La Afip solicitó frenar, por ahora, la subasta de una casa, hasta que se analicen opciones. La deuda era de seis mil pesos y ya asciende a 20 mil pesos.
Por una deuda que en su origen era sólo de seis mil pesos, la vivienda de una joven de 26 años con síndrome de Down que vive con su madre viuda de 69 estuvo a punto de ser sometida a un remate.
Sin embargo, la subasta quedó suspendida hasta nuevo aviso por el Juzgado Federal 1 de la ciudad de Córdoba, luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) pidiera revisar otras opciones.
La semana pasada, la madre de la chica, con la asistencia de la defensora oficial Mercedes Crespi, había pedido al juzgado suspender el remate por entender que se ponían en riesgo las condiciones de vida la joven, que el propio Estado debe resguardar. La subasta estaba prevista para el pasado viernes 13 de septiembre, pero la Afip no publicó los edictos correspondientes y el día señalado pidió al juez federal Ricardo Bustos Fierro “la suspensión del plazo” de ese remate “a los efectos de analizar las hipótesis probables de concretar”.
La vivienda, ubicada en barrio Altamira, en la ciudad de Córdoba, está a nombre de la joven con síndrome de Down y sus hermanas, una de las cuales tenía una deuda de seis mil pesos con Afip que ahora asciende a unos 20 mil pesos.
Un tercio
Aunque el remate es sólo por un tercio de la vivienda, se teme que quien adquiera esa fracción exija luego un alquiler a la joven y a su madre, que es pensionada y que recibe del Estado 1.500 pesos para cuidar a su hija.
La madre había planteado que “el propio Estado nacional debe velar, a través de sus organismos pertinentes, no sólo por brindar protección integral de la familia y acceso a una vivienda digna a sus habitantes (...), sino que está obligado a emprender todo tipo de acciones positivas para personas con discapacidad, por imperio constitucional”.
En detalle
El origen del problema. El planteo que hace la madre de la joven con Down sostiene que puso su casa a nombre de sus tres hijas pero ahora, la deuda derivada de la actividad de una de ellas pone en riesgo la calidad de vida de otra de sus hijas, la que el Estado debe proteger. La mujer es viuda y tiene 69 años.