El juez federal Claudio Bonadio resolvió en las últimas horas elevar a juicio oral y público la causa por los cuadernos de la corrupción durante los gobiernos kirchneristas, en la que se señala a la senadora y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández, como la “jefa” de una asociación ilícita.

A partir de ahora, se realizará el sorteo para determinar qué Tribunal quedará a cargo del proceso y también para conocer el inicio. Se presume, con base en los tiempos judiciales, que el juicio no comenzará, por lo menos, hasta el año que viene.

Electroingeniería

En el expediente hay más de 150 procesados, entre exfuncionarios y empresarios, de los cuales uno aún permanece detenido, el cordobés Gerardo Ferreyra, vicepresidente con pedido de licencia de la empresa Electroingeniería, que se negó a colaborar como arrepentido y que alegó que los fondos que les entregó a funcionarios del entonces gobierno de Cristina Fernández fueron para el financiamiento de campañas electorales.

La decisión de Bonadio se produce tras los planteos que comenzaron a reactivar varios de los imputados detenidos para recuperar su libertad, luego de que ayer la Cámara Federal porteña dispusiera la excarcelación bajo fianza del ex director del Ente Binacional Yacyretá Oscar Thomas, con argumentos como el de que la investigación se encuentra "agotada".
 
Fin de la instrucción

Bonadio el magistrado resolvió la finalización de la etapa de instrucción de este expediente que ahora será enviado al Tribunal Oral Federal (TOF) 7 que salió designado por sorteo para llevar adelante el debate que tendrá en el banquillo de los acusados a medio centenar de imputados, entre exfuncionarios y empresarios.

Se trata de la investigación de la denominada causa de los cuadernos de la corrupción, que comenzó con la revelación de anotaciones escritas por Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, sindicado como presunto "intermediario" entre el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y empresarios, durante el kirchnerismo.

El juez Bonadio señaló en su resolución que en la causa de los Cuadernos se investigó una "asociación ilícita que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional".

El magistrado también elevó a juicio el tramo de la causa en el que se investigan maniobras de supuesto lavado de dinero protagonizadas por el fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñóz y su entorno y el segmento del expediente en el que se investigan irregularidades en el otorgamiento de subsidios a empresas vinculadas con el transporte ferroviario.

Al banquillo

Entre las personas que deberán sentarse en el banquillo de los acusados por este expediente y dos de sus derivaciones, se cuentan el propio Baratta, hoy detenido, al igual que De Vido, como así también el ex secretario de Obras Públicas José López y Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) durante la gestión de gobierno del Frente para la Victoria.
 
En el tramo principal de la causa de los Cuadernos, la expresidenta está procesada con prisión preventiva -aunque con esta última medida sin cumplir por gozar de fueros parlamentarios- como presunta responsable de los delitos de asociación ilícita, "en calidad de jefa", y cohecho pasivo, en calidad de coautora.

De acuerdo al fallo de 157 páginas emitido este viernes por Bonadio, debajo de la expresidenta en la pirámide organizacional de la asociación ilícita se encontraban De Vido y Baratta, a quienes les fue asignado el rol de organizadores y a los que también se acusa por cohecho pasivo.

Entre los sindicados como organizadores de la asociación ilícita se encuentra el arrepentido ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner quien se refirió a la "cartelización" de la obra pública- y el arrepentido financista Ernesto Clarens, quien aportó listados de las supuestas coimas recibidas de manos de empresarios.
 
La mayoría de los empresarios elevados a juicio fueron acusados de los delitos de cohecho activo, aunque uno de ellos figura en la resolución de Bonadio como miembro de la supuesta asociación ilícita: se trata de Gerardo Ferreyra quien se encuentra bajo prisión preventiva domiciliaria mientras aguarda que la Cámara Federal porteña resuelva su planteo de excarcelación.

Entre los empresarios acusados por el supuesto pago de coimas están Enrique Pescarmona, Aldo Benito Roggio, Eduardo Hugo Eurnekian, Alberto Taselli, Alejandro Pedro Ivanissevich y Hugo Dragnetti y Ángel Calcaterra, entre otros.

Sobreseídos

En el mismo fallo, Bonadio dispuso el sobreseimiento de los dirigentes políticos que están o estuvieron vinculados a la organización La Cámpora, como Máximo Kirchner, Eduardo "Wado" De Pedro, Andrés "Cuervo" Larroque, José Ottavis y Julián Álvarez en relación con el delito de asociación ilícita.

De todas formas, existe aún un expediente desprendido de la causa de los cuadernos que está en manos de la jueza María Romilda Servini en la que se investiga si fue utilizado dinero ilegal en campañas electorales; hecho que se les había achacado a los dirigentes ahora sobreseídos.

En el caso del ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, también investigado en la causa de los cuadernos, fue sobreseído en orden al delito de asociación ilícita, mientras que el juez Bonadio dispuso su elevación a juicio oral por 18 hechos de cohecho pasivo (cobro de coimas) en calidad de partícipe secundario.

Por otra parte, entre los sobreseídos de todos los cargos se encuentra el ex secretario general de la Presidencia durante el kirchnerismo Oscar Parrilli, quien había sido acusado de recibir dinero ilegal de manos de Baratta, por aparecer en las anotaciones de Centeno.

Fuente: La Voz