salud pública”.

Con información de agrovoz.lavoz.com.ar