El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó a cargo de las causas que instruía el fallecido Claudio Bonadio. Así lo determinó el azar este martes en un sorteo realizado por la Cámara Federal entre siete magistrados. Por distintos motivos, se habían excusado María Servini, Daniel Rafecas y Luis Rodríguez.

Martínez De Giorgi asumirá tareas en el Juzgado 11 por un año o al menos hasta que se defina el concurso que definirá al reemplazante de Bonadio. El plazo podría extenderse incluso a los dos años.

El sorteo era de lo único que se hablaba esta mañana en el edificio de Retiro. En voz baja, jueces y empleados admitían que nadie quería salir sorteado, pero sabían que las posibilidades estaban entre siete candidatos. La elección estaba entre Sebastian Ramos (2), Ariel Lijo (4), María Eugenia Capuchetti (5), Rodolfo Canicoba Corral (6), Sebastián Casanello (7), Martínez De Giorgi (8) y Julián Ercolini (10).

Minutos después de las 11 de la mañana, frente a una decena de periodistas, el pequeño bolillero alojó los números que podían ser sorteados: el 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. El empleado a cargo mostró cada bolilla a los periodistas, que filmaban la escena. El bolillero giró cinco vueltas. Y el empleado definió al elegido: el ocho.

Una curiosidad: Martínez De Giorgi también fue el seleccionado cuando tocó subrogar el juzgado que dejó vacante, con su renuncia, Norberto Oyarbide, a comienzos de la gestión de Mauricio Macri. Y estuvo al frente del juzgado federal 2, como subrogante, durante más de cuatro años, hasta que se definió quien sería su titular. Antes, había sido secretario en la Sala 2 de la Cámara Federal.

En su juzgado, el 8, De Giorgi tiene la causa por los sobornos que habría pagado Odebrecht para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Allí había dictado procesamientos para el ex ministro Julio De Vido y otros funcionarios y la falta de mérito para empresarios, pero la Cámara Federal anuló esa decisión. En su despacho también tramitó el expediente por la Fundación de la Madres de Plaza de Mayo, que derivó en el procesamiento de la titular de la asociación, Hebe de Bonafini; de De Vido y de los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, entre otros.

Ahora, el juez deberá analizar las causas que radican en el juzgado de Bonadio. Allí quedan algunas partes abiertas de la causa de los cuadernos, aunque el tramo principal de esas investigaciones ya fue derivado a juicio oral. Es que todas las causas que se abrieron pasaron a juicio oral, pero sin embargo había tramos de esas investigaciones que no habían sido ratificados por la Cámara Federal o en donde se había ordenado profundizar la investigación. Un ejemplo es el capítulo Techint en la causa por las anotaciones de Oscar Centeno. Otro una serie de directivas que dio la Cámara Federal sobre la profundización de la causa de Gas Licuado (GNL), el expediente que dio origen a que las anotaciones del remisero de Roberto Baratta.

Pero no solo la causa de los cuadernos concentró la atención en el juzgado de Bonadio. Allí también se investiga la llamada “Operación Puf”, el expediente que se abrió para esclarecer si un grupo de detenidos kirchneristas quiso complotar contra el expediente de los cuadernos. La denuncia la hizo la diputada Elisa Carrió y se presentó el fiscal Carlos Stornelli como querellante, justo cuando nacía la causa D’Alessio, en Dolores. La Cámara Federal le había recomendado precisamente a Bonadio que se excusara de seguir interviniendo. Mientras tanto, el expediente pasó por seis fiscales.

Otro de las causas que concitan la atención periodística y que se encuentran en el juzgado federal 11 es la causa por lavado de dinero por las cuentas que tenía Alberto Nisman en Estados Unidos, y que estaba a nombre de su madre, Sara Garfunkel, su hermana Sandra y el técnico informático Diego Lagomarsino, hoy procesado como partícipe necesario del homicidio del fiscal de la UFI-AMIA.

Mientras avanzaba la investigación por el homicidio de Nisman, Bonadio no activó movimientos en esa investigación. Decía que estaba a la espera de que la Corte Suprema definiera si podía usarse como prueba el informe de la FINCEN, de Estados Unidos, reportando movimientos sospechosos en una cuenta del Merrill Lynch donde Nisman aparecía como apoderado, y pese a ser una Persona Políticamente Expuesta.

El juez al que le toque analizar las causas de Bonadio también tendrá que definir la situación de medio centenar de ex intendentes, que habían sido imputados en los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Es que la Cámara Federal confirmó los procesamientos de unos 40 intendentes pero dictó la falta de mérito de otros tantos, y por ello se estaban profundizando una serie de diligencias sobre los jefes comunales para definir en qué situación quedan en el expediente, que ya está próximo a pasar a instancia de juicio oral

Fuente: Infobae