Bruselas, sede de trabajo del Parlamento Europeo, fue el escenario elegido por Repsol para ratificar su postura en el conflicto, justo en momentos en que la Casa Rosada amenaza con disponer un desembolso "unilateral" de 1500 millones de dólares -muchísimo menos de lo reclamado- con el que daría por saldada la deuda por la nacionalización.

Ante esa hipótesis, la petrolera española mantendrá abiertos todos los frentes legales: en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi), más los juicios por "competencia desleal" en Nueva York y en Madrid. "Se nos confiscó hace ahora cerca de 16 meses, y con cierta violencia. Desde esa fecha, no hemos recibido ninguna compensación ni tenemos ninguna indicación de que se nos pagará. Si escuchamos lo que algunos miembros importantes del Gobierno han dicho, nunca pagarán", denunció el vicesecretario general de Repsol, Miguel Klingenberg.

La ponencia del directivo -principal encargado de la estrategia legal en el caso YPF- ocupó buena parte del debate convocado por el Centro Europeo de Política Económica Internacional (Ecipe, por sus siglas en inglés), un reconocido think tank. El objetivo: analizar la respuesta comunitaria ante el avance argentino sobre Repsol.

"No nos olvidéis. No nos pongáis al final de la lista", reclamó Klingenberg a las autoridades europeas.

En el panel escuchaba Matthias Jorgensen, responsable para América latina de la Dirección de Comercio de la Comisión Europea. El funcionario consideró luego que la expropiación impaga del 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF es "una piedra en el zapato" para las relaciones europeas con la Argentina.

De todos modos, el funcionario admitió que el diálogo con el país se mantiene en todos los ámbitos porque "debe primar el interés general". Y reveló que Bruselas (sede del gobierno de la Unión Europea) planteó el caso ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que terminará un informe confidencial en las próximas semanas.

Otro de los disertantes en el debate, el profesor del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) Pablo Fernández, presentó un informe elaborado sobre la base de una encuesta con más de mil expertos, en el que se cifra la compensación que debería abonar la Argentina a la petrolera española en un rango que va de 9500 millones a 11.500 millones de dólares.

El gobierno de Cristina Kirchner hizo llegar a Madrid dos ofertas de pago a través de accionistas minoritarios de Repsol: la entidad financiera catalana La Caixa (en febrero) y la estatal mexicana Pemex (en junio).

En ambas ocasiones, el presidente de la compañía, Antonio Brufau, consiguió apoyo del directorio para rechazarlas por "insuficientes".

Esos planes de compensación incluían un pago en efectivo, una parte en bonos y otra en acciones de una sociedad que se formaría con YPF para explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Según el gobierno argentino, equivalían a 5000 millones de dólares. Repsol las valoró en muchísimo menos.

La empresa reclama ante el Ciadi una indemnización de 10.500 millones de dólares. Según fuentes cercanas a Brufau, no aceptaría ninguna oferta negociada menor a los 6000 millones.

CAUTELA DIPLOMÁTICA

El gobierno de Rajoy sigue el tema de cerca, pero fijó una línea de cautela diplomática: no presiona en público al gobierno kirchnerista y delega todo el manejo del conflicto en el directorio de Repsol. "Creemos que la expropiación no fue hecha de forma correcta. Pero la decisión está en manos de Repsol. El gobierno español va a apoyar lo que decida la empresa", dijo el lunes el ministro de Economía, Luis de Guindos, en un encuentro con corresponsales extranjeros en Madrid.

El fracaso de las negociaciones se cristalizó en julio, con la firma del acuerdo entre YPF y la petrolera norteamericana Chevron para la explotación de Vaca Muerta.

La Presidenta intenta ahora destrabar nuevas inversiones y por eso analiza un plan consistente en cumplir con la ley argentina de expropiaciones mediante un pago unilateral que rondaría los 1500 millones de dólares. De esa manera, supone que aumentaría la presión sobre Repsol y daría una señal al mercado energético sobre su voluntad de zanjar el conflicto.

Klingenberg señaló ayer que Repsol sigue "abierta a la negociación" y que su "mayor deseo" es encontrar una salida pactada, pero achacó a la Argentina la falta de voluntad dialoguista. En la Casa Rosada, en cambio, le apuntan a Brufau como quien impide salir del conflicto.

En el debate en Bruselas se escucharon fuertes críticas a la política kirchnerista, como la del presidente de Ecipe, Fredrik Erixon: "La expropiación a Repsol forma parte de un programa político e ideológico que pone en una situación de riesgo cada vez mayor a las inversiones extranjeras en la Argentina", advirtió.


Fuente: LANACION.com.ar