Mauricio Macri enviará esta semana al Congreso una nueva Ley de Alquileres que contiene una serie de diferencias con el proyecto bochado en abril de este año. La gran novedad se centra en la propuesta de ajustar los alquileres menores a $26.600 según la evolución de los precios y los salarios.

El texto que urdido entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el secretario de Vivienda, Iván Kerr, y un grupo de legisladores contempla que los honorarios inmobiliarios no podrán correr por cuenta del inquilino si se trata del alquiler de una vivienda.

Además, los depósitos no podrán ser mayores al primer mes de alquiler, y cada contrato deberá ser declarado ante la AFIP en el plazo que establezca el organismo a su debido tiempo.

Se supone que los contratos seguirán teniendo una duración de dos años, pero con la posibilidad de extenderlo uno más en caso de que propietario e inquilino se pongan de acuerdo, lo que evitaría gastos como comisiones e impuestos a los sellos.

El nuevo proyecto estipula la prohibición de indexar contratos para alquileres que superen el equivalente a 650 UVAs, lo que equivale a $26.676 al valor de este martes, informó el sitio Clarín.

Los contratos inferiores a ese monto serán actualizados con la referencia de una cifra publicada por el Banco Central que estará basada en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE).

El tema de las garantías también cambiaría con la nueva ley, de acuerdo a la cual el locatario deberá presentar dos opciones para que el propietario elija.

Las garantías podrán ser: otro inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza o una garantía personal del locatario documentable con recibo de sueldo o un certificado de ingresos.

También se crearía el Programa Nacional de "Alquiler Social" bajo la órbita de la Secretaría de Viviendas, que contemplaría subsidios o líneas de créditos blandos para que las personas en situaciones vulnerables puedan acceder a un hogar.

Desde el Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo porteña informaron a principios de septiembre que cuatro de cada 10 inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires denunciaron dificultades para pagar el alquiler de sus viviendas.

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