El Tribunal Supremo del Reino Unido ha declarado este martes ilegal, nula y sin efectos, por unanimidad de sus 11 magistrados, la decisión de Boris Johnson de suspender el Parlamento. La decisión ha provocado un nuevo terremoto en el debate político británico. Los jueces han defendido la prevalencia del Parlamento, en su capacidad legislativa y de control, sobre el Gobierno. Y han entendido que la decisión del Ejecutivo de cerrar el periodo de sesiones en Westminster, durante un excepcional plazo de cinco semanas, frustró la intención de los diputados de frenar un Brexit salvaje. El tribunal ha reprochado al Ejecutivo que fuera incapaz de dar, durante tres días de vista pública, razones convincentes para justificar su decisión y el presidente de la Cámara, John Bercow, ha convocado a los diputados mañana miércoles a las 11.30 (las 12.30 hora peninsular española).

Los 11 magistrados han deliberado durante tres largos días sobre la legalidad de la suspensión del Parlamento por parte de Johnson, y su sentencia está llamada a ser un histórico precedente que defina la arquitectura constitucional del país —sin Constitución escrita— y los límites en la separación de poderes. "Hace falta mucho para ponerme nervioso estos días. Solo puedo decirles que tengo un enorme respeto al poder judicial y que examinaré con mucho respeto la sentencia", dijo Johnson antes de hacerse pública la sentencia. El primer ministro se encuentra en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU y a la cumbre paralela contra el cambio climático.

El Tribunal ha decidido que la orden dada por la reina, a petición del Gobierno, para cerrar Westminster durante cinco semanas (entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre) "era como una hoja en blanco, porque la decisión era nula de origen", ha explicado este martes la presidenta del Supremo, Brenda Hale, durante la lectura de la sentencia. A tal efecto, es como si la suspensión no hubiera existido nunca. Queda en manos del speaker (presidente) de la Cámara de los Comunes, John Bercow, decidir cuándo reúne de nuevo a los diputados, porque, según el Supremo, la suspensión del Parlamento nunca se produjo. Bercow, según la BBC, declaró que la Cámara debía volver a funcionar con normalidad "sin demora", según la BBC.

Las críticas contra el Gobierno no han tardado en llegar este martes tras conocerse la sentencia. "Pido a Boris Johnson que reconsidere de inmediato su posición, tras el abuso de poder que ha cometido, y pase a convertirse en el primer ministro del Reino Unido con el mandato más corto en la historia" del país, ha dicho el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ante los cientos de delegados laboristas que asisten estos días al congreso anual del Partido Laborista en Brighton (al sur del país). Corbyn ha confirmado su intención de comunicarse de inmediato con el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, y acordar la convocatoria inmediata de los diputados en Westminster.

Poco después, Bercow ha anunciado su intención de convocar este mismo miércoles en sesión de urgencia, a los diputados. "Con su conclusión, el Supremo ha reivindicado el derecho y la obligacion del Parlamento de reunirse en un momento tan crucial como el actual para controlar la acción del Ejecutivo y exigir responsabilidades a sus ministros", ha celebrado el speaker la sentencia en un comunicado escrito.

Johnson lleva días parapetándose ante lo que podría ser un duro golpe a su estrategia para sacar adelante el Brexit. El primer ministro ha descartado durante los días pasados presentar su dimisión si se producía un varapalo judicial y ha defendido una y otra vez la necesidad de cerrar el periodo de sesiones de Westminster hasta el 14 de octubre. Su argumento es que un nuevo Gobierno debe poder presentar una nueva agenda legislativa y dar inicio a una nueva legislatura.

El Supremo ha tomado su decisión tras estudiar dos sentencias contradictorias respecto al asunto. Mientras la resolución del Alto Tribunal de Edimburgo (Escocia) declaró ilegal y nula la decisión de Johnson porque estimó que su intención oculta era obstaculizar la labor de los diputados para frenar el Brexit, el Alto Tribunal de Inglaterra desestimó la demanda por considerar que no era competente. En este último caso, los magistrados entendieron que se trataba de un asunto político en el que la justicia no debía intervenir.

El Supremo dedicó largas horas la semana pasada, en una vista pública que ha sido seguida con suma atención en el Reino Unido, los argumentos de las acusaciones, del Gobierno y de terceras partes personadas en las causa, como el ex primer ministro conservador John Major, quien arremetió duramente contra la decisión de Johnson. La insistencia de los magistrados en preguntar a los abogados sobre las consecuencias que tendría anular la suspensión del Parlamento y el modo riguroso en que han cuestionado los argumentos del abogado del Estado pusieron nervioso al Gobierno de Johnson, que confiaba en un principio en que los jueces fallarían a su favor. No ha sido así.

Garantías

El Tribunal Supremo del Reino Unido se creó en 2005. Hasta entonces, la última instancia judicial era la Cámara de los Lores. En los últimos años ha ido adquiriendo una función de control constitucional —en un país donde no existe Constitución escrita— similar a la que ejerce el Tribunal Supremo estadounidense u otros tribunales de garantías constitucionales europeos, como el español. En un país regido por usos, costumbres y convencionalismos políticos, en el que la soberanía ha residido históricamente en el Parlamento, y no en la ciudadanía, y donde el Gobierno tiene un enorme poder de decisión, la actuación del Supremo sigue desatando serias polémicas y cuestionamientos. Y en un caso como el actual, su sentencia ya ha sentado un precedente de suma importancia.

El Parlamento fue suspendido por orden de la reina Isabel II. Se trata de una de las escasas prerrogativas reales que conserva la monarca, pero en realidad es un automatismo. La reina se limita a hacer lo que el Gobierno le aconseja. Por eso los jueces no han deliberado sobre la decisión real, sino sobre la legalidad del consejo emitido por el Ejecutivo. Aun así, la idea de que Johnson hubiera dado a Isabel II un consejo malintencionado, con propósitos ocultos distintos a los expresados formalmente, ha llevado a muchos políticos a exigir su dimisión inmediata si el Supremo fallaba en su contra tal y como así ha sido. En ese caso, argumentan, habría obrado de mala fe y quebrado la relación de confianza que debe existir entre el primer ministro y el jefe del Estado.

El País