Ante las caravanas migratorias que recorren el país rumbo a Estados Unidos, el Gobierno entrante de México admite que no es viable por ahora una política de contención. Para tratar de buscar una salida al fenómeno, la Administración de Andrés Manuel López Obrador, que tomará posesión del cargo el próximo sábado, negocia con Estados Unidos una suerte de plan Marshall para Centroamérica. Fuentes de la Cancillería al tanto de las conversaciones, aseguran que se trata de lograr un cambio de paradigma y el objetivo es profundizar la inversión en el sur del país, con el apoyo de Estados Unidos, que también incrementaría las ayudas a los países del triángulo norte de Centroamérica y flexibilizar los trámites migratorios en México. La meta es que el acuerdo esté cerrado como tarde en mayo, para que pueda dar resultados tangibles en 2020.

Con un Trump cada vez más beligerante respecto a la migración que llega a la frontera norte de México, López Obrador se ha propuesto un cambio de política ante el estallido de un fenómeno que no tiene freno y que, temen, se pueda convertir en un nuevo problema de seguridad interna. La futura Administración trata de llegar a un acuerdo con Estados Unidos por el que México acogerá en su territorio a los migrantes que quieran solicitar asilo mientras dura el proceso. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que aún no hay un procedimiento establecido y que se trata de un plan que no solo afecta a la frontera norte de México. Las mismas fuentes defienden que, en la práctica, es algo que ya está ocurriendo. El Gobierno de López Obrador calcula que actualmente hay unos 9.000 migrantes varados en la frontera, un número que dan por descontado que se incrementará con el paso de los meses.

A cambio, México pretende obtener un doble compromiso por parte del Gobierno de Donald Trump. Según ha podido saber este diario de fuentes de la Secretaría de Exteriores y de uno de los gobiernos centroamericanos implicados, el plan incluye un acuerdo de desarrollo e inversión con Estados Unidos en el sur de México, la zona más olvidada del país. El objetivo, según estas fuentes, es lograr más de 20.000 millones de dólares en el sexenio, principalmente de inversión privada, con la anuencia o la promoción de Estados Unidos. Las fuentes consultadas creen que Trump no ve con malos ojos este plan, aunque son conscientes que deben lidiar también con el ala más dura de su Administración, partidaria de la construcción del muro fronterizo, que considera que el problema migratorio no es asunto de Estados Unidos. Este domingo, Trump ha echado más leña al fuego al insistir en que México debe ser "inteligente" y frenar las caravanas de migrantes.

Además, el plan incluye que Estados Unidos incremente la ayuda a los países del triángulo norte de Centroamérica. Hasta ahora, se destinan 600 millones de dólares al plan Alianza por la Prosperidad, surgido a raíz de la crisis de los niños migrantes de 2014, pero en la práctica se aportan 200. Los otros 400 no terminan de llegar, principalmente por la compleja forma en que opera la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID). Según el plan que ha puesto sobre la mesa México a Estados Unidos, y del que están al tanto los Gobiernos centroamericanos, la ayuda pasaría a 1.500 millones de dólares. Las conversaciones, que se vienen dando desde septiembre y están encabezadas por el futuro canciller, Marcelo Ebrard, deberían fructificar entre diciembre y mayo del próximo año, admiten las fuentes consultadas, para que las inversiones puedan empezar a concretarse entre 2019 y 2020. De lo contrario, todo se iría al traste.

El Gobierno de López Obrador confía en poder absorber a gran parte de los casi 200.000 migrantes que cada año atraviesan México en dirección a Estados Unidos. El modelo tendría dos vertientes. La interna tiene que ver con las denominadas "cortinas de desarrollo" que el nuevo Gobierno pretende levantar desde Chiapas, en el sur del país y una de las zonas más atrasadas, a la capital del país.

Las "cortinas de desarrollo" serán focos de una enorme concentración de la inversión pública en obras públicas. Hasta ahora, López Obrador ha hecho hincapié en tres planes. Uno en Chiapas, que tiene que ver con la reforestación del sur del país, por el que el Gobierno pretende plantar un millón de hectáreas de árboles frutales y para el que se crearían 400.000 puestos de trabajo, según el nuevo mandatario. El segundo foco de concentración es el sureste de México, donde se prevé construir el llamado tren maya. Una vía férrea de 1.500 kilómetros que recorrerá los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y el tercer macroproyecto será otro tren, el transistmico, una línea férrea de que conectará el Pacífico (Oaxaca) con el Atlántico (Veracruz).

El plan contempla también una vertiente externa, que es flexibilizar los trámites migratorios para facilitar a los centroamericanos la obtención de permisos. El plan de visados para los trabajadores extranjeros estará inspirado en el modelo aplicado para los haitianos en Brasil. Según fuentes de la Comisión de Exteriores del Senado, se trata de "visas humanitarias" con un año de duración pero renovables. "Inicialmente estarían agrupados en albergues, pero cuando empiecen a tener un sueldo fijo irán trasladándose progresivamente a viviendas convencionales", apuntan las fuentes.

Los más escépticos con el plan ven en él solo una versión mejorada del Plan Puebla Panamá, la zona de libre comercio desde Panamá a Estados Unidos que intentó abrir el expresidente Vicente Fox (2000-2006), pero fue abandonado por múltiples problemas. Para lograr que Estados Unidos se sume al proyecto y aumente los fondos a este rubro, México cuenta con una carta: hacer de freno a la emigración ilegal o permitir que el país se convierta en un corredor fácil para los migrantes y que el problema se enquiste en la frontera.

En el entorno de Obrador existe la creencia de que el país tiene capacidad para asimilar el éxodo de centroamericanos. Los datos demuestran que México apenas ha dado papeles a los refugiados, en relación con su tamaño. En Líbano, primer país del mundo en número de refugiados, hay 170 por cada 1.000 habitantes; en Jordania, 91, y en Turquía, 44 refugiados por cada 1.000 habitantes. En México, aunque las solicitudes se han disparado en el último año, las cifras todavía son insignificantes y hay 0,0071 refugiados por cada 1.000 habitantes y ocupa el puesto 127 en el mundo, según ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.

No obstante, en el último año aumentó un 1.000% las solicitudes de refugio en México y más del 90% de esas solicitudes provinieron de personas del triángulo norte de Centroamérica —Honduras, El Salvador y Guatemala—, que huyen de ciudades como San Salvador (El Salvador) o San Pedro Sula (Honduras), consideradas entre las más violentas del mundo. ACNUR compara la situación actual con el éxodo de centroamericanos durante las guerras de los años 80.

Desde entonces, una de las obsesiones de Estados Unidos ha sido mantener lejos de su frontera esta crisis humanitaria. Tras la crisis de los niños migrantes en la frontera, Barack Obama firmó un acuerdo para poner en marcha un muro virtual (Plan Frontera Sur) en México que incluye el despliegue de una red policial y militar junto a la frontera con Guatemala. La puesta en marcha del Plan Frontera Sur, en el marco del plan Mérida firmado en 2008, incluye la colaboración de Estados Unidos, tanto con dinero en efectivo, como armamento o escáneres, lo que ha multiplicado el número de detenciones y deportaciones. Sin embargo, este muro de contención ha saltado por los aires desde octubre con la irrupción de la caravana de migrantes que salió de Honduras.

Durante el primer año, la Iniciativa Mérida proporcionó a México 400 millones de dólares en equipo y entrenamiento. Ni la Iniciativa Mérida ni el Plan Frontera sur están en peligro, aseguran las fuentes de Exteriores al tanto del plan con Estados Unidos. "El problema no es controlar, sino abrir nuevas posibilidades", aseguran.

El País