La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner, en la causa de los cuadernos de las coimas. La expresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. Con este fallo, el juez federal Claudio Bonadio pedirá al Senado su desafuero.

En tanto, según la Cámara, los empresarios "no formaban parte de la organización ilegal", por lo que solo fueron procesados por cohecho.

El Tribunal también confirmó el embargo de 1500 millones de pesos para Cristina, quien además de estar acusada de dirigir una asociación ilícita, se la encontró responsable como coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas).​

Para justificar el pedido de su prisión preventiva, Bonadio había indicado que tanto ella como los ex funcionarios procesados en la causa mantienen "vínculos" con "medios afines, empresarios", y que la ex presidenta "podría entorpecer" la investigación.​

Cuando firmó el procesamiento de la expresidenta, el juez determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de "dinero ilegítimas en mano propia" no la exime de "responsabilidades". En ese marco, se dio por comprobada "la existencia de una organización delictiva" planteada por la "recaudación de coimas" que inició con Néstor Kirchner y que "continuó durante la gestión" de la actual senadora. Así lo confirmaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Apoyando el planteo de Bonadio, para los jueces de la Cámara Cristina tuvo siempre "conocimiento del sistema de recaudación" y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la "asociación ilícita".

Así, los camaristas sostuvieron en la resolución a la que accedió Clarín, que existió un "comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal", los distintos funcionarios intervinientes "operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria".

La maniobra se desplegó desde el extinto Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, "para procurar la afluencia de dinero". Se celebraban los contratos distribuidos en rubros de la construcción o concesión de licencia de corredores viales o transporte.
  
"En definitiva, es en Néstor y Cristina Kirchner donde el círculo termina por cerrarse", señalaron Bruglia y Bertuzzi y es este "actuar dinámico y coordinado" donde funcionarios "pusieron sus servicios al mantenimiento del esquema recaudatorio", es el que califica como "asociación ilícita", para los camaristas.

Así, se determinó que la "organización criminal" respondía a una "estructura piramidal con eje" en sus máximas autoridades, que le dio "características extraordinarias: de inusual y poderosa capacidad de acción, medios extraordinarios basados en la estructura jerárquica para lograr sus fines de una impunidad sin precedentes".

La decisión de Bertuzzi y Bruglia alcanzó también a Julio De Vido y Roberto Baratta, procesados en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo.

José López, ex secretario de Obras Públicas y aceptado en la causa como arrepentido, quedó procesado también organizador de la asociación ilícita y autor de cohecho pasivo, también con prisión preventiva.

Por otro lado, se confirmó el procesamiento contra el ex chofer de Baratta, Oscar Centeno, indicado como miembro de la asociación ilícita, con la misma millonaria cifra de embargo. Tiene otorgada la libertad por ser el primer "arrepentido" en el expediente.

Los otros procesados

La larga lista de procesados que convalidó la Cámara incluye a una gran cantidad de empresarios: Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Carlos Mundin, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio y Juan Chediack, entre otros.

En el caso de Wagner y del financista Ernesto Clarens, la Cámara federal modificó la acusación y los procesó como organizadores de la asociación ilícita. Se les atribuyó varios hechos de cohecho activo, al igual que al empresario Gerardo Ferreyra, quien seguirá detenido.

Al resto de los empresarios que estaban acusados de ser miembros de la asociación ilícita y de pagar dádivas, Bruglia y Bertuzzi les modificaron la acusación: sólo les corresponde el delito de cohecho y no el de partícipes de la organización delictiva. 

Para Bruglia y Bertuzzi está claro que los empresarios "efectuaron los pagos a los agentes públicos motivados por la búsqueda de beneficios económicos para sus empresas en sus relaciones con el Estado", sin embargo, "al momento no se proyecta la finalidad" como miembros de la asociación ilícita.

Entre otras decisiones adoptadas por la Sala I, se revocó la falta de mérito que el juez Bonadio había dictado sobre Jorge Neira, Héctor Sánchez Caballero (ex Iecsa), Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta (Techint) y Francisco Valenti. A todos los consideraron partícipes necesarios de la asociación ilícita con varios hechos de cohecho.

Quienes quedaron exentos de la investigación fueron el ex juez Norberto Oyarbide, Javier Fernández y Oscar Parrilli: los camaristas decidieron dictarles la falta de mérito. La Sala I señaló que si bien sus actuaciones "se encaminaba hacia otros propósitos" que "podrían interesar a quienes integraban estamentos del Estado nacional", no hay elementos que "los vinculen con la recaudación de fondos", ni pago de sobornos.

En libertad saldrán por orden de la Cámara Hernán Gómez, Fabián García Ramón, Walter Fagyas, Hernán del Río, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, entre otros.

La maniobra

Según los jueces, se comprobó durante la instrucción que en los años de gobierno kirchnerista se montó un aparato complejo desde el Estado. Al respecto, se indicó que esta maniobra mostró la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, que se valieron de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y que fueron comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández" entre el 2003 y el 2015.

En dicho período, según se determinó, existió un "pacto ilícito en daño de tercero" entre funcionarios y empresarios que hizo "funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad , que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente (...)".

En la argumentación de los procesamientos que ahora fueron confirmados, el juez Bonadio había detallado que, para ganar obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios, los empresarios involucrados "entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios que Néstor y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres a fin de recibir esos "retornos" o "coimas".

Según la resolución judicial, los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones "estaban inflados en perjuicio del conjunto de los argentinos" y la finalidad de todo fue "enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos".

Clarín