El Gobierno definiría por decreto esta semana el aumento salarial a trabajadores públicos y privados, que de acuerdo a fuentes oficiales oscilaría entre 6.000 y 9.000 pesos, a cuenta de futuros aumentos pactados en negociaciones colectivas.

El incremento, se especula, quedaría eximido del pago de aportes y contribuciones patronales, pero sí aportaría a ítems como aguinaldo, indemnizaciones y vacaciones.

La norma que elabora el Ministerio de Trabajo busca, siempre de acuerdo a los portavoces del Gobierno, "recomponer el poder adquisitivo de los empleados", deteriorado por los altos índices de inflación.

El aumento también alcanzará a los empleados de la administración pública, y tendría carácter remunerativo; se cobraría de una sola vez en febrero, con el sueldo de enero.

La iniciativa en marcha establece que no se superpondrá con los incrementos pendientes de organizaciones sindicales que hubiesen negociado aumentos para los primeros meses de 2020.

El monto final de la mejora salarial para los trabajadores del sector privado dependerá de las capacidades de cada sector. Se trata de la segunda parte del paquete que tejió el Presidente para apuntalar a trabajadores del sector privado, luego del DNU que establece la doble indemnización para despidos sin causa por los próximos 180 días.

Así lo explicó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, durante la presentación que realizó en Diputados para defender el megaproyecto de leyes de emergencia que finalmente fue aprobado en el Congreso de la Nación. 

"¿Qué es lo que pensamos hacer con los salarios? Así como se ha producido en el sistema previsional una dispersión importante, en los salarios ha pasado algo parecido. Hay sectores que han podido seguir bastante de cerca los índices de inflación, otros que han perdido algo; y sectores que perdieron muchísimo en esta economía que hemos tenido estos años", dijo el funcionario nacional. 

Foto portada: Luciano Thieberger