Se lo llama, internamente, el “plan de los 100.000 millones” de pesos. Ese sería, aproximadamente, el dinero que el próximo gobierno de Alberto Fernández quiere volcar al mercado interno en los primeros meses de gestión, para reactivar la economía. El destinatario de esos desembolsos serán jubilados, trabajadores públicos y privados con salarios cercanos al mínimo de $ 18.875 y beneficiarios de planes sociales. El criterio de selección de los que recibirán los pesos es claro: se trata de un público sin capacidad de ahorro y se descarta que cualquier peso extra que perciban se destinará al consumo. Para el resto de los trabajadores no habrá planes especiales, y se esperará a que sean las negociaciones paritarias las que determinen los incrementos salariales. El único requisito que impondrá el próximo gobierno es que, en todos los casos, haya cláusula gatillo para que, como mínimo, los sueldos le empaten a la inflación durante 2020. En paralelo habrá políticas de contención de los precios, se mantendrán los beneficios impositivos al IVA impulsados por Mauricio Macri, se profundizarán los planes Ahora 12 y Ahora 18 y la ya anunciada tarjeta social para los beneficiarios de los planes activos. El origen del dinero para financiar este programa de aumento de la base monetaria es simple.

Por un lado habrá incrementos de impuestos (retenciones y bienes personales pican en punta). Por el otro, habrá emisión monetaria lo que, obviamente, representa una seria amenaza inflacionaria. Ante esto la respuesta del próximo oficialismo es simple. Se considera que todo dependerá de la confianza que se le tenga al plan de los primeros tres o cuatro meses de gestión de Alberto Fernández. Si se considera que hay confianza en que la situación económica mejorará, se especula con que los productores de bienes de consumo masivo a los cuales está destinado el plan, aumentarán sus líneas de producción hasta abastecer el incremento esperado en la demanda interna que se pontenciará con los millones de pesos que se volcarán al mercado. Si, por el contrario, los fabricantes de alimentos, bebidas y bienes de consumo masivo (entre otros), creen que los pesos aumentarán la demanda, pero que se tratará de un efecto efímero e inflacionario, mantendrán los actuales niveles de producción, liquidarán stock existente y se replegarán ante el posible estallido monetario. En otras palabras, todo dependerá de la confianza que los fabricantes tengan ante el nuevo plan. Según fuentes del futuro oficialismo, será el propio Alberto Fernández el que se pondrá al hombro un primer momento de contactos directos con los principales productores locales; para que confíen y se vuelquen por la primera opción. Esto es, aumentar el ritmo de producción de sus plantas.

La idea general, es que la inyección del dinero provocará un cambio de clima, a partir de una mejora inevitable en el ritmo de ventas dentro del mercado interno. Y que a partir de allí, comiencen las decisiones de aumento de las líneas de producción y, en poco tiempo, una mejora en la actividad industrial. Hay un factor que puede alterar el optimismo: según datos de la COPAL, el uso de la capacidad instalada está ubicada en la mayoría de las plantas, en el mejor de los casos, en el 60%, con lo que si se da el incremento en la demanda, lo que probablemente hagan los privados es completar las líneas de producción ya existentes antes de pensar en inversiones directas.

Este plan de aumento con anabólicos para el consumo interno será presentado por el propio Alberto Fernández el 10 de diciembre; con un llamado a los industriales a confiar en la propuesta. Se comparará la idea con la herencia industrial recibida, mencionando que el Gobierno de Mauricio Macri tuvo tres años de caída en cuatro de gestión. Y que para el tercer trimestre de 2019 se mostrarán los peores números de la economía real de todos los años del macrismo en el poder. Será el momento, además, de develar los números generales que recibirá Alberto Fernández, para que se los tome como el punto de partida para que se lo juzgue en los próximos cuatro años de gestión. La variable que más polémica generará, porque será cuestionada por el propio macrismo, será el nivel de déficit fiscal que recibirá. Desde el albertismo se estima que el desequilibrio que le dejará la gestión de Mauricio Macri alcanzará un déficit de entre 1,5% y 1,8% del PBI, por encima incluso de la meta del 1% comprometida ante el FMI para este año, según reza el stand by vigente.

Si se cumpliera la previsión de la aún oposición, el déficit primario treparía a los $250.000 millones.

El actual ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, afirma y garantiza que el dato será mucho menor y que Alberto Fernández heredará, en el peor de los casos, una diferencia entre ingresos y gastos de no más del 0,5% del PBI. Esto es, un porcentaje aún menor (la mitad) que lo firmado ante el FMI en septiembre del año pasado. La diferencia alcanza entonces a los $160.000 millones, un nivel incluso superior al costo del paquete post-PASO que lanzó Mauricio Macri luego de la derrota del 11 de agosto, y que en toda la línea de gastos incrementados e ingresos postergados acumuló unos $90.000 millones. La realidad tardará en conocerse. Recién para la tercera semana de enero se sabrá cuál es el resultado fiscal primario real que dejó Mauricio Macri en su paso por la administración nacional y, en consecuencia, qué tan lejos estará Alberto Fernández en garantizar el año en que logrará el equilibrio. Igualmente, la intención del próximo presidente es que no más allá de 2021, el superávit sea una realidad y que para el final de su mandato, puesta mostrar un superávit no menor al 1% del PBI. La intención es aún más ambiciosa: según el próximo gobierno, este resultado positivo se logrará con una expansión de la economía y no con ajuste.

Obviamente no será una tarea fácil y, a diferencia de lo que sucedió en el comienzo de la gestión de Mauricio Macri en el primer semestre de 2016, Alberto Fernández necesitará que haya un equipo económico cohesionado. O que, como mínimo, no aplique medidas económicas contradictorias entre sí. Esta coordinación será responsabilidad, probablemente, de Matías Kulfas y del presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Al menos en un primer momento. El primero será el responsable del diseño final y la puesta en práctica del plan de aumento del consumo interno. El segundo, de custodiar la emisión monetaria.

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