“Yo ya estuve en el fondo del mar. Ahora solo tengo que tratar de salir a flote, tarde un poco más o un poco menos. Lo importante es tener un horizonte. Al haber estado sumergido en el delito, a la mayoría, cuando vuelven al barrio, les dan un arma para ir a chorear o droga para vender en vez de una pala para trabajar o un libro para estudiar. Haberse formado cambia también la percepción de tu entorno”.

Las palabras son de Iván Llanes, 31 años, a Infobae. Iván estuvo preso siete años, desde 2007 hasta 2014, por delitos contra la propiedad privada. En su tercer año en prisión se acercó al estudio. Primero optó por sociología y luego se decantó por abogacía, que, ya fuera, sigue cursando. Cuando lo liberaron, armó una cooperativa y se alejó de la delincuencia. Su caso es solo uno de los numerosos ejemplos que dan cuenta del potencial de la educación dentro de la cárcel.

Pese a ello, casi la mitad de los reclusos, el 48%, no participa de ningún programa educativo. Un artículo de “El Atlas de la Educación”, una producción de la Universidad Pedagógica Nacional que lanzarán el próximo 18 de octubre, señala varios obstáculos: la sobrepoblación que se presenta en algunas cárceles, los traslados compulsivos entre distintos penales y las malas condiciones sanitarias, por ejemplo. Además, en lo estrictamente educativo, suelen faltar recursos financieros y didácticos, las ofertas académicas formales y no formales se superponen y escasean los docentes preparados para enseñar en esos contextos.

Pese a los obstáculos, según datos de 2017 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, un 46% cursa alguno de los programas que se dictan. La mayoría, un 34%, busca terminar la educación obligatoria, ya sea primaria o secundaria. Un 8% hace cursos no formales. Mientras que son pocos los que siguen una carrera universitaria o terciaria dentro del penal. El 2 y 1 por ciento respectivamente.

El nombre técnico es educación en contextos de encierro. Tanto los ministerios de educación como de justicia, nacionales y provinciales, tienen responsabilidad en su implementación. Su historia es de un crecimiento progresivo. Primero la primaria, después la secundaria y, por último, la universidad. Un paso decisivo, marca el artículo, fue la llegada de la Universidad de Buenos Aires a la cárcel de Devoto en 1983, que permitió extender las trayectorias educativas de los reclusos. Hoy la mayoría de las universidades nacionales tienen presencia en las cárceles.



“Argentina es reconocida como modelo, a nivel latinoamericano, de garantía y desarrollo de la educación en las cárceles. Muchos investigadores y funcionarios de los países latinoamericanos miran con atención y admiración lo que se hace aquí desde la educación primaria de adultos hasta la universidad en la cárcel”, le dijo a Infobae Francisco Scarfó, autor del artículo, docente en cárceles y especialista en la materia.

Pese a ser una referencia internacional, Scarfó subrayó que, en los últimos años, se desfinanció el Programa Nacional de Educación en Contextos de Encierro “que es desde donde se motorizaba la modalidad en las provincias” y del que dependía el postítulo de formación docente en la especialidad. “Las universidades, al sufrir una gran retracción de sus presupuestos, también hicieron grandes esfuerzos para sostener y garantizar proyectos y carreras en las cárceles”, agregó.

Del lado de los detenidos, la elección de la carrera universitaria depende más de la disponibilidad que del deseo. Las ciencias sociales suelen ser las de mayor preeminencia, con abogacía a la cabeza. Luego, también son habituales las carreras económicas y, a veces, tecnológicas como programación. En algunos penales también se dictan profesorados o enfermería.

Iván Llanes eligió justamente la más elegida: abogacía de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en la Unidad N°9. "Me empezó a cambiar completamente la vida en la cárcel. Mis compañeros empezaron a tener otra mirada sobre mí. Aprendí a hacer escritos por derecho propio, así que también me buscaban para hacer algún que otro escrito. Sabiendo el grado de indefensión en que se encuentran, estoy escribiendo ‘Manual por Derecho Propio”, un libro para que se puedan asesorar”, comentó.

Iván conoció a Marcela Altamirano en una visita educativa de la Facultad de Derecho. Marcela tiene 37 años. Es de Wilde, partido de Avellaneda. Pasó tres años y medio en prisión y recién el pasado 24 de mayo logró la libertad condicional. Después de un largo proceso judicial, entre cambios de carátulas, fue condenada por administración fraudulenta. Apenas un día después de su ingreso a la Unidad 8 de Los Hornos, se involucró en la actividad estudiantil.

"Estoy convencida de que la educación es la mayor herramienta de inclusión y que, a través suya, se puede generar una concientización y un cambio desde adentro. Es lo que permite reducir los índices de reincidencia. Durante mi estadía en el penal, pude reunir herramientas que, hoy, estando en libertad, puedo aplicarlas”, contó.

Marcela se sumó al Centro de Estudiantes “Juana Azurduy”. En su gestión como vicepresidenta, fomentó distintas propuestas educativas con la UNLP. “Ese fue mi espacio de libertad. Desde ahí empecé un camino de lucha y resistencia por la educación en contexto de encierro”, remarcó.

Esa posición la llevó a tener distintos problemas dentro del penal. “Al extremo de haber estado alojada en áreas de separación y de recibir continuas amenazas de traslado si no desistía”. La dificultad no le impidió hacer una carrera universitaria: optó por Comunicación Social y hoy está a un paso de recibirse. Al mismo tiempo, cursa Abogacía y terminó una tecnicatura en Análisis de Sistemas.

Hoy también en una referente en la defensa de los derechos educativos de los reclusos. La suelen convocar a dar charlas, a contar su experiencia. “Me gusta hablar de lo que viví porque ayuda a visibilizar una realidad que difiere de muchos prejuicios”. Tanto ella como Iván lo ven. Son conscientes del valor que tuvo la educación mientras cumplían su pena. “Nos salvó la vida. La educación es lo único que te salva”, coinciden.


Infobae