La Cámara Federal anuló un procesamiento de la ex funcionaria María Julia Alsogaray en una causa por corrupción que data desde hace varios años y en la cual estaba acusada por las sospechas de sobreprecios en 14 contrataciones que se efectuaron desde la Secretaría de Recursos Naturales.
 
Es una antigua causa, una de las tantas que tiene Alsogaray tras su paso por la función pública, en la que se sospecha del pago de sobreprecios en 14 contrataciones que se hicieron desde una estructura que funcionaba en forma paralela a la Secretaría, aunque conformada por varios funcionarios de esta misma, para la realización de la Cuarta Conferencia de Cambio Climático en noviembre de 1998.
 
La Conferencia demandó un gasto de más de 12 millones de pesos y se sospecha que los sobreprecios fueron del 6000 por ciento. La investigación se inició tras una denuncia de la Oficina Anticorrupción y fue una de las causas que había llevado a la cárcel a Alsogaray.
 
Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani declararon nulo el procesamiento de Alsogaray y otros ex funcionarios porque consideró que el juez Rodolfo Canicoba Corral los indagó a todos ellos por un delito y luego los procesó por otro.
 
Para los camaristas, por un lado se los indagó por haber utilizado una determinada normativa –más laxa, de manera de atemperar los controles- para contratar con particulares, causando de esta manera un perjuicio al Estado; y luego se los procesó por haber sustraído caudales a la administración pública que le habían sido entregados en razón del cargo que ocupaban.
 
"Los imputados se defendieron por haber contratado con particulares en condiciones excesivas tales que provocaron el deber del Estado de afrontar innecesariamente mayores costos y se los encontró responsables de haber sustraído separado, apartado o quitado dinero que tenían bajo su responsabilidad. La incongruencia fáctica luce evidente", sostuvo la Sala II de la Cámara Federal.
 
Para los jueces ese "contraste" entre el delito atribuido en las indagatorias y los procesamientos "impone la declaración de nulidad que decretara el procesamiento de los imputados, por afectación expresa al derecho de defensa".  
 
El Tribunal también tuvo en cuenta que las defensas plantearon que el haber procesado por un delito diferente por el cual se los indagó tuvo la finalidad de evitar la prescripción del caso por el tiempo transcurrido. En ese sentido, pidió al juez que "evalúe tales objeciones" referido a la prescripción.


Fuente: Infobae.com.ar