“Ordené allanar la Jefatura porque la propia Policía me avisó que un familiar (la esposa) del comisario Rafael Sosa intentaba ingresar a una habitación que le habían asignado en el cuarto piso y que no fue requisada en el primer allanamiento. Debo reconocer que me enteré porque la Policía me avisó y temían que esa persona pudiera retirar algo de interés para la causa”. 

Así lo reconoció el fiscal 
federal Enrique Senestrari al ser consultado sobre el procedimiento que en las primeras 
horas de la tarde de ayer realizó personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, bajo sus órdenes.

El propio jefe de Policía,
César Almada, explicó que al advertir durante la mañana la presencia de la mujer que pretendía retirar elementos del pequeño departamento que ocupaba el exdirector de Lucha contra el Narcotráfico, se le prohibió el acceso y se comunicó la novedad al fiscal.

A esa hora, Sosa empezaba a ampliar su declaración indagatoria con la asistencia de su nuevo defensor, Gustavo Franco. Como en la primera oportunidad, el detenido, acusado de graves delitos, se tomó aproximadamente tres horas para 
deslindar responsabilidades.

Por estas horas, el testimonio del comisario mayor es evaluado por el juez Ricardo Bustos Fierro y es muy probable que en los próximos días comiencen a desfilar por ese despacho varios de los policías mencionados por Sosa.

La actitud del nuevo jefe de Policía no hace más que confirmar su decisión de apoyar a la Justicia para que se llegue a la verdad de lo que ha constituido un duro golpe, sin precedentes, a la Policía de Córdoba, con coletazos en el Gobierno.

Con el transcurrir de los días, lo que se inició por la denuncia del agente encubierto Francisco Viarnes se ha transformado en una megacausa que ha generado la afectación de numeroso personal para el análisis y recopilación de una abundante prueba documental, en especial el material secuestrado durante el primer allanamiento a la sede de Drogas Peligrosas que funciona en la Central de Policía.

Una calificada fuente de la Fiscalía confirmó a este diario que se analizan cientos de sumarios que permanecían en dependencias policiales sin ser elevados a la Justicia federal.

Hasta el momento, se han relevado poco más de 80 sumarios del año 2009 y nada menos que 170 de 2010, lo que lleva a sospechar que esos expedientes se habrían utilizado para extorsionar a traficantes.

Causó sorpresa y conmoción el hecho de que en varias de esas investigaciones no elevadas a la Justicia había delincuentes con pedido de captura que jamás fueron detenidos por los investigadores.

Se reconoció en ámbitos judiciales que en varios de los sumarios bajo la lupa del juez Bustos Fierro y el fiscal Enrique Senestrari se encontraron pedidos de intervenciones telefónicas autorizadas y realizadas por agentes de Drogas Peligrosas, de cuyos resultados jamás se informó.

Filmaciones

Días atrás, Senestrari no ocultó su preocupación por la forma en que actuaban algunos de los investigadores antinarcóticos porque ponían obstáculos para filmar los procedimientos y en algunas ocasiones llegaban a pedir hasta 15 intervenciones telefónicas, a lo que nunca hizo lugar. “Nunca filmaron nada y en el allanamiento de la Jefatura encontramos filmadoras. También había filmadoras en todos los domicilios de los policías detenidos”, dijo.

En el juzgado federal se estaría recibiendo un valioso testimonio a un preso que está declarando como “testigo protegido” y que estaría brindando información muy importante y datos que ni siquiera Viarnes dio a conocer. “Lo más importante es que mucho de lo que ha dicho Viarnes está siendo confirmado por esta persona”, reveló una fuente judicial.

Una versión no confirmada apuntaba a que el nuevo testigo habría mencionado graves episodios, incluido un homicidio en el que podrían estar involucrados policías.

Puja judicial

A todo esto, el fiscal federal general, Alberto Lozada, reconoció en declaraciones a Cadena 3 que existen diferencias políticas “que influyen” en el trabajo de jueces y fiscales federales. 
Admitió, además, que esas 
diferencias se observan aun dentro “de una misma fuerza política”.

“Cada uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible su trabajo y dejar de lado las circunstancias de cuestiones políticas e ideológicas que pueda haber en el medio”, dijo el funcionario al sumar su opinión a la controversia que se suscitó en los últimos días en Tribunales Federales por las causas de narcotráfico.

Lozada respaldó a los fiscales Enrique Senestrari y Gustavo Vidal Lascano, y criticó a los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 2.

Sobre el pedido de asistencia que ese tribunal hiciera a la procuradora General de la Nación, opinó que “está fuera de lugar porque aparte Gils Carbó ya sabía lo que estábamos investigando”. El funcionario también formuló una aclaración sobre la custodia de estupefacientes secuestrados en operativos antinarcóticos: “Corresponde al juzgado, no a los fiscales, porque además en las fiscalías no hay lugar físico”, explicó. No obstante, admitió que hay una “saturación del laboratorio de la Policía Federal y de Gendarmería, que reciben muestras de todos los juzgados federales de la provincia”.


Fuente: LAVOZ.com.ar