Hace unos meses, algunos medios nacionales y sobre todo catalanes publicaron una noticia sobre Eloy (nombre ficticio), un ciudadano de Girona. Se le había sido visto quitando lazos amarillos y en una fuerte discusión en las calles de su localidad. En la ciudad catalana aún le señalan por la calle, y nada más introducir su nombre en Google, decenas de resultados (ninguno de ellos positivo), le ponen en el mapa.¿Cómo encontrar trabajo si en Internet eres conocido por ser violento y problemático? Desapareciendo de la red de redes, o por lo menos, borrando todas las noticias en las que aparecía su nombre.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo pública una sentencia el 13 de mayo de 2014 que establece que las personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces con sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda realizada por su nombre. Es el conocido como derecho de supresión o derecho al olvido.

"Me indicaron que para borrar todas las informaciones en las que aparecía debía acudir a Google. Tuve que ir recogiendo todos los links para enviárselos al buscador y que decidieran si era posible desaparecer", explica Eloy. Google respondió rápido indicando que las noticias eran de interés público y no se podían eliminar.

Desde que Google puso en marcha su web de retirada de información personal el 29 de mayo de 2014, el gigante buscador ha recibido en la Unión Europea 790.573 solicitudes, que en total piden la eliminación de 3.064.234 urls. De ellas, más del 55% han sido rechazadas. "Cuando envías una solicitud, en Google buscamos el equilibrio entre los derechos a la privacidad de los usuarios afectados, el interés público que pueda tener esa información y el derecho de otros usuarios a distribuirla; por ejemplo, es posible que rechacemos retirar cierta información sobre estafas financieras, negligencias profesionales, condenas penales o conductas de funcionarios", advierte el buscador.

Detrás de las decisiones de Google se encuentra un equipo de revisores "específicamente formados para ello" que trabaja desde la sede de la compañía en Europa, en Dublín. En el caso de tratarse de casos más complicados, este equipo deriva a personal con más experiencia o abogados de Google. Según la compañía, desde el 1 de noviembre más del 30% de las solicitudes han necesitado de una segunda opinión.

Cabe destacar que la retirada de los resultados de búsqueda que lleva a cabo Google en la Unión Europea sólo afecta a los países miembros, por lo que el contenido seguirá apareciendo fuera de la UE. "Retiramos las URL de todos los dominios europeos de la búsqueda de Google (google.fr, google.de, google.es, etc.) y utilizamos señales de geolocalización para restringir el acceso a la URL desde el país de la persona que ha solicitado la retirada".

En el caso concreto de Eloy, Google rechazó su petición por considerar que participaba una persona de interés público, además de tratarse de material periodístico. Había que buscar otra forma.

500 EUROS POR LINK
Desde que está en marcha el derecho al olvido, varias compañías ofrecen a los usuarios borrar su rastro en Internet. "Eliminamos tu pasado y te ayudamos en tu futuro. Borramos datos e información de Internet y garantizamos el derecho al olvido", reza el eslogan de Eliminalia. Eloy recurrió precisamente a esta empresa tras la negativa de Google. "Me pidieron más de 18.000 euros por borrar las noticias en las que salía mi nombre y el contenido relacionado con el tema en Twitter", apunta. Según Eloy, por cada link borrado

Eliminalia cobra 500 euros.

Desde la compañía con sede en Cataluña confirman que emplean varias gestiones y fórmulas para conseguir el éxito, "pero no os podemos explicar cómo lo hacemos porque nos copian todo, nos han copiado hasta los portafolios de presentación. Han aparecido pequeñas empresas como setas que se creen que esto es tan simple como rellenar el formulario de Google, y no lo es". Según Eliminalia, el coste por eliminar una sola URL puede variar desde los 200 hasta los 1.000 euros.

Otro ejemplo es Bórrame.es. Para los usuarios que solicitan a Google que elimine una información y la petición se rechaza, Bórrame.es ofrece una segunda oportunidad. En realidad,realizan los mismos trámites que puede hacer un particular con Google, pero "hay un bagaje legal importante detrás de todo esto, y solemos conseguir lo que los usuarios por si solos no pueden. Tenemos un porcentaje de éxito del 90%, pero no cogemos todos los casos, solo los que consideramos que tienen posibilidades", explican desde la compañía. Por cada URL cancelada Bórrame.es cobra entre 100 y 150 euros. A la web llegan peticiones de todo tipo, desde personas que han sido condenadas en el pasado o que tenían aficiones conflictivas y quieren que esto no aparezca en los buscadores, hasta aquellos que se presentaron a oposiciones y ahora buscan trabajo o incluso runners que hace unos años tenían muy mala marca y ahora han mejorado.

En el caso de no contar con ese dineral, el plan B pasa por acudir a expertos en SEO que consigan que los resultados bajen su posicionamiento en el buscador. "Es necesario crear contenido de calidad a los ojos de Google, como un nuevo perfil en LinkedIn, Facebook o Twitter, o una web con tu nombre y apellido, por ejemplo, victormartin.com. Con el tiempo, estos resultados irán ocupando las primeras posiciones en las búsquedas por nombre y se conseguirá que la información que no se quiere ver vaya desapareciendo", indica Víctor Martín-Pozuelo, experto en SEO.

Como en casi todo, también hay puertas traseras. "Algunas empresas recurren a coacciones, es decir, fuerzan al origen de la información a que quiten la referencia que se desea eliminar. Por ejemplo, en un foro o en un blog, con amenazas o incluso con algo a cambio. Este tipo de negociaciones se conocen en el sector, aunque personalmente no conozco ningún caso concreto", añade Martín-Pozuelo.

Si se trata de una publicación en medios de comunicación, la eliminación se complica. Eloy tuvo que llamar a cada diario en el que aparecía su nombre o foto para que borrara el contenido, con buena suerte en algunos de ellos y muy mala en otros. "Si Google no te acepta la petición y los medios no quieren retirar la información, es muy complicado hacer desaparecer o bajar en el buscador los resultados por mucho contenido de calidad que generes". Eloy no pudo pagar los 18.000 euros que pedía Eliminalia y al buscar su nombre en Google el contenido que quería eliminar sigue apareciendo en la primera posición.