Mientras la Iglesia pide a los fieles quedarse en casa, el régimen sandinista acarrea a simpatizantes a sus propias procesiones religiosas y planea realizar 800 actividades en el verano.
Nazarenos, soldados romanos, vírgenes dolorosas, una Verónica y una Magdalena estaban listos este lunes santo para subir a las lanchas que flotaban en las aguas del Gran Lago Cocibolca, en la ciudad colonial de Granada, al sur de Nicaragua. Eran decenas de actores que representaron una Judea acuática, una de las 800 actividades organizadas por el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) para “reposicionar” al país como destino en medio de una crisis global sin precedentes que tiene a gran parte del mundo en aislamiento.
La Judea acuática era, también, la respuesta de las autoridades a la decisión de la Diócesis de Granada de cancelar su tradicional Viacrucis Acuático para prevenir brotes de Covid-19. Granada es uno de los principales destinos turísticos del país y esta Semana Santa se ha convertido en el mejor reflejo de la situación que viven los nicaragüenses: mientras la Iglesia católica suspendió todas las procesiones y misas presenciales a nivel nacional para evitar contagios masivos, el Gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo han convocado a una serie de eventos para suplantar las tradiciones de cuaresma.
“Esta primera Judea acuática es una manera de fortalecer la fe para regresar a casa llenos de paz y tranquilidad”, exaltó Julia Mena, la alcaldesa sandinista de Granada. En el evento había unos 400 simpatizantes del Gobierno, a quienes la propaganda gubernamental calificó como “devotos”. Además de las lanchas para los actores, unas treinta embarcaciones más fueron dispuesta para trasladar a los simpatizantes. “Semana Santa en familia, protegiendo y defendiendo la vida”, se podía oír en los eslóganes del Intur.
Pese a la emergencia sanitaria mundial, el Gobierno de Ortega no ha impuesto cuarentena, ni cierre de fronteras, ni suspensión de actividades, ni cancelación de clases presenciales. En Nicaragua, hasta la fecha, solo se reconocen oficialmente siete casos positivos de coronavirus y un fallecimiento. Desde la llegada del virus a la región, el régimen sandinista ha ejecutado una política que no solo minimiza la gravedad de la pandemia, sino que busca silenciar cualquier atisbo o señal de preocupación por el coronavirus.
Las primeras medidas del Gobierno frente a la pandemia sorprendieron al mundo: convocaron a una marcha llamada Amor en tiempos del Covid-19, en los puertos del país tenían a niños recibiendo cruceros cargados de turistas y, días después, lanzaron jornadas de “visitas casa a casa” para concientizar a la población sobre el virus. Las autoridades sanitarias han ordenado a los doctores no usar equipos de protección como mascarillas, alegando que causa “alarma entre los pacientes”. Simpatizantes sandinistas incluso han llegado a agredir a personas en las calles porque usan mascarillas y guantes de látex. Ciudadanos han denunciado que las estructuras partidarias en los barrios “los espían”, y luego mandan a trabajadores sanitarios a explicarles que “no es necesario usar protección”
Públicamente, el Gobierno ha intentado vender la idea de que el virus no se propagará en el país porque “el sistema de salud nicaragüense es público y no privado”. Y, en el más disparatado de los argumentos, uno de los voceros oficiales aseguró que el nuevo coronavirus es “el ébola de los ricos”, y que a los pobres no puede contagiarlos. Junto con estas medidas, la vicepresidenta Rosario Murillo ordenó redoblar las actividades de su Plan Verano 2020.