El fiscal federal de Córdoba Gustavo Vidal Lascano imputó por supuesta defraudación y lavado de activos a seis integrantes del gremio Luz y Fuerza, entre los que está el secretario Gabriel Suárez. Ninguno quedará detenido ya que el fiscal accedió a la eximición de prisión.

A comienzos de septiembre La Nación adelantó la denuncia impulsada por Mario Villar y Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La presentación se origina en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y plantea que desde 2010 hasta la actualidad hubo operaciones destinadas "a distraer fondos" del sindicato Luz y Fuerza local.

Entre los hechos aparece, por ejemplo, haber puesto "en circulación bienes de origen ilícito" (por ejemplo, a uno de los denunciados se le adjudica una compra millonaria de fichas en casinos) y el haber librado cheques contra las cuentas del sindicato que, a partir de sus endosos, terminaron en manos de personas "de confianza" de Luz y Fuerza, pero que tenían "inconsistencias con el fisco" o directamente no tenían actividad.

Una posibilidad para la Procelac es que el sindicato contratara servicios a cargo de conocidos o con relaciones con los dirigentes para así "desviar fondos" procedentes de la organización. La denuncia también describe que hay movimientos de las cuentas bancarias del sindicato cuya trazabilidad no pudo ser determinada.

El expediente incluye alertas sobre actividades de los denunciados que no tendrían consistencia con sus ingresos y también advierte, en algunos casos, sobre salidas del país.

En septiembre se realizaron más de 18 allanamientos en distintos puntos de esta ciudad, tanto en la sede gremial como en bancos y domicilios particulares. Se retiraron unas 200 cajas con documentación, además de teléfonos celulares y computadoras.

Esta investigación se suma a la abierta contra el sindicato de recolectores (Surrbac), por la que están detenidos su secretario general Mauricio Saillen y su segundo, Pascual Catrambone; además hay más de una decena de imputados. Hace unos días se allanaron el municipal Crese y casas de funcionarios municipales.

La causa por supuesto lavado y defraudación -dicen las fuentes judiciales- tendría su contraparte política. El juez Ricardo Bustos Fierro les fijó embargos de $20 millones a Saillén y Catrambone al dictarles la prisión preventiva y solicitó al Gobierno nacional que proceda a intervenir el sindicato y la mutual, debido a la gravedad de los delitos que habrían cometido los sindicalistas.

Fuente: La Nación