La jueza federal Sandra Arroyo Salgado renunció a la querella en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. Lo hizo efectivo a través de un escrito presentado al juez federal Julián Ercolini.

La magistrada, ex esposa de Nisman y representante de la querella de las hijas de ambos, Kala y Lara, explicó los motivos de su decisión, basados en tres ejes que manifestó en el escrito: salvaguardar el núcleo familiar, una serie de amenazas recibidas durante los últimos meses y la tranquilidad de que la investigación sigue su curso.

"Que en uso de la facultad que me confieren los artículos 85 y 420 del Código Procesal Penal de la Nación vengo a desistir, de manera expresa, de continuar ejerciendo el rol de querellante en los autos de referencia", indicó en la carta.

Y continúa: "Hago saber que la presente decisión se impone, a esta altura ya impostergable, ante la necesidad de adoptar medidas tendientes a garantizar la protección y salvaguarda del núcleo familiar primario de quien en vida fuera Natalio Alberto Nisman. Ello atendiendo al impacto emocional causado por el hecho objeto de la investigación cuyas secuelas persisten al día de hoy".



"Así también, frente al apremio de reconstruir en la actual coyuntura el proyecto de vida personal, familiar y profesional resquebrajado. Todo esto de manera tal de sobreponer la vida, salud, seguridad y bienestar de la familia postergados en pos del esclarecimiento de aquella muerte, cuyas singulares circunstancias demandaron un inconmensurable esfuerzo y sacrificio que fue más allá del curso natural de las cosas", prosiguió Arroyo Salgado en el escrito.

Y agregó: "En tal virtud y en cumplimiento de los deberes que me competen en el orden personal y profesional, no puedo continuar soslayando, de un lado, las secuelas que el hecho de marras produjo a nivel familiar e inconstitucional y, de otro, el escenario de amenazas previas y posteriores al hecho y recurrentes al día de la fecha, a cuyo esclarecimiento no se ha podido llegar aún; pero que dado sus términos, el impacto político inconstitucional del caso a nivel local e internacional y los posibles actores en juego, han generado un estado de situación que, como ya dije, me imponen priorizar la paz y espiritualidad del núcleo familiar".

"Finalmente, es dable destacar la labor y el esfuerzo profesional y personal realizados por los miembros de la defensa pública, letrados apoderados y peritos que con distintos matices acompañaron a esta parte desde el 19 de enero del 2015 a la fecha, a quienes agradezco el acompañamiento personal brindado y su actuación profesional", aseguró la fiscal.

Arroyo Salgado concluyó: "El presente desistimiento no implica renunciar a los derechos que la ley acuerda a las víctimas en el proceso penal (Ley 27.372)".