El artista argentino Juan Carlos Romero (1930-2017) reunió en sus 87 años de vida unos 2.000 carteles políticos, la mayor colección del país. También folletos, volantes, libros de artistas y publicaciones que integran un archivo descomunal, equivalente a cuatro habitaciones. El conjunto da cuenta de la memoria colectiva de Argentina y de su historia cultural, política y sindical reciente. Tras su muerte, hace casi dos años, comenzó un litigio judicial entre los herederos que terminó con la venta del llamado Archivo de artistas Juan Carlos Romero a una fundación extranjera a fines de 2018. Instituciones académicas y artísticas pelean para evitar que el archivo salga del país y exigen que se garantice su acceso público.



"No hay otro archivo público ni privado similar que contenga colecciones iguales. Es tremendamente relevante no solo para el mundo del arte, sino para muchos otros abordajes que entrecrucen prácticas simbólicas, historia cultural e historia política", dice Ana Longoni, integrante de la Red Conceptualismos del Sur (RedCSur) y directora de actividades públicas del Museo Reina Sofía. Desde RedCSur, una plataforma de investigación artística, enviaron una carta al Ministerio de Exteriores argentino, al de Justicia, al de Cultura y al Archivo General de la Nación, entre otros, en la que denuncian que la venta al exterior del archivo "lo privatiza y sustrae del acceso público". Hasta el momento no han recibido respuesta.



El galerista que realizó la venta, Ricardo Ocampo, cita motivos de confidencialidad para evitar responder quién lo compró, por cuánto y si el material ha salido de Argentina o permanece en el país. "Todo el proceso de adquisición fue privado, y cumplió con los requisitos legales necesarios", responde Ocampo por correo. "Habiendo evaluado las diferentes propuestas, sus herederos decidieron que el mejor destino era la institución que finalmente lo adquirió. Tuvieron en cuenta en primer lugar el deseo expreso de Juan Carlos de que el archivo formara parte de la colección de una institución internacional. Otro factor clave fue que esta institución asegure la conservación, investigación y promoción del archivo y de la figura de Juan Carlos. Se cumplió la voluntad del propio Romero", añade.

"Más allá de la legalidad de la venta, hay una dimensión política y ética que Romero alentó toda su vida que entra en clara contradicción", opina Longoni. "El archivo tenía que quedarse en Argentina, en Buenos Aires, era un pedido de él porque para él era importante que pudiera estar accesible", coincide Diana Wechsler, directora del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Tres de Febrero (Untref). Las dos conocen al artista desde hace décadas y participaron en la Asociación Civil Archivo de Artistas Juan Carlos Romero, a cargo de la catalogación y digitalización del material. "En 2011 se compra el inmueble donde trasladamos el archivo para catalogarlo y digitalizarlo. Se avanzó bastante en lo más conocido, que es el archivo de gráfica política. Es significativo porque no hay otro igual, pero es el 5%", detalla Longoni.



El cartel más antiguo de la colección, datado en 1930, fue impreso por falangistas de Argentina. Sobre una bandera española de fondo y una pequeña bandera argentina en un extremo, hay dibujado en el centro el símbolo falangista del yugo y las flechas. Hay otros afiches de carácter internacional, entre ellos, varios en defensa de la revolución cubana, de Palestina y Nicaragua, pero el plato fuerte son los carteles del peronismo histórico. "Justicia social", puede leerse en un póster de 1952 con la imagen de Juan Domingo Perón. "Volveré viva o muerta a pelear al frente de mi pueblo (Eva Perón). Presente mi general", está escrito en un cartel del Partido Justicialista de 1973. En otro del año siguiente hay una imagen de María Estela Martínez dentro de la silueta de Perón y una orden escueta: "Sigámosla". La última mujer del general lo sucedió en la Presidencia argentina el 1 de julio de 1974 tras su muerte.

Romero arrancó algunos de esos pósters de muros callejeros y les dio refugio en su casa. Otros los sacó de manifestaciones organizadas tras el regreso de la democracia, se los trajo de sus viajes o los encontró rebuscando en librerías de viejo. Sus amigos recuerdan que nunca volvía a casa con las manos vacías. De sus caminatas por los alrededores de la plaza del Congreso siempre regresaba con algún folleto o cualquier otro material que coleccionar.

"Era un hombre múltiple, un archivero infatigable, un militante sindical y político, un gran docente, un curioso inagotable", lo describe Longoni. "Alimentaba su archivo como un modo de alimentar su práctica artística. Su archivo era un organismo vivo y respondía a sus modos de catalogación totalmente aleatorios. Podía estar conversando, tomando mates, y se metía en el fondo de su casa y emergía con un papelito del que se había acordado y que quería que viese", recuerda.

Esta investigadora cree que, dadas las dimensiones del archivo, no se debe haber movido del país o, al menos, no en su totalidad. "Estamos preocupados porque existe un franco peligro de dispersión", subraya. Argentina pone muchas trabas a la exportación de obras de arte, pero no así a materiales como los atesorados por Romero. "No existe una ley de archivos que proteja estas situaciones y las ampare", lamenta Wechsler. Aún así, la Untref se ha comunicado con Hacienda e Interpol ante la sospecha de que pudo haber irregularidades en la venta y en la exportación del material, una acusación que Ocampo niega.

Pese a la polémica generada, ni los hijos del artista ni el Ministerio de Cultura se han pronunciado y el destino de la colección sigue sumido en el misterio. "Sólo sabemos que es una fundación extranjera, pero como no sabemos cuál no podemos empezar a negociar. Le propondríamos que piense en la posibilidad de una institucionalización local porque es un archivo muy significativo de la historia reciente de Argentina", concluye Longoni.

El País