La secretaria Penal del Juzgado Federal, Lucía Storani, precisó que si bien se ha derogado el secreto de sumario, el artículo nº 204 del Código de Procedimiento Penal de la Nación establece que la publicidad es sólo para quienes están involucrados en el proceso penal y no para el público en general.

Dijo que los imputados son 23, 16 detenidos, uno de ellos con prisión domiciliaria y el resto imputados por libertad. También sostuvo que hay dos prófugos.

La secretaria no descartó la posibilidad de realizar nuevos allanamientos, pero remarcó que resta tomar algunas medidas como testimonios y pericias “para terminar de reconstruir el rompecabezas”.

Con respecto a las inhibiciones generales de los bienes de los imputados, Storani explicó que es un proceso que se realiza normalmente en casos como el de lavados de activos. Se procede a proteger el patrimonio para evitar que el imputado de deshaga del bien que puede llegar a ser producto de un hecho ilícito.

Por otra parte, el abogado Rolbi Valdivieso, defensor de los hermanos Rivarola, dijo que pedirá la libertad de sus clientes, luego de solicitar algunas medidas.

El abogado sostuvo que “hay unas medidas probatorias que quiero que se realicen previo a solicitar la libertad”. Dichas medidas, son escuchas telefónicas adjudicadas a Rivarola y que, según Valdivieso, no le corresponden. 

El defensor manifestó que no hay elementos para continuar con la detención de su defendido: “Vamos a hacer un análisis exhaustivo de todo lo que el juez dice, que puede ser prueba en contra de mi defendido, o si dice que no hay nada, con mas razón vamos a pedir la libertad”.

Por último hizo referencia al allanamiento realizado en el estudio Del Viso y Asociados, donde el abogado tendría su estudio y se desligó del hecho aludiendo a que su lugar de trabajo se encuentra en otro domicilio.

Afirmó que la mayoría de los estudios contables y escribanías fueron allanados en el marco de la investigación que lleva adelante el juez Ochoa y que los resultados fueron negativos.