La presión en la calle, en la oposición y en la propias filas de la mayoría gubernamental se había vuelto insoportable para el presidente Emmanuel Macron. El Gobierno francés prevé anunciar hoy la suspensión de la subida de las tasas al combustible prevista para el 1 de enero, según adelanta la agencia France Presse. Con esta decisión, Macron da marcha atrás en la medida que desencadenó la revuelta de los llamados chalecos amarillos, que reclaman una mejora del poder adquistivo y expresa el hartazgo de las clases medias empobrecidas de la Francia provincial.

La esperanza de Macron es que la moratoria en el precio de la gasolina y el gasoil apacigüe a los chalecos amarillos, la prenda que es obligatorio llevar en los vehículos franceses y que es el emblema del movimiento. No está claro que lo consiga. El Gobierno confía en que, como mínimo, las concesiones sirvan para rebajar el amplio apoyo al movimiento en la opinión pública. Según los sondeos, en torno al 70% de franceses simpatiza con la protesta.

Desde que estallaron las protestas hace tres semanas, otras reivindicaciones se han sumado a la de la moratoria en el impuesto al combustible, que penaliza a los franceses que usan el coche a diario en las ciudades y regiones francesas con menos transporte público. Entre otras peticiones que formulan los chalecos amarillos, figuran una bajada de otras tasas que gravan a las clases trabajadoras, el aumento del salario mínimo o la reintroducción del impuesto sobre la fortuna. Pero muchos van más allá y directamente exigen la dimisión de Macron.

La oposición parlamentaria ha intentado aprovechar el movimiento de los chalecos amarillos para socavar al presidente. La extrema derecha y la izquierda populista quiere la disolución de la Asamblea Nacional y elecciones legislativas anticipadas. La derecha de tradición moderada pide un referéndum. La protesta, que el sábado degeneró en escenas de violencia descontrolada en París y esta semana ha empezado a extender a otros sectores como los estudiantes de institudo, ha sumido al presidente en su peor crisis desde que llegó al poder en mayo de 2017.

Que Macron suspenda una medida ya aprobada y que lo haga bajo la presión de las manifestaciones y de los disturbios es insólito.
El presidente, que ha puesto en marcha unas reformas que incluyen la flexibilización del mercado laboral, ha hecho gala hasta ahora de no dejarse intimidar por la calle ni retroceder en sus promesas electorales. Quería distinguirse de antecesores suyos como François Hollande o Jacques Chirac, que en ocasiones flaquearon ante la presión de la calle o de la opinión pública. Pensaba que la indecisión de los gobernantes era una de las causas del carácter irreformable de Francia. Se consideraba legitimado por su victoria electoral y por la amplia mayoría legislativa de su partido, La República en Marcha (LREM). Y pensaba que variar el rumbo se interpretaría como un signo de debilidad que haría perder credibilidad a su ambicioso plan para transformar el país.

Desde los primeros bloqueos de los chalecos amarillos en carreteras de todo el hexágono, el 17 de noviembre, Macron y de su primer ministro, Édouard Philippe, se enrocaron en la negativa a suspender o aplazar la subida del impuesto al carburante. En realidad es una medida central en el programa del presidente como lo fue la reforma laboral o la reforma de los ferrocarriles públicos, ambas aprobadas sin mayores contratiempos. Consiste en una subida de 6,5 céntimos por litro en la tasa al diésel y de 2,9 en la tasa a la gasolina. La idea es alinear el precio de ambos combustibles y, en última instancia, disuadir del uso de una fuente energía que emite gases de efecto invernadero. Se enmarca en el plan de lucha contra el cambio climático al que Francia está obligada por acuerdos internacionales que ella misma ha promovido.

La moratoria será de algunos meses, según las fuentes gubernamentales citadas por France Presse. La decisión se adoptó en una reunión el lunes por la noche en el Palacio del Elíseo, sede presidencial. El primer ministro Philippe se ha reunido esta mañana con el grupo parlamentario de la LREM, inquieto ante la revuelta, para anunciarles la decisión. La incógnita es si la moratoria pondrá fin a las protestas o, una vez detectado que el presidente podía ceder, dará alas a nuevas reclamaciones.


El País