El fiscal Gerardo Pollicita pidió este viernes elevar a juicio oral por asociación ilícita y lavado de dinero a la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y el empresario Lázaro Baez, entre otros, por la causa Hotesur, una de las maniobras que –se sospecha- sirvió para "blanquear" el dinero de la corrupción de la obra pública. Si el juez federal Julian Ercolini acepta el pedido de elevación –luego de escuchar la opinión de las defensas-, el caso pasará a un tribunal oral. Este sería el quinto juicio al que se va a enfrentar la expresidenta, junto a obra pública (que comienza el 26 de febrero), Memorándum con Irán, dólar futuro y Los Sauces.

"Se ha corroborado la existencia de una organización criminal que desde el seno del Estado se dedicó en forma constante y sistemática a sustraer fondos del Estado Nacional y luego a apoderarse de ellos a través de distintas maniobras de reciclaje de activos", sostuvo la fiscalía.

El pedido incluye también a Martín Báez, hijo de Lázaro, el contador Víctor Manzanares, la sobrina de la expresidenta Romina Mercado, y el ex socio de Máximo, Osvaldo Sanfelice. En la lista figuran Adrián Esteban Berni, César Gerardo Andrés, Ricardo Leandro Albornoz, Edith Magdalena Gelves, Patricio Ricardo Pereyra Aranda, Emilio Carlos Martin, Jorge Ernesto Bringas, Julio Enrique Mendoza, Martín Samuel Jacobs, Alejandro Fermín Ruiz y Oscar Alberto Leiva, en orden a las circunstancias fácticas y a los fundamentos desarrollados en el presente dictamen.

Junto a su colega Ignacio Mahiques, Pollicita habló de "la compleja maniobra delictiva que fue llevada por una asociación ilícita que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de distintos planes criminales, entre ellos, la defraudación al Estado Nacional mediante la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz, la concesión de beneficios impositivos indebidos, contrataciones espurias y distintas maniobras de lavado de dinero con el objeto de enriquecer a la familia Kirchner".

La causa

La investigación Hotesur comenzó en noviembre de 2014 con una denuncia que hizo la diputada y hoy precandidata a presidente Margarita Stolbizer por supuestas irregularidades de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Hotesur fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner, con 2 millones de dólares que el entonces ex presidente compró en los días de mayor tensión en el mercado financiero a causa de la crisis en donde el precio se depreciaba y fugaban las divisas.

El caso fue impulsado por el juez Claudio Bonadio. En noviembre de 2014 Bonadio ordenó el allanamiento de la sede de Hotesur en la Capital. La empresa administra el Hotel Alto Calafate, que tras la muerte de Néstor Kirchner quedó en parte en manos de sus hijos y de la Presidenta. El juez se encontró una oficina vacía. A mediados de 2015 Bonadio fue expulsado del expediente después de hacer una serie de allanamientos en Santa Cruz. Finalmente el caso pasó a manos del juez Ercolini y el fiscal Pollicita, en el marco de la causa de asociación ilícita.

Cristina Kirchner y sus hijos fueron procesados el 14 de mayo pasado. Tras la confirmación de la Cámara Federal, el fiscal entendió que la investigación estaba cerrada y ahora pide que el caso llegue a juicio.

La acusación, según el fiscal

La acusación fiscal "se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex Presidentes de la Nación, Néstor KIRCHNER y Cristina FERNÁNDEZ, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos".

A criterio de los fiscales, "los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados con los ex titulares del Poder Ejecutivo y con otros funcionarios nacionales, sino que en una segunda etapa los empresarios junto con los ex mandatarios y otros miembros de la organización, elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades, tal como se investiga en estas actuaciones y en la causa n° 3732/16 públicamente conocida como "Los Sauces".

El dictamen afirmó que "una parte de quienes participaron en la maniobra de lavado de dinero aquí investigada, formaron parte del delito precedente, lo que permite afirmar que conocían a ciencia cierta la procedencia del dinero que era encausado a la empresa de los ex presidentes y que finalmente llegaba a manos de la familia Kirchner procedimientos licitatorios plagados de irregularidades y un esquema de beneficios exclusivos".

De este modo, sostuvo el Ministerio Público, "los funcionarios públicos —merced de los atributos que la norma le confería— hicieron fluir el dinero por los diferentes tamices de control interno bajo una apariencia legítima, cuando en realidad actuaban guiados por su interés particular, para que una vez que los fondos de la comunidad abandonaran las arcas públicas, una porción de aquellos fueran incorporados en los mecanismos de lavado de dinero que a través de la actividad hotelera retornaran a los ex presidentes y a sus hijos".

"Hemos visto cómo desde las empresas controladas por Lázaro Báez como consecuencia de la asignación irregular de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz transfirieron fondos hacia la empresa Valle Mitre que se encargaría de aplicarlos a la actividad hotelera y una vez reciclados, llegarían a manos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner y aquellos pudieran disponer libremente de los fondos por allí canalizados".

"Lógicamente, al tratarse de un delito complejo, cada uno de los acusados, cumplieron distintos roles en el proceso de blanqueo, dividiéndose entre Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner, Florencia Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Martin Antonio Báez, Osvaldo José Sanfelice, Adrián Esteban Berni, Víctor Alejandro Manzanares, César Gerardo Andrés, Ricardo Leandro Albornoz, Edith Magdalena Gelves, Romina de los Ángeles Mercado, Patricio Ricardo Peryera Arandia, Emilio Carlos Martin, Jorge Ernesto Bringas, Julio Enrique Mendoza, Martín Samuel Jacobs, Alejandro Fermín Ruiz, Oscar Alberto Leiva a las tareas a los fines de llevar a cabo el esquema de acuerdo a lo planeado".

Según se señaló, "se hicieron de los fondos necesarios con el propósito de adquirir los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea El Chalten, crearon y administraron una empresa pantalla, la utilizaron a los fines de canalizar dinero, administraron y explotaron los hoteles investigados, realizaron distintas acciones tendientes a inyectar fondos a esta firma, realizaron transferencias de dinero, emitieron cheques, los cobraron, prestaron su actividad profesional contable o notarial, firmaron contratos simulados, retiraron dinero de las empresas, entre otras acciones todas ellas tendientes a legitimar una porción de las ganancias producidas mediante los delitos precedentes, en este caso, con dinero proveniente de las empresas del Grupo Báez".

Foto: Matias Baglietto