Yangyang Zhou y Quan Jiang son dos estudiantes de ingeniería chinos acusados de estafar más de medio millón de euros a Apple. Ambos vivían en Oregón (EE UU) con una visa de estudiante cuando se desarrolló el fraude. Desde allí, enviaron a la compañía de Cupertino durante meses miles de iPhones falsos alegando que estaban defectuosos y en garantía. Apple, después de revisarlos, cambió 1.493 de estos teléfonos por terminales nuevos. Pero los dos jóvenes finalmente fueron descubiertos. Ahora se enfrentan a cargos federales por una estafa al gigante tecnológico por valor de 895.800 dólares —unos 800.000 euros—, según ha adelantado el periódico The Oregonian.

Una vez que la compañía les cambiaba los iPhones falsos por originales, Zhou y Jiang enviaban a China los terminales auténticos para que fueran vendidos, según recoge la denuncia penal del caso. La madre de Jiang hizo transferencias con los beneficios a la cuenta bancaria de su hijo en Estados Unidos. Jiang ha sido acusado de tráfico de productos falsificados y fraude electrónico mientras que Zhou se enfrenta a cargos por usar información falsa en los documentos de exportación. En su defensa, ambos han afirmado que desconocían que los teléfonos que entregaban al servicio técnico de Apple eran falsos.

Durante casi un año, los estudiantes importaron a Estados Unidos miles de imitaciones del terminal. Recibían desde Hong Kong paquetes con una veintena de dispositivos con las mismas características físicas que los iPhones originales. Después, solicitaban a Apple que revisara los teléfonos. En la mayoría de los casos, tal y como se explica en el documento citado, presentaban una reclamación al servicio técnico en la que se quejaban de que los terminales no encendían. Cuando esto ocurre, es habitual que la compañía reemplace el terminal por uno nuevo.

"La presentación de un iPhone que no se enciende es fundamental para perpetuar el fraude en la garantía del iPhone, ya que el teléfono no podrá ser examinado o reparado inmediatamente por los técnicos de Apple, lo que provocará el proceso de reemplazo de teléfonos de Apple como parte de su política de garantía del producto", explicó el trabajador de Apple Adrian Punderson al agente Thomas Duffy, tal y como recogen los mismos documentos.

De las 3.069 solicitudes de reparación realizadas por Zhou entre abril de 2017 y marzo de 2018, Apple aceptó 1.493. La compañía devolvió el resto de dispositivos a los jóvenes porque consideró que habían sido manipulados y, por lo tanto, la garantía ya no era válida. Punderson afirmó que un técnico de la compañía se encarga de revisar si un teléfono enviado a revisión es original o no. Pero en ninguno de los casos los técnicos fueron capaces de darse cuenta de que los terminales no eran los oficiales.

Investigación policial

Ambos jóvenes fueron amasando su fortuna hasta que los agentes federales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) confiscaron en abril de 2017 cinco paquetes enviados desde Hong Kong al sospechar que contenían teléfonos falsos. Los destinatarios de este envío eran precisamente los dos estudiantes chinos.

El agente Duffy entrevistó a finales de 2017 a Jiang en la ciudad de Portland para saber del origen y destino de los móviles. El joven reconoció haber enviado miles de terminales a Apple, pero aseguró que no sabía que los móviles eran falsos. Jiang estimó que durante 2017 envió 2.000 teléfonos a Apple para reparaciones en garantía, según los documentos citados. Sin, embargo, la cifra era bastante mayor: realizó un total de 3.069 solicitudes.

En 2018 las autoridades inspeccionaron el domicilio de Jiang y encontraron 300 iPhones falsos y documentos de las solicitudes de garantía enviadas a Apple. También hallaron cajas que tenían escrito el nombre de Zhou. Ahora Jiang puede enfrentarse a una multa de hasta dos millones de dólares y hasta 10 años de prisión por falsificación y otra multa no especificada y hasta 20 años adicionales por fraude electrónico. Mientras tanto, Zhou, acusado de enviar información falsa en la declaración de exportación, puede ser multado con hasta 10.000 dólares y hasta cinco años de prisión.

Fuente: El País