Diana Cohen Agrest es Doctora en Filosofía, ensayista y Presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia. Premio Konex 2016 de Platino en “Ética”. En el 2011 mataron a su hijo cuando iba a realizar una compra. 

Diana Cohen Agrest dialogó con Mabel Sánchez y retomó un texto publicado en Diario Clarín, donde expresó el pensamiento que se reproduce a continuación.

"La liberación de los presos, ¿fue idea de los internos? ¿fue idea de los abogados? ¿fue idea de los jueces? Comencemos por llamar al pan, pan y al vino, vino. No se trata de un problema de salud. Si así fuera, lo último que habría que hacer es enviar un preso a su domicilio, devastado por la crisis económica que desatará la pandemia de coronavirus ​o la disfuncionalidad de cualquier familia que recibe a quien sale de la cárcel.
Paro aquí, porque trato de argumentar con razones lo que no es sino una decisión ideológica que se aferró a la excusa de la pandemia cuando, en verdad, es de larga data.

Todos recordamos a Víctor Hortel con Vatayón Militante. Una vez que abandonó la primera plana de los diarios, pasó al olvido. Pero su actividad siguió, impulsada por una cultura marginal. Peligrosamente marginal. Porque lo marginal atrae, seduce. De allí que el espectador consume series de marginales pensando que lo que ve no sale de la pantalla. Pero ahora salió. Como en "La rosa púrpura del Cairo", esa fantástica película de Woody Allen, donde los personajes salían de la pantalla.
Pero no se trata ni de películas ni de series y ni siquiera, curiosamente, de una movida tumbera en circunstancias excepcionales. Porque de una población de 41 mil presos (en Provincia hay unos 50.000 y unos 80 mil en el país), la rebelión está integrada por apenas 300 o 400 internos, no más.

El problema es más grave, porque es una movida política que se vino gestando escalonadamente en el último mes: primero los celulares, luego el arresto domiciliario, después la conmutación de penas y ahora la liberación. Las víctimas, un puñado enorme de gente herida, genuinamente vulnerable, reclamamos con razones ante un Estado irracional, un Leviatán totalitario que, de un plumazo, borra todas las penas.
La pregunta entonces es cuál es el interés político que esconde esta medida. Bien sabemos que gobernar la Argentina implica, desde hace muchos años, ceder ante organismos de Derechos Humanos ideologizados que se han encargado de tergiversar los conceptos de víctima y victimario.

El lenguaje siempre resulta una buena arma de batalla para comenzar a mover las piezas en un juego donde se protegen ideas con formidables lemas y profundo desinterés de la verdadera paz social. En la política no se trata de contribuir al bien común, sino de solucionar problemas con el menor impacto negativo a la imagen gubernamental.
La liberación de presos en aras de un “bien sanitario” es una falacia, un razonamiento falso, porque no se impide la propagación del virus liberando masivamente a los presos, ya que si estaban detenidos por orden judicial era porque habían roto la ley cometiendo delitos, y nada indica que ahora vayan a cumplirla manteniendo una cuarentena​, lo que implica un nuevo riesgo sanitario para ellos, y para el resto de la población.

Pero lo peor es que, bajo el lema de erradicar la superpoblación carcelaria lo que en realidad de promueve es el beneficio de la impunidad y la existencia posible (muy posible) de nuevas víctimas. También el desentendimiento total de una crisis que nadie quiere resolver, porque en los discursos enunciar la creación de escuelas es más redituable.
Pero en nuestro país, los problemas terminan en tragedias y las tragedias en recuerdos sórdidos para quienes pueden recordar. Las soluciones llegan mal y a destiempo, llegan para no solucionar nuestra vida y futuro. Llegan para decirnos, como el mayo francés, que de un lado está la libertad y los oprimidos y del otro los violentos y opresores, volviéndonos responsables de esos males, horadando en nuestras heridas mientras el encierro nos convierte en espectadores de una película que sale de la pantalla, es cierto, pero lo que es peor, no hay voluntad de detenerla.

Esa misma pena que tarda en dictarse, cuando se dicta (solo el 3 por ciento de los delitos son investigados y menos del 1 por ciento son castigados), hoy se anula por el arbitrio de un árbitro arbitrario. El juez de Casación Víctor Violini declaró que “hay decisiones que no son gratas, pero nosotros, como jueces, tenemos la responsabilidad y la obligación de salvar vidas”.
¿Cómo se puede sostener ese cinismo cuando se pone en riesgo la vida de miles de personas, y no precisamente la de los 6.000 presos que liberarán sólo en la Provincia de Buenos Aires, la cual seguramente será imitada por otras cárceles de otras jurisdicciones? Lo digo una vez más: a nuestros hijos no los mataron sus asesinos. Los mataron otros: aquellos que, desde un escritorio, firman la sentencia a muerte de miles de argentinos. De los que ya no están. De los que pronto no estarán. Por lo menos, ahora, conocemos quiénes son nuestros verdugos".