El bono de $5.000 en dos cuotas para los trabajadores del sector privado será de pago obligatorio aunque los empleadores podrán negociar en acuerdo con cada sindicato formas más flexibles de liquidarlo en caso de afrontar una crisis o bien, adecuarlo a las rediscusiones que hubiesen llevado a cabo en la etapa de revisión de sus respectivas paritarias. Las salvedades surgen del texto del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que el Gobierno publicará el lunes y que contiene, como adelantó este diario, la creación de un mecanismo de preaviso de los despidos con intervención del Ministerio de Producción y Trabajo y del sindicato. La difusión de la normativa alcanzó para que la CGT anoche avisara que estaba más lejos de llamar a otro paro nacional. 

Del bono, que deberá abonarse en dos tramos iguales de $2.500 no remunerativos con los salarios de noviembre y enero de 2019, quedarán excluidos los trabajadores estatales, aunque con una negociación paralela en marcha, los rurales y el personal doméstico. Mientras que la instancia previa a la concreción de una cesantía tendrá vigencia hasta el 31 de marzo y será también de carácter obligatorio con una antelación de 10 días para las comunicaciones de la decisión empresaria. 

La ratificación de ambos capítulos del DNU implicó que el Gobierno se inclinara a favor de la postura de la CGT y no de la Unión Industrial (UIA), que al frente de la delegación patronal intentó hasta último momento licuar su impacto. En esa determinación pesó para la administración de Mauricio Macri el interés en evitar una instancia de conflictividad a fin de mes, junto con las deliberaciones en la Argentina del G-20, y al mismo tiempo inyectar dinero en efectivo a la economía real en momentos de depresión económica. 

En el decreto quedará establecido el monto de $5.000 o su proporcional en caso de que se tratara de trabajadores con jornada laboral reducida. También, que los firmantes de cada convenio colectivo "podrán adecuar la implementación" de los pagos "en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva". Ello implicará que sólo a partir de un acuerdo con el gremio un empleador podrá reducir el pago o fraccionarlo en más cuotas. 

El artículo cuarto prevé que los empleadores y sindicatos "que hubiesen pactado colectivamente un incremento sobre los ingresos de los trabajadores en concepto de revisión salarial de la pauta oportunamente acordada en la negociación colectiva del año 2018, podrán compensar aquel aumento con la suma total" del bono "hasta su concurrencia, salvo que acuerden expresamente su no absorción". Se trata del punto más crítico del DNU: los empresarios que ya tuvieron rediscusión de su paritaria alegarán que no quedarán obligados a pagar el plus en tanto que la CGT insistirá con que sólo podrán evitarlo con el aval del gremio correspondiente en una discusión formal. 

El mismo artículo prevé que en el ámbito paritario podrá utilizarse el monto del bono para tomarlo a cuenta de futuros aumentos en la revisión de sus negociaciones, o bien para absorber aumentos unilaterales dados por los empresarios en lo que va del año. En esos casos, la norma establecerá que la suma pasará a ser remunerativa. 

Conciliación

En tanto que el segundo capítulo creará hasta el 31 de marzo un procedimiento según el cual antes de disponer despidos sin justa causa los empleadores deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a diez días hábiles. Ante esa instancia la cartera de gobierno podrá convocar a la empresa y al trabajador, con la asistencia de su gremio, a audiencias conciliatorias. De los alcances de ese capítulo quedaron excluidos los trabajadores de la construcción cuyo convenio colectivo tiene su propio régimen de desvinculación y fondo de desempleo. 

Ayer el Consejo Directivo de la CGT volvió a reunirse luego de haber pasado a un cuarto intermedio el miércoles pasado, a la espera del avance de las negociaciones con el Gobierno, y determinó que con la confirmación del DNU "se aleja la posibilidad de un paro nacional", resumió el cosecretario general Héctor Daer al finalizar. El dirigente minimizó las salvedades contenidas en el texto de la norma por entender que cualquier modificación al monto y a las cuotas "deberá acordarse entre las empresas y los sindicatos en paritarias". 

En una larga deliberación la mayoría del Consejo Directivo se manifestó a favor de desactivar la amenaza de paro. Una excepción fue el judicial Julio Piumato, que alegó durante la reunión que el decreto tenía "sabor a poco", y a quien le salió al cruce José Luis Lingeri, uno de los negociadores principales con el Ejecutivo, para recordarle que sus representados no pagan impuesto a las Ganancias. 

En la central obrera había satisfacción por entender que el ministro Dante Sica había logrado imponer su propuesta de bono y cepo a los despidos a pesar de resistencias en el frente empresario (que además de la UIA integran las cámaras de comercio y construcción) y dentro del propio Gabinete.

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