No hay porcentajes oficiales sobre la mora extra que produjo hasta ahora el conflicto judicial por el reclamo de un nuevo sistema de remuneraciones para los empleados, pero desde el propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) admiten que el servicio está afectado.

Al atraso estructural que desde hace años acarrea la Justicia, se sumó un conflicto que se inició el 1° de julio con trabajo a código (a desgano) y se fue agravando. Hubo desde una inédita toma del Palacio de Justicia por casi 30 horas, asamblea permanente desde el 20 de septiembre y cuatro días de paro en menos de dos meses.

Los sectores más críticos por la falta de normal atención son los fueros Penal y de Familia, pero la medida de fuerza castiga también con dureza a los juzgados laborales y civiles. 

Los miles de ciudadanos que requieren del servicio de justicia –y no pueden hacer oír su voz– sufren los efectos colaterales del conflicto. Desde demoras para recuperar la libertad, pasando por la luz verde para cuotas alimentarias hasta el permiso judicial para que un padre que no tiene la tenencia pueda ver a su hijo. La ejecución de órdenes de pago y los embargos son la pesadilla en el fuero Civil. Ante un pedido del Colegio de Abogados de Córdoba de que se disponga una prórroga de los plazos fatales –fechas decisivas de audiencias u otras instancias– el TSJ descartó que se declare inhábiles los dos días de paro. 

El alto cuerpo sostuvo en un comunicado que sin desconocer la entidad del problema, “el servicio de justicia en momento alguno y bajo ninguna condición estará desatendido, sino que está asegurado por la existencia en la oficina judicial respectiva de un juez, un secretario y uno o más prosecretarios letrados”, además de empleados puedan no adherir a la medida de fuerza. 

No obstante, el TSJ promete que ante dificultades que puedan presentase para la realización de algunos actos procesales concretos, los jueces están facultados para “asegurar los mecanismos funcionales para que no se vean frustrados derechos y/o garantías procesales de los justiciables”.

Más allá del pronunciamiento oficial, el propio García Allocco admitió que la adhesión al paro fue muy importante y perjudica a todos los fueros. Desde el gremio evaluaron que la adhesión al paro fue ayer del 90 por ciento.

“La Justicia tiene que funcionar normalmente y no lo está haciendo”, reconoció el presidente del alto cuerpo.

Las perspectivas para una pronta solución del problema son inciertas. Tras el paro que concluirá hoy, el gremio realizará una nueva asamblea para determinar los pasos a seguir.

Por su parte, el alto cuerpo recibirá hoy nuevamente a la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia que se ofreció mediar en el conflicto.

Pero el alto cuerpo condicionó la vuelta al diálogo al levantamiento de todas las medidas de fuerza. “Para que el diálogo sea fructífero es necesario una paz social creíble y duradera”, exigió García Allocco.

Desde el gremio, Irina Santesteban, dijo que ayer hizo otra contrapropuesta al TSJ, pero no tuvo ninguna respuesta. 

Lo que está en discusión entre el TSJ y el gremio no es un aumento salarial inmediato sino un sistema de enganche porcentual de los empleados con lo que cobran los vocales del TSJ, para aplicarlo en 2014.

El proyecto inicial presentado por el gremio demandaba, según sus propios cálculos, un costo anual de 750 millones de pesos. La propuesta fue considerada inviable por el TSJ. Hubo otra iniciativa del gremio que tampoco prosperó y finalmente el alto cuerpo hizo otra oferta que reconocía el sistema porcentual pero no una mejora salarial relevante.

La carpa que levantó el gremio al frente del Palacio de Justicia se convirtió ayer en una tribuna por donde desfilaron dirigentes y candidatos que expresaron su apoyo al reclamo de los judiciales y cuestionaron con dureza al alto cuerpo.


Fuente: LAVOZ.com.ar