“Hoy no podemos pagar y no lo podemos hacer por varios años”, aseguró este jueves el ministro de Economía Martín Guzmán cuando presentó en Olivos, junto Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa y gobernadores, la oferta del Estado argentino para reestructurar la deuda con bonistas privados.

"Vamos a cambiar la estructura de bonos de deuda, por otra: periodo de gracia por tres años, hasta 2022. Empezaría a pagar en 2023 un cupón promedio de 0,5% y esas tasas crecerían hasta niveles sostenibles. El interés promedio de la propuesta es 2,33%. Hemos tratado de entender a los acreedores. La propuesta es más reducción de intereses que de capital. Reducción de USD 3.600 millones, quita de 5,4% del stock de deuda externa y reducción de interés de USD 37.900 millones, que es el 62%”, detalló Guzmán.

Momentos después, la Secretaría de Finanzas envió un detalles con de la oferta, o al menos de lo que representa en términos de números.

Allí, por ejemplo, se detalla cómo son los vencimientos hasta 2030.



Además, el gobierno hizo una comparación, algo antojadiza, de qué ahorro podría significar la aceptación de la propuesta de parte de los bonistas privados. Algo que, a priori, parece tener bajas chances de suceder.

Se utilizaron parámetros muy en la cabeza de los argentinos por estas horas, como respiradores automáticos, AUH, Bonos Anses y Tarjetas Alimentar.

Allí, por caso se asegura que con los USD 4.500 millones que el gobierno “ahorraría” –dejaría de pagar, en rigor–, sólo este año se podría comprar una de estas seis opciones:

- 386.663 Respiradores industria nacional.

- 3,2 veces el presupuesto asignado actualmente al Ministerio de Salud para todo el 2020.

- 1,7 veces el gasto mensual en el total de Jubilaciones y Pensiones.

- 93,4 millones de AUH (16,7 veces el gasto mensual en AUH).

- 57,9 millones de Tarjetas Alimentar (actualmente hay 1.1 millones).

- 29 millones de IFE (3,7 veces el total de beneficiarios anunciados).



Cuándo la comparación se hace con el resto de la deuda, entre 2020-2025 y por un total de USD 34.100 millones, las autoridades estiman que podrían destinarse a:

- 2,9 millones de respiradores industria nacional.

- 10,4 años de AUH.

- 439,9 millones de Tarjetas Alimentar.

- 219,8 millones de IFE (28 veces lo otorgado a los actuales beneficiarios).

- 205,9 veces el presupuesto de las Becas Progresar.

- 12,9 meses de Jubilaciones y Pensiones totales.



Además, el paper del Gobierno intenta describir el contexto actual detallando que las necesidades brutas de financiamiento (GFN) del Estado a lo largo de los últimos 10 años se duplicaron “generando desequilibrios que atentan contra la sostenibilidad”. Así, esas necesidades brutas de financiamiento como porcentaje de PBI (incluyendo sector público), pasaron de 10% en 2010 a 20% este año. Y serán de 18% en 2023.

También resalta parte del discurso oficial sobre los “Objetivos para recuperar la sostenibilidad”: Estabilizar la Deuda Pública en niveles sostenibles del PBI, Extender plazos de los vencimientos de deuda y Reducir los intereses de deuda a tasas sostenibles de largo plazo.

Cuando detalla los medios para sostener esa sostenibilidad, menciona a:

- Extensión de plazos y periodo de gracia: la nueva estructura de deuda debe aliviar considerablemente los vencimientos en moneda extranjera en el corto plazo para que el país pueda recuperar una senda de crecimiento sostenible.

- Disminución significativa en las tasas de interés: reducir los servicios de deuda en el largo plazo y bajar los costos de refinanciación.

- Reducción del capital adeudado: garantizar solvencia.

Con información de Infobae