El Gobierno definiría por decreto esta semana el aumento salarial a trabajadores públicos y privados, que de acuerdo a fuentes oficiales oscilaría entre 6.000 y 9.000 pesos, a cuenta de futuros aumentos pactados en negociaciones colectivas. El incremento, se especula, quedaría eximido del pago de aportes y contribuciones patronales, pero sí aportaría a ítems como aguinaldo, indemnizaciones y vacaciones.

La norma que elabora el Ministerio de Trabajo busca, siempre de acuerdo a los portavoces del Gobierno, "recomponer el poder adquisitivo de los empleados", deteriorado por los altos índices de inflación. El aumento también alcanzará a los empleados de la administración pública, y tendría carácter remunerativo; se cobraría de una sola vez en febrero, con el sueldo de enero.

Atilio Lunardi, presidente del Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios (Cecis), expresó que “será complicado para los empresarios privados pagar un monto fijo de aumento a los empleados siempre y cuando no se mueva la economía”. Consideró que la medida debe venir acompañada de otras que generen equilibrios.

Además, Lunardi señaló que "para los empresarios la situación también es difícil por los bajos niveles de consumo".